CIUDAD DE GUATEMALA.- El juez Séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, Fredy Orellana, pidió este martes a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que abra una investigación contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, por obstaculizar un proceso penal.
Orellana aceptó la petición del Ministerio Público en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, en donde además se ligó a proceso a cuatro trabajadoras del TSE por un supuesto delito de incumplimiento de deberes al haber ratificado la inscripción del Movimiento Semilla, que se encuentra suspendido de forma temporal. Se trata de Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro, informó el diario prensalibre.com.
En la audiencia, la fiscal Leonor Morales, quien estaba acompañada por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, pidió que las procesadas quedaran bajo arresto domiciliario.
Alfaro acudió al audiencia en el edificio de la Torre de Tribunales para apoyar a las cuatro acusadas.
La fiscal Morales cuestionó la visita de Alfaro a los tribunales y pidió al juez Orellana que certificara lo conducente contra la magistrada Alfaro por obstaculización a la acción penal.
«Como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral ya que a ciencia cierta no sabemos cuáles son los límites del apoyo que -Alfaro- vino a externar a las afueras de este juzgado o si este apoyo será ilimitado aún y por encima de la ley y de la justicia, y es por esto que el ente investigador solicita que se certifique lo conducente contra la doctora Blanca Odilia Alfaro por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”, dijo la fiscal Morales.
«Si en este caso una ley no le permite a un funcionario público solidarizarse con subalternos no lo debería hacer porque iría en contra de este principio constitucional», explicó Orellana.
Orellana también ordenó poner bajo arresto domiciliario a Escobar y Posadas, que forman parte del departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrón, así como a De León Carreto y Quezada, que trabajan en la Dirección Administrativa del ente electoral.
Alfaro también tiene pendiente una retirada de inmunidad solicitada por la Fiscalía guatemalteca por obstrucción a la justicia durante un registro en la sede del TSE y por incumplimiento de deberes ante las supuestas irregularidades en el conteo de votos de las últimas elecciones, que dieron la victoria al actual presidente, Bernardo Arévalo.