«Poner orden en casa» es el objetivo que se propone el presidente chileno Sebastián Piñera, quien el domingo promulgó una nueva Ley de Migraciones, cuyo trámite en el Congreso demoró ocho años y que aún encuentra detractores, principalmente entre las organizaciones de derechos humanos y las de los propios migrantes.
«El principal objetivo de esta nueva Ley de Migraciones es poner orden en nuestra casa, a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal», dijo Piñera en su discurso de promulgación de la normativa que reemplaza a la que estaba vigente desde 1975, elaborada durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
El nuevo cuerpo legal busca «permitir la migración legal y combatir la inmigración ilegal» porque Chile no quiere «que ingrese al país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes», explicó Piñera desde la norteña ciudad de Iquique, un puerto que concentra parte importante de los más 1,4 millones de migrantes asentados en Chile, en su mayoría peruanos y venezolanos, además de haitianos y colombianos.
La ley exigirá a los extranjeros solicitar visas de ingreso a Chile en los consulados en sus ciudades de origen, donde deben explicitar las motivaciones del viaje y obtener una visa de un catálogo que va desde el turismo, estudios, trabajo, reunificación familiar hasta los negocios, entre otras. Del mismo modo, la normativa faculta al Ministerio del Interior ejercer la expulsión del país a los migrantes ilegales, como ya lo hizo en el verano cuando más de un millar de personas ingresó a Chile por un paso no habilitado en el poblado nortino de Colchane, fronterizo con Bolivia. La mayoría de esas personas fueron detenidas y luego llevadas de regreso a sus países de origen, en su mayoría a Venezuela y Colombia.
«Si uno mira las consecuencias que afectarán las vidas de las personas migrantes en Chile, la principal es que institucionaliza condiciones de acceso precario al mercado de trabajo para trabajadores y trabajadoras migrantes. En este sentido es una ley que favorece a empresarios medianos y grandes que emplean a migrantes», dice el académico de la Universidad Católica ‘Silva Henríquez’, Eduardo Thayer, especialista en migraciones, al analizar las condiciones en que quedan las personas migrantes que regularizan su estado legal y están en el mercado de trabajo.
Y añade Thayer: «Hay rigideces para el acceso a los permisos de residencia y trabajo que van a redundar necesariamente en empleo informal o empleo formal, esto es con contrato, pero en condiciones de extrema precariedad porque las personas no van a poder contar con permiso de residencia y eso los expone a abusos por parte de los empleadores. El sistema de visas consulares para trabajadores que consagra la ley va a tener esta consecuencia, que se deriva de los ingresos clandestinos».
Según Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, «la ley tiene un inconveniente enorme que va a generar una cantidad de dificultades y es que a partir de su promulgación la ley da un plazo de tres meses a las personas que están irregulares en el país para irse, no para regularizarse. En algún momento, el gobierno llegó a decir que esas personas que se van pueden hacer el trámite en algún consulado y luego volver a entrar».
En la actualidad, y de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 31 de diciembre de 2019, residían en Chile 1.492.522 extranjeros, siendo sus principales orígenes, y en orden de importancia: Venezuela, Perú, Haití, Colombia, Bolivia y Argentina.
Fuente: ABC