sábado, noviembre 23, 2024
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Piden a Borrell pronunciarse sobre detención de la activista en Venezuela

MADRID.- El Partido Popular de España, solicitó al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, responder a la detención de la activista Rocío San Miguel y su familia, detenidos por el régimen de Venezuela, acusados de supuestos delitos de «traición, conspiración y terrorismo».

El eurodiputado Leopoldo López Gil- padre del expreso político y líder opositor Leopoldo López- solicitó al jefe de la diplomacia europea «acciones urgentes» ante «la desaparición forzada» de cuatro ciudadanos españoles, señalando que la UE debe conocer su paradero y exigir su puesta en libertad.

«Estamos observando un modus operandi sistemático del régimen venezolano de utilizar rehenes como fichas de negociación para el alivio de sanciones», denunció López Gil.

La OEA se pronuncia sobre el nuevo arresto en Venezuela
La Fiscalía venezolana, en manos de la dictadura, imputó a San Miguel un supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro, por lo que solicita a la Justicia que mantenga a la activista en detención provisional. El equipo legal de San Miguel denunció que otros cinco familiares también fueron detenidos.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que el caso de la activista hispanovenezolana es un «atropello injustificable» y se trata de otro episodio de «criminalización» de los defensores de los Derechos Humanos».

También,la organización Human Rights mostró su preocupación por la detención arbitraria y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos.

A través de la cuenta en la red social X, @UNHumanRights instó al régimen venezolano a liberar a la activista y respetar el debido derecho a la defensa legal.

«Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».

Fuente: Diario Las Américas

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