La Cámara Federal porteña anuló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, que había aceptado como querellante a Cristina Kirchner en la causa por los ataques al edificio del Congreso. Según los magistrados, no está bien fundamentado si el pedido de ser incorporada a la causa es en nombre de la presidencia del Senado, del Congreso como cuerpo legislativo «o de la vicepresidenta a título personal».
De esta manera, la jueza María Eugenia Capuchetti deberá dictar una nueva resolución sobre la situación y se pedirá mayores especificaciones a la jefa de asuntos jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, que fue la abogada que realizó la presentación.
El 21 de marzo, la magistrada había aceptado a Cristina como querellante en la causa que se inició tras los incidentes afuera del Senado el día que la Cámara de Diputados se disponía a votar el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
En su pedido, Peñafort aclaró que «tanto la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; la senadora Anabel Fernández Sagasti; el senador Oscar Parrilli y el diputado Máximo Kirchner, entre otros colaboradores» se encontraban en el despacho cuando arrojaban piedras.
Para sostener la tesis de Cristina según la cual el ataque había sido dirigido a ella, la presentación sostuvo que «entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización».
Si bien la jueza Capuchetti entendió que estaban dadas las condiciones para que la presidenta del Senado fuera tenida en cuenta como parte querellante, lo camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun entendieron que ese pedido no estaba bien fundamentado.
En la resolución a la que accedió Clarín indicaron que en el escrito de Peñafort no quedaba clarificado si se presentaba en representación del Congreso como cuerpo legislativo o si lo hacía en nombre de Cristina Kirchner en su carácter de presidenta del Senado.
La Sala II de la Cámara federal porteña indicó que en la disposición de la Presidenta del Senado y en el poder especial otorgado para asumir el rol de querellante «se invocó actuar en representación de Senado de la Nación, mientras que en el pedido concreto para asumir esa posición de acusador privado, la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado invocó actuar en representación de la “Presidencia del Senado de la Nación”.
Una de las defensas de los acusados por los destrozos ya había apelado la incorporación de Cristina como querellante, al entender que era cuestionable «la potestad de la poderdante –la Presidenta del Senado del Congreso de la Nación- para asumir el rol en los términos en que lo pidió y obtuvo. Entre otros agravios, dijo: “Respecto de los bienes de uso público afectados, estos serían, indudablemente, propiedad del Congreso de la Nación o más precisamente del Poder Legislativo Nacional, NO del Senado y, menos aún, de la Presidencia de la Cámara”.
Frente a ello, los camaristas sostuvieron que “la decisión (de aceptar a Cristina Kirchner de querellante) no hizo ninguna referencia a los diferentes tipos de representación invocados ni se analizó cuáles serían los requisitos o facultades inherentes a cada caso».
Esa omisión -entendieron Farah e Irurzun-, «priva de validez al fallo» que le había permitido a la vice constituirse en querellante en el caso.
Mientras, la justicia analiza el informe presentado por el Congreso donde se indicó que el costo total de reparación de los destrozos asciende a 6,2 millones de pesos. La documentación contabiliza los daños generados al despacho de la vicepresidenta y de otros senadores, como también salas de reuniones.
El otro informe que debilita la tesis de que Cristina Kirchner fue la única víctima de una ataque planificado previamente, es el que presentó la Policía Federal, donde se afirma que además del despacho de la vicepresidenta, «se exponen daños desde la planta baja hasta el segundo piso del edificio del Congreso, mostrando una mayor amplitud de daños».
Fuente: Clarín