Instituto Mises,
Existe la percepción popular de que el papel del Estado es mantener y hacer cumplir la «equidad», del mismo modo que un monitor de patio de recreo se asegura de que los niños no se acosen entre sí y de que todos tengan una oportunidad justa de participar en el juego. Se teme que, si los profesores no vigilan el patio de recreo, éste se convierta en el Señor de las Moscas. Del mismo modo, se dice que el Estado tiene el deber moral de garantizar la equidad y la buena voluntad entre todos los ciudadanos en sus interacciones mutuas.
En Freedom in Chains, James Bovard critica la tendencia a considerar al Estado como la fuente de la equidad, describiéndola como «la nacionalización de la equidad». En el contexto de EEUU, remonta los orígenes de la nacionalización de la equidad al New Deal, cuando la administración del presidente Roosevelt trató de establecer precios «justos», salarios «justos» y una competencia «justa», imponiendo normativas que, según Roosevelt, contrarrestarían «las fuerzas del egoísmo». Bovard destaca el ejemplo de las promesas hechas por la Ley de Recuperación Industrial Nacional de «proporcionar la maquinaria necesaria para un gran movimiento cooperativo en toda la industria con el fin de obtener un amplio reempleo, acortar la semana laboral, pagar un salario decente por la semana más corta y evitar la competencia desleal y la desastrosa sobreproducción».
La competencia desleal se penalizó bajo la Administración de Recuperación Nacional, y Bovard cita el ejemplo de un sastre de Nueva Jersey «encarcelado por ‘cobrar treinta y cinco centavos por planchar un traje’, en violación del código de la NRA que ordenaba una tarifa de 40 centavos». La administración decidió arbitrariamente que mientras que un cargo de 40 centavos sería justo, uno de 35 centavos sería injusto y procedió a imponer sanciones penales.
Bovard critica la idea de que el gobierno tiene una especie de capacidad mágica para producir moralidad y equidad en todas las interacciones humanas: «La moralidad moderna se basa en la ‘justicia de botón’: el gobierno anuncia una nueva norma, los encargados de hacerla cumplir se retuercen y, —¡voilá!— triunfa la justicia». Sin embargo, con el tiempo la gente ha llegado a querer y esperar precisamente esto del Estado. Bovard subraya el paso de considerar que la función del Estado es construir carreteras y puentes y prestar servicios de policía y bomberos, a su papel actual, en el que pretende oponerse al egoísmo, la codicia, la discriminación racial y otros vicios morales percibidos.
Bovard destaca la misma determinación arbitraria de la equidad en las políticas de derechos civiles. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo intenta garantizar la equidad erradicando las disparidades o las diferencias de rendimiento y, como sostiene Bovard, «a efectos prácticos, la «equidad» es cualquier cosa que los funcionarios de la EEOC decidan imponer». Aunque las cuotas están oficialmente prohibidas, Bovard señala que «a finales de la década de 1960, la EEOC había subvertido intencionadamente la ley al establecer una definición de discriminación opuesta a la que había especificado el Congreso.» La EEOC investiga la discriminación por referencia a las cifras y proporciones de los distintos grupos y mide su éxito por la mejora de las cifras. Bovard lo denomina «equidad según las cifras».
La «equidad según los números» es también la fuerza motriz de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión. Estas políticas miden la DEI por referencia al número proporcional de personas de diferentes razas, sexos y géneros. Establecen una medida de equidad que sólo se alcanza cuando la proporción de personas en cualquier institución refleja su representación demográfica.
Hay muchos problemas éticos con la equidad según los números, entre ellos que erosiona la libertad contractual, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Además, en las escuelas y universidades se basa en el adoctrinamiento a través de la única ideología en la que la equidad según los números se considera un objetivo digno: las teorías raciales críticas. Por eso Alabama ha promulgado una nueva ley, 2024 Ala. Act 34, que prohíbe los conceptos divisivos promovidos por las teorías raciales críticas, a saber:
Que cualquier raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional sea intrínsecamente superior o inferior.
Que se discrimine o se trate negativamente a las personas por su raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional.
Que el carácter moral de un individuo viene determinado por su raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional.
Que, en virtud de la raza, el color, la religión, el sexo, la etnia o el origen nacional de un individuo, éste es intrínsecamente racista, sexista u opresor, ya sea consciente o inconscientemente.
Que los individuos, en virtud de su raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional, son intrínsecamente responsables de los actos cometidos en el pasado por otros miembros de su misma raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional.
Que se atribuyan culpas, reproches o prejuicios a miembros de una raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional, por motivos de raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional.
Que cualquier persona acepte, reconozca, afirme o asienta un sentimiento de culpa, complicidad o necesidad de disculparse por motivos de raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional.
Que la meritocracia o rasgos como la ética del trabajo duro son racistas o sexistas.
El razonamiento que subyace a esta iniciativa de Alabama, como ha sido declarado por el senador estatal Will Barfoot, es que «la educación debe volver a sus fundamentos esenciales de integridad académica y búsqueda del conocimiento en lugar de ser corrompida por ideologías destructivas». En palabras del representante estatal Ed Oliver, las políticas de DEI sólo «ahondan las divisiones, establecen programas de exclusión racial y adoctrinan a los estudiantes en una ideología política de extrema izquierda.»
La prohibición de la DEI en Alabama es un paso importante en la dirección correcta. En última instancia, ningún Estado tiene un papel legítimo a la hora de adoctrinar a los estudiantes escolares o universitarios sobre cómo deben entender su identidad racial, o cómo deben entender su religión o su sexo. Se trata de cuestiones de libertad individual y conciencia personal, no de edictos estatales.