Todo estaba listo para detener al exmandatario boliviano Evo Morales por los delitos de trata y tráfico de personas, pero la orden emitida por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quedó en papel y hasta le costó su cargo. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, cercano al dirigente cocalero, se opuso a la medida. ¿Por qué? La institución es también epicentro de la rivalidad política entre quienes apoyan a Morales y aquellos que están del lado del actual jefe de Estado, Luis Arce.
Lanchipa salvó a Evo Morales de ir a prisión preventiva por estos cargos, presuntamente cometidos en 2016, porque se habría relacionado con la víctima, a quien se le identificó como C.V.P., cuando la joven “tenía 15 años” y con quien, además, tendría un hijo. Este caso es paralelo al escándalo por su relación con la joven Noemí Meneses Chávez, de 14 años, que trascendió a los medios de comunicación en 2020.
La defensa de Morales se enteró a tiempo del manejo de los antecedentes de un informe de inteligencia en manos de Gutiérrez y logró interponer una acción de libertad en Santa Cruz, la cual resultó aprobada y dejó sin efecto la resolución de aprehensión, según informaciones recogidas por el sitio El Deber.
Una táctica exprés
La maniobra legal sucedió muy rápido. Gutiérrez reveló que primero recibió un instructivo del fiscal general, donde le solicitaba dejar el caso de Morales y disolver la comisión creada para investigarlo, porque, supuestamente, la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil lo asumiría.
Luego, cuando intentó arribar a la sede del Ministerio Público recibió la resolución que ordenaba su renuncia inmediata y la de dos fiscales más que colaboraban en el caso. Según Gutiérrez, la amenazaron con “procesos penales y disciplinarios”, debido a un desacato a la instrucción de Lanchipa. “Es una persecución y lo denuncio públicamente”, declaró en su momento.
Sin embargo, hay otra lectura que se desprende de esta denuncia que Gutiérrez hoy está visibilizando. Se trata de que este revés de la orden de aprehensión contra Morales refleja cómo la rivalidad política entre él y el presidente boliviano, Luis Arce, se trasladó al sistema judicial y tiene ahora a sus altos funcionarios como protagonistas.
Vínculos con Morales
Lanchipa es cercano a Morales. El abogado alcanzó el cargo de fiscal general del Estado en 2018. El dirigente cocalero lo juramentó en reemplazo de Ramiro Guerrero en el acto de posesión que se efectuó en la sede de la vicepresidencia junto a jefes militares, policiales y autoridades de su gobierno, en ese entonces.
Gutiérrez también tiene en sus antecedentes vínculos con Morales. La exfiscal de Tarija se desempeñó como ministra de Justicia en la gestión presidencial de Evo en 2014, pero sólo se mantuvo un año como la quinta titular de la cartera desde que el cocalero tomó el poder en 2006. El escándalo por la corrupción de 6,8 millones de dólares correspondientes a 49 proyectos del Fondo Indígena la salpicó y dejó fuera del gabinete.
Ahora su nombre copa los titulares. Declara que desconoce cómo se filtró la orden de captura que emitió contra su exjefe, “porque no se ha entregado a nadie”.
¿Es imparcial en sus actos o para conservar el puesto ahora juega a favor de los intereses de Arce? No lo aclara, pero se sabrá pronto, sobre todo porque la situación reflota el caso de la expresidente Jeanine Añez, quien fue condenada a diez años de prisión por “caprichos de Morales”.
Esa es la versión que sostiene el exministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, luego del proceso en contra de Añez por los delitos “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”, tras desplegar a militares a una semana de la renuncia de Morales en una protesta en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la zona de Senkata, en El Alto, bajo el amparo de un decreto supremo que eximía a los efectivos castrenses de responsabilidades penales por sus actuaciones.
En un huracán judicial
La pugna en los tribunales por la aprehensión de Morales será larga, considerando que está en el ojo de la justicia boliviana. Enfrenta un juicio en El Alto, dos en La Paz y otro en Trinidad, además del proceso en Tarija. Los cinco litigios comenzaron tras la marcha que protagonizó del 17 al 23 de septiembre, la cual generó críticas y amenazas de Arce.
Su situación empeora si se agrega que Argentina le retiró el estatus de refugiado político, beneficio otorgado en diciembre de 2019 con la venia del entonces jefe de Estado, Alberto Fernández. Para la nación, ahora bajo el liderazgo de Javier Milei sostiene que el socialista “huyó de Bolivia luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral”.