El comisionado presidencial para derechos humanos designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, afirma que el informe presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet se quedó corto. Pese a ello, considera fundamental que un organismo internacional haya “desnudado” violaciones como el régimen de torturas que impera en la Dgcim y haga alusión por primera vez a lo que ocurre en el Arco Minero.
“¿Que el informe se quedó corto? Sí, pero quiero recordar que no es lo mismo un informe de una ONG a uno de un organismo internacional de DDHH. Es positivo que los representantes de la ONU estén aquí, y debemos decidir si cuidamos eso o lo despreciamos. Ellos han tenido acceso a víctimas y sus familiares y eso es importante, han denotado patrones en torturas, desapariciones forzadas, cómo opera el pranato en el Arco Minero”, expresó el activista en rueda de prensa vía Zoom.
Prado hizo un balance de lo presentado por Bachelet ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas (ONU) este miércoles 15 de julio. Consultado sobre las críticas de otras ONG y de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento sobre la falta de contundencia en las actuaciones de la alta comisionada, dijo respetar las posiciones e invitó a hacer uso de los mecanismos contemplados para hacer llegar a Bachelet las observaciones y recomendaciones.
Extensión de mandato
Entre las sugerencias que hará llegar como comisionado presidencial de DDHH del gobierno interino está el que se refuerce la comisión de verificación de hechos designada por el Consejo de DDHH de la ONU desde el año pasado, para constatar violaciones de DDHH humanos en Venezuela. Pide además que se extienda el mandato del grupo que tiene previsto presentar un informe final en septiembre de este año ante el Consejo.
“Este informe que presenta Bachelet por mandato del Grupo de Lima y La Unión Europea debe ser pasado como contenido grueso a la misión de verificación para que a su vez refuercen el informe de septiembre. Sugerimos extender un año las funciones de la misión por las limitaciones que han tenido como por ejemplo que no los dejan ingresar al país, están trabajando de países vecinos (Colombia)”, apuntó Prado.
Tras la designación de la comisión de verificación de hechos en septiembre de 2019, el régimen de Nicolás Maduro rechazó el uso político de los mecanismos de protección de la ONU “para atacar países y gobiernos”.
No hay voluntad
Prado no es optimista en cuanto a que la administración chavista vaya a cumplir con las recomendaciones reflejadas en los informes de Bachelet dada la actitud de sus representantes ante el Consejo de DDHH de la ONU.
“Esa actitud que rechazamos, de sabotear todo lo que no les gusta, dejó claro que el régimen no tiene la voluntad de cumplir las recomendaciones de los informes y deja en evidencia la constante violación de los derechos humanos en el país. Este gobierno de facto se mantiene gracias a la represión, por eso se niega a acatar las recomendaciones para restituir el estado de derecho”, dijo.
Balance
Al igual que lo hiciera el comisionado de DDHH ante la ONU, también nombrado por Guaidó, Miguel Pizarro, este 15 de julio, Prado destacó el detalle con el que Bachelet describió las torturas en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) contra presos políticos.
“Esta vez no lo están diciendo los familiares sino la alta comisionada en persona, habló del capitán Rafael Acosta Arévalo, de cómo los presos políticos son víctimas de desapariciones forzadas”, subrayó.
Gabriel Ortiz, miembro del equipo de Prado, resaltó que en el informe de Bachelet se reflejan 127 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que obedecen a mandatos políticos del Ejecutivo, así como la violación de la inmunidad parlamentaria a 29 diputados de la Asamblea Nacional.
“Hubo reconocimiento de Bachelet que desde 2002 no hay concursos para ingresar como jueces al sistema judicial y que solo 25% de los jueces son titulares y la mayoría provisorios, es decir de libre nombramiento y remoción, lo que condiciona sus decisiones”, expresó.
Cese de la explotación en el Arco Minero
Una de las carencias observadas por Prado y su equipo en el informe de Bachelet es que no se exige al régimen el cese de la explotación minera ilegal en el Arco Minero del Orinoco que da origen a violaciones de derechos humanos en extensa zona.
Daniel Hernández indicó que la alta comisionada solo pide que se regule el trabajo de quienes laboran en las minas para evitar explotación y advirtió que ello no resuelve el fondo del problema. Recordó que las violaciones de DDHH se entienden y afectan a además a habitantes de los estados Amazonas y Delta Amacuro, además de Bolívar.
“Se reconoce la depredación ambiental en el Arco Minero por primera vez por parte de un organismo internacional de DDHH, pero se le debe exigir al régimen de facto que cese la explotación en esa área. Está clara la actuación de las Fanb, la explotación laboral, infantil y sexual, las exposiciones a riesgos de salud por contaminación de aguas, la violencia, los asesinatos como la masacre de Ikabarú”, agregó.
Fuente: Efecto Cocuyo