Juan González, asistente especial del presidente estadounidense Joe Biden y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, dijo el viernes que es preocupante el proceso de selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad que se llevó a cabo en Guatemala.
Varios sectores mostraron su crítica por la forma de integración de la alta corte debido al temor de un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país centroamericano.
González sostuvo una charla telefónica el viernes con varios periodistas de la región junto a Ricardo Zúñiga, Enviado Especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, tras una visita que hicieron a México está semana e incluía a Guatemala, pero por la erupción del volcán de Pacaya, que lanzó ceniza que cubrió la ciudad, su vuelo fue cancelado.
González y Zúñiga hablaron sobre migración, cooperación, compromisos y preocupaciones por la región.
«Es preocupante el proceso de la selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad guatemalteca”, dijo González y agregó que un sistema judicial que es objetivo y que le responde a toda la población está en el interés de los guatemaltecos y “también en el interés de los Estados Unidos”.
Además, explicó que tras la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) hubo necesidad de contar en la región con una fuerza de tarea contra la corrupción.
“Se vio la necesidad de tener un esfuerzo para mover rápido en contra de la corrupción usando las herramientas de los Estados Unidos, incluyendo la habilidad de suspender visas, de sancionar individuos y de congelar bienes usados en corrupción, en violación de derechos humanos y en el lavado de activos con fines de apoyar el narcotráfico, pero es solo parte de la función como dicen, es parte de un proceso”, comentó.
A principio de marzo en Guatemala se integró la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad en justicia que decide la suerte legal y constitucional de casi todos los temas políticos, judiciales, electorales y penales del país.
La CC está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. La elección ocurre en varias instituciones: dos por el Congreso, dos por el Colegio de Abogados, dos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y dos designados directamente por el presidente y un par más por la Corte Suprema.
El Congreso reeligió a Dina Ochoa como titular y eligió al diputado Luis Rosales Marroquín como suplente. Ochoa es magistrada designada por el expresidente Jimmy Morales, ha tenido decisiones polémicas como proteger a un juez prófugo acusado de corrupción o apoyar la expulsión del país de la CICIG, el organismo respaldado por la ONU que fue considerado un ejemplo del combate a diversos crímenes relacionados con el poder.
Luis Rosales Marroquín fue abogado defensor del exdictador acusado de genocidio Efraín Ríos Montt y de su hija, Zury Ríos, quien ha intentado competir a la presidencia.
El Colegio de Abogados eligió a Nester Vázquez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como su representante, esto a pesar de aparecer en una investigación de la fiscalía por la manipulación de elección de otras cortes.
“Uno de los retos que tiene Guatemala y tiene implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos, es la resistencia a confrontar temas de violaciones a los derechos humanos, pero también de falta de acceso o el uso de las cortes para proteger a ciertos individuos que están involucrados en corrupción, en narcotráfico o en otras actividades ilícitas, eso manda una mala señal”, dijo González.
Esta semana el Congreso también formó una comisión para investigar a los magistrados constitucionales Gloria Porras y Francisco de Mata, que han mantenido fallos a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad, para decidir si les retiran la inmunidad. La Fundación Clooney del actor de Hollywood George Clooney y su esposa Amal Clooney, pidieron cesar los procesos y amenazas contra magistrados.
Fuente: Diario las Américas
González y Zúñiga hablaron sobre migración, cooperación, compromisos y preocupaciones por la región.
«Es preocupante el proceso de la selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad guatemalteca”, dijo González y agregó que un sistema judicial que es objetivo y que le responde a toda la población está en el interés de los guatemaltecos y “también en el interés de los Estados Unidos”.
Además, explicó que tras la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) hubo necesidad de contar en la región con una fuerza de tarea contra la corrupción.
“Se vio la necesidad de tener un esfuerzo para mover rápido en contra de la corrupción usando las herramientas de los Estados Unidos, incluyendo la habilidad de suspender visas, de sancionar individuos y de congelar bienes usados en corrupción, en violación de derechos humanos y en el lavado de activos con fines de apoyar el narcotráfico, pero es solo parte de la función como dicen, es parte de un proceso”, comentó.
A principio de marzo en Guatemala se integró la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad en justicia que decide la suerte legal y constitucional de casi todos los temas políticos, judiciales, electorales y penales del país.
La CC está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. La elección ocurre en varias instituciones: dos por el Congreso, dos por el Colegio de Abogados, dos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y dos designados directamente por el presidente y un par más por la Corte Suprema.
El Congreso reeligió a Dina Ochoa como titular y eligió al diputado Luis Rosales Marroquín como suplente. Ochoa es magistrada designada por el expresidente Jimmy Morales, ha tenido decisiones polémicas como proteger a un juez prófugo acusado de corrupción o apoyar la expulsión del país de la CICIG, el organismo respaldado por la ONU que fue considerado un ejemplo del combate a diversos crímenes relacionados con el poder.
Luis Rosales Marroquín fue abogado defensor del exdictador acusado de genocidio Efraín Ríos Montt y de su hija, Zury Ríos, quien ha intentado competir a la presidencia.
El Colegio de Abogados eligió a Nester Vázquez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como su representante, esto a pesar de aparecer en una investigación de la fiscalía por la manipulación de elección de otras cortes.
“Uno de los retos que tiene Guatemala y tiene implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos, es la resistencia a confrontar temas de violaciones a los derechos humanos, pero también de falta de acceso o el uso de las cortes para proteger a ciertos individuos que están involucrados en corrupción, en narcotráfico o en otras actividades ilícitas, eso manda una mala señal”, dijo González.
Esta semana el Congreso también formó una comisión para investigar a los magistrados constitucionales Gloria Porras y Francisco de Mata, que han mantenido fallos a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad, para decidir si les retiran la inmunidad. La Fundación Clooney del actor de Hollywood George Clooney y su esposa Amal Clooney, pidieron cesar los procesos y amenazas contra magistrados.
Fuente: Diario las Américas