Ecuador amaneció el 17 de mayo con la noticia de la «muerte cruzada». Esta herramienta constitucional permite al presidente disolver el poder legislativo, sin goce de sueldo. El no pago a los legisladores durante las próximas semanas le ahorra el Fisco (y por ende al ciudadano que lo paga con impuestos) 33 millones de dólares, lo cual ha sido ampliamente celebrado. Pues un legislador gana 10 veces más que un sueldo mínimo.
Por medio del decreto 741, Lasso gobernará los próximos seis meses por medio de decreto y en la primera mitad lo hará sin Poder Legislativo como contrapeso. Esto le faculta el artículo 148 de la Constitución.
Ahora está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar elecciones presidenciales y legislativas en los próximos 7 días. Luego debe haber comicios en los siguientes 90 días. Si es que no hay un binomio ganador, el CNE debe llamar a elecciones nuevamente en los 45 días subsiguientes. De igual manera el CNE debe publicar los resultados en un periodo de 7 días.
El decreto ejecutivo no requiere de aprobación de ningún organismo. Entra en vigencia inmediatamente. No obstante, ya se han presentado acciones legales ante la Corte Constitucional para evitar que entre en efecto.
Cabe destacar que la misma Corte Constitucional falló a favor del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Entre los legisladores y líderes de partidos acusan que es inconstitucional el decreto, dado que requiere una crisis política o conmoción social para ser aplicada la muerte cruzada.
No obstante, la función de la Corte Suprema no le faculta determinar si hay o no crisis política. Su análisis se limita a verificar si el sustento fáctico alegado por el presidente existe y determinar si es conexo con la parte resolutiva.
Es decir, no puede evitar que la muerte cruzada entre en vigencia. Ya es un hecho. La realidad es que Lasso tardó en aplicar esta herramienta y le costó un ministro de Gobierno. Alexandra Vela renunció a su cargo ante la reticencia de Lasso de aplicarla. Pues ella insistía en que era la
única manera de lograr cambios profundos, dado que la Asamblea Nacional representaba un obstáculo para cualquier reforma.
No es un dato menor que la bancada correísta tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Y ha encabezado los intentos de destitución contra el mandatario ecuatoriano. Pero ahora Rafael Correa dice oponerse al uso de la muerte cruzada, herramienta creada en la Constitución hiper presidencialista instituida bajo su mandato. Para muchos, puede ser solo un «show» para polarizar la opinión pública.
El posicionarse como fuerza opositora podría ser útil para los siguientes comicios. Sin embargo, pesa en su contra un voto duro anticorreísta, que en cifras está a la par de su voto fiel.
Ya que Ecuador vive la peor crisis de violencia en su historia, la lucha contra el crimen organizado podría ser el boleto ganador del candidato que encabece ese discurso. Y el correísmo, que tiene hasta pandilleros en su bancada, no transmite ese discurso.
Por ahora el Partido Social Cristiano ha destacado como posible candidato a Jaime Nebot, quien fue destacado alcalde de Guayaquil y un legislador enérgico. Como figura contra la delincuencia carga con el legado de León Febres Cordero, el presidente de su partido que combatió a la guerrilla marxista en la década de los 80s. No obstante, la formación perdió las recientes elecciones en Guayaquil y Guayas, su bastión.
De forma que aún es difícil saber quién será el próximo presidente de Ecuador. Lo que sí es cierto es que tiene buenas posibilidades de ganar quien ofrezca mano dura contra la delincuencia. Algo en lo que Lasso se quedó a medias, y centró recién al final de lo que será su mandato.
Por otra parte, el actual mandatario tiene a su favor es el respaldo de las Fuerzas Armadas. El jefe del Comando Conjunto ratificó su apoyo al presidente, la Constitución y la ley. De manera que Lasso tiene a los militares de su lado. Y estos, junto a la policía, vieron recientemente restituido el derecho a abatir delincuentes flagrantes. Esto es vital ahora que existe la amenaza de una nueva paralización.
Y la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas) ya amenaza con una nueva movilización. Acusan a Lasso de dictador, pese a que fueron ellos mismos quienes no le permitieron gobernar en libertad. Solo en junio del 2022 paralizaron el país por 18 días con la toma de carreteras.
Sigue en efecto la amenaza de su líder, Leonidas Iza, quien es famoso por haber ofrecido en una oportunidad «comunismo indoamericano o barbarie». Por medio de la violencia e intimidación han logrado paralizar a la nación en más de una ocasión. Pero el evidente enriquecimiento de Iza, a la par de la pobreza y desnutrición que sufre la población indígena, le ha quitado respaldo; sobre todo en la región amazónica. Esto también se ve influido por las acusaciones que pesan en su contra de ser funcional a Correa, quien reprimió duramente a los indígenas en sus años en el poder.
De manera que es incierto el panorama político ecuatoriano. Lo único cierto es que tal como advierte el documental y libro «España la primera globalización», las jóvenes naciones de Hispanoamérica no avanzaron en materia política sino que pasaron a ser feudos que necesitan un caudillo. Ahora queda determinar cuál será el siguiente.