MADRID.- Una treintena de ONG instaron este lunes a Naciones Unidas a renovar su Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un grupo de observación encargado de abordar la situación de los Derechos Humanos en el país caribeño, e hicieron hincapié en la importancia de que exista una «rendición de cuentas» a medida que aumenta la «represión postelectoral».
Para estas organizaciones, la misión puede jugar un «rol clave» en este asunto y «mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada» tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Está previsto que los expertos de la misión emitan el próximo 19 de septiembre un informe sobre la situación en Venezuela, si bien se requiere una resolución para poder mantener el mandato del grupo después de octubre -tal y como hicieron en el pasado algunos países de Latinoamérica-.
«Tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los Derechos Humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca», indicaron en un comunicado todas estas organizaciones, entre las que se encuentran Acceso a la Justicia, Amnistía Internacional, AlertaVenezuela, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Human Rights Watch, entre otras.
En este sentido, recordaron que esta misión fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de investigar posibles «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014». Así, buscaba «asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y lograr hacer justicia para las víctimas». Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022.
Esta misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas cometieron graves violaciones de Derechos Humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, algo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
En sus informes, la misión identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido a Maduro, como posibles responsables de estas violaciones. La misión también se ha referido al papel del poder judicial venezolano en «la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública».
Represión y violaciones
Las ONG denunciaron que desde el 29 de julio, las autoridades venezolanas han activado su política de represión, violando Derechos Humanos, incluyendo a la vida, las garantías judiciales y la libertad.
Las fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados favorables al régimen, conocidos como «colectivos», reprimieron las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado, dejando al menos 20 muertos. Más de 2.400 personas fueron detenidas, incluidos 120 niños y niñas, y muchas de ellas han sido acusadas de «terrorismo» y otros tipos penales discrecionales, según las ONG.
«El sistema judicial venezolano, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía General, carecen de independencia e imparcialidad. (…) Otras condiciones estructurales que facilitan la comisión de graves abusos y llevaron a la creación de la misión persisten y se han agravado, incluyendo la impunidad y la falta de independencia judicial y de reparación a las víctimas», recoge el texto.
Es por ello que las ONG insistieron en que con la renovación del mandato, los gobiernos «enviarán un mensaje claro a los autores de estos abusos de que la comunidad internacional se compromete a hacerles rendir cuentas por crímenes internacionales y continuas violaciones de los Derechos Humanos.
«Interrumpir el trabajo de la Misión en un momento tan crucial tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, y podría incentivar aún más al régimen venezolano a continuar su brutal represión», dijeron.