«Este es un esfuerzo de memoria en tiempos en que en la democracia arrecian los fantasmas del olvido”, afirma el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordera Vega, en relación con el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), anunciado por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
El abogado, doctor en Derecho y académico asumió hace poco más de tres meses su cargo y hoy lidera una tarea monumental. El PNB pretende aunar esfuerzos para conocer el destino de personas detenidas o ejecutadas, que fueron víctimas de desaparición durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
Cordero tiene, además, un vínculo personal, hasta hace poco desconocido, con este tema. «Yo me crié en una familia en que los dos hermanos de mi abuela paterna son detenidos desaparecidos de Paine, una localidad campesina en la Región Metropolitana, donde la dictadura detuvo e hizo desaparecer no a dirigentes políticos, sino a campesinos”, relata en entrevista con DW.
Aclara que el presidente Boric tampoco tenía conocimiento de su historia personal: «Es cómo la vida cruza destinos, nada más. Pero ante todo, mi obligación como ministro de Estado es llevar a cabo mis tareas con indiferencia de mi trayectoria o mi vida personal”.
Desde el retorno a la democracia, Chile ha abordado la justicia transicional en dos grandes estructuras: comisiones de verdad acotadas en el tiempo, asociadas a leyes de reparación, y, por otra parte, acciones penales de familiares y agrupaciones, con las consiguientes investigaciones judiciales y condenas.
«Los casos de verdad y justicia han sido relativamente acotados y esencialmente han descansado sobre las acciones y gestiones de los familiares”, indica Cordero. De las 1.469 víctimas de desaparición forzada, solo han sido identificadas 307. El PNB se plantea como un mecanismo para promover verdad y justicia, así como «un ejercicio de memoria y una garantía de no repetición”, destaca el ministro.
DW: ¿Qué diferencia puede hacer un Plan Nacional de Búsqueda?
Luis Cordero Vega: El Estado ha generado una gran cantidad de información, alguna recopilada a propósito de estas comisiones de verdad; otra dispersa en distintas oficinas públicas del período de la dictadura, y en segundo lugar una innumerable cantidad de investigaciones, algunas en desarrollo y otras terminadas, que contienen testimonios, antecedentes y localizaciones. Chile jamás ha reunido toda esa información en un solo lugar. El primer esfuerzo de PBN es tratar de reunir la totalidad de información, integrarla y, a partir de esos antecedentes, más otros nuevos que se puedan recopilar, establecer parámetros y estándares de operación de los crímenes durante la dictadura.
¿No hay un plazo o meta específica en el tiempo?
Así es. Se trata de una política pública, para que no descanse en los hombros de los familiares, sino que se transforme en una obligación y esfuerzo permanente del Estado, y que el Estdo acompañe hasta que se agote el último esfuerzo por parte de éste. Esto supone generar mecanismos de doble vía. Es decir, desde la vía judicial a la política de PNB y viceversa. El presidente espera comenzar el proceso este año, en el mes de agosto, en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
¿Qué recepción ha tenido el plan? ¿Todavía hay quienes quisieran dar vuelta la página?
De parte de las agrupaciones de víctimas ha habido una buena recepción. Es la primera vez que el Estado lo asume como una obligación pública permanente, probablemente la demanda de ellos durante décadas. Y desde el punto de vista de la oposición actual, la derecha que fue antes gobierno, hoy es plenamente consciente de que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y no hay límites para que el estado siga indagando. Hemos tenido conversaciones respetuosas y comprensivas de que es necesario y útil para la sanidad del sistema democrático chileno.
¿Qué dificultades enfrenta este proceso?
Una de las dificultades es la capacidad de poder analizar una gran cantidad de información que tenemos dispersa. Cuando uno entrevista a familiares y abogados de derechos humanos que han estado por largos años dedicados a este tema, se da cuenta de que ellos han vinculado e integrado una investigación con otra, pero el Estado no lo ha hecho de modo oficial, orgánico ni tecnológico. Enfrentamos un gran desafío de gestión pública: sumar esa información, disponer de recursos para sistematizarla, aplicar tecnología y tener un grupo de trabajo permanente que monitoree el proceso.
¿Le preocupa que genere expectativas poco realistas?
Eso depende. Si PNB es ir a indagar lugares para encontrar hallazgos, lo que por cierto es relevante, yo creo que las expectativas son inciertas. Pero hacerlo no solo es un imperativo político, sino que es un imperativo ético. Sin embargo, pareciera que la principal función es conocer las circunstancias generales en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer. Eso tiene que ver con el ejercicio de verdad plena. Solo avanzar en ese ámbito es un gran indicador de la importancia de PNB. Sus objetivos pueden ser ambiciosos, pero también la ruta es parte del ejercicio, y que se transforme en una obligación permanente del estado es un gran cambio.
¿Existe la posibilidad de que se identifiquen nuevos responsables y que estos sean llevados ante la Justicia?
Sí. La jurisprudencia chilena considera que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. El Estado tiene obligaciones permanentes de reparación íntegra. Por eso la alimentación mutua entre PNB y vía judicial. El Poder Judicial chileno ha cumplido un rol esencial, en los últimos 20 años en particular, en nombrar jueces de dedicación exclusiva para casos de derechos humanos y llevar a cabo estas investigaciones. Como hemos conversado con la Corte, hay gran cantidad de información alojada en expedientes judiciales, que es conveniente tratar de modo integrado.
Pareciera ser tarde empezar un PNB 50 años después del golpe.
Nunca es tarde para la verdad y la justicia. Y nunca es tarde para transformar esto en una política pública permanente, que es también una manera de dar reparación a las víctimas y sus familias. La sociedad chilena ha avanzado en justicia en materia de derechos humanos, probablemente de modo incompleto; su decisión fue avanzar en verdad con sus comisiones de verdad y permitir que los tribunales actuaran. A diferencia de otros lugares del mundo, ha tenido una vía para eso, probablemente muy imperfecta, pero la ha tenido.
Los familiares tienen la esperanza de encontrar a los desaparecidos y saber la verdad, pero el paso del tiempo juega en contra.
El tiempo es importante, porque el Estado y la sociedad chilena deben evitar una impunidad de facto, que se da da cuando se dilata el tiempo para las investigaciones, ese tiempo conspira contra los testimonios, esos testimonios se abandonan precisamente por ese tiempo, y el Estado no realiza las pericias de modo oportuno. Nunca es tarde para evitar esa impunidad. Este año hemos tenido conocimiento de una situación muy compleja. Había aproximadamente 89 cajas con hallazgos en el Servicio Médico Legal (SML), nuestro servicio forense, cuyo origen son indagaciones de jueces de principios del 2000, que estuvieron abandonadas por el estado poco más de 20 años.
¿Cómo fue posible?
Esos hallazgos quedaron depositados en cajas, se trasladaron a la universidad del Estado en custodia, y ahí estuvieron cerca de 18 años. Al volver al SML, en enero de 2019, quedaron sin clasificación, hasta que una de las juezas se dio cuenta. Este caso es muy relevante, porque pasó a vista y paciencia de organismos del estado, de distintas administraciones, de una sociedad que pareciera que a ratos normalizó algunas de estas cosas. Es la manifestación más evidente de la indolencia estatal. Nuestro PNB tiene que ver, entre otras cosas, con que este tipo de situaciones no vuelva a suceder.
Familiares también denuncian indolencia del Estado en Colonia Dignidad, el asentamiento alemán en Chile, donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer más de cien detenidos. ¿De qué manera el PNB puede dar respuesta?
Colonia Dignidad es un caso que tiene una complejidad mayor y supone un compromiso adicional entre el Estado alemán y el Estado chileno. Está la comisión mixta Chile-Alemania para abordar los casos, que también se refieren a la situación en que se encontraban las personas allí, y la manera como podemos llevar a cabo temas de reparación vinculados a ellos. Este ha sido uno de los casos relevantes en la investigación en materia de desaparición forzada. Uno de los jueces que estuvo a cargo, Mario Carroza, es hoy integrante del tribunal supremo chileno y es el coordinador de todos los jueces de dedicación exclusiva en casos de derechos humanos. Sigue siendo un caso emblemático y por cierto forma parte de esta discusión en PNB. La comisión mixta por estos días sesionó en Berlín y probablemente a final de este año deberá mostrar avances más sustanciales.