CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre y confiscación de dos universidades privadas en Nicaragua, ambas de orientación religiosa, causó preocupación y tristeza en la comunidad académica nicaragüense. El catedrático Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM), afirmó que esto forma parte del plan del régimen de Daniel Ortega para extender su control político sobre las universidades.
Medina señala que la medida revela «un componente ideológico y de venganza política», dado que las universidades fueron el foco principal de la revuelta social de 2018, encabezada inicialmente por estudiantes. La represión de esas protestas dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y unos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
Con la desaparición de estos dos centros de estudio, ya son 19 las universidades clausuradas en Nicaragua desde diciembre de 2021, de las cuales siete eran extranjeras. Además, se anunció el cierre de otras 26 organizaciones no gubernamentales, lo que suma más de 3.300 asociaciones sin fines de lucro ilegalizadas por el régimen, en su mayoría durante el último año.
En todos los casos, el régimen aduce que «incumplieron» los requisitos de ley establecidos para operar. La personería jurídica de ambas universidades fue cancelada por el Ministerio de Gobernación, que además les ordenó realizar una «entrega ordenada» de todos sus bienes muebles e inmuebles para ser inscritos ahora a nombre del Estado.
La dirección de la Universidad Juan Pablo II expresó su «sorpresa y profunda tristeza» por la medida y anunció que aguarda las instrucciones para «iniciar la transición a las autoridades gubernamentales». En tanto, el futuro de los alumnos despojados de sus universidades es incierto, ya que los centros públicos «no tienen capacidad para recibir más estudiantes», según Medina.
Esta medida oficial se produjo días después de que el régimen ilegalizara a 19 cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Ortega acusó a los empresarios y a la Iglesia católica de participar en un «fallido golpe de Estado», como califica a las protestas de 2018, mientras mantiene en prisión al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel el mes pasado.