BOGOTÁ.- Dos de los magistrados que investigan en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, radicaron ante el organismo una ponencia para debatir si presentan cargos contra el jefe de Estado.
Los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz presentaron un extenso documento que recoge varios meses de investigación tras la que, a su consideración, concluyen que existen argumentos suficientes para determinar que la coalición oficialista Pacto Histórico violó los topes salariales de campaña permitidos por la ley.
El CNE encontró inconsistencias en la información de los aviones en que fueron transportados Petro y su círculo cercano a varias ciudades del país a lo largo de 2022. Asimismo, se busca indagar sobre el pago a más de 60.000 personas que sirvieron de testigos electorales del Pacto Histórico.
Los magistrados del CNE deberán votar sobre si deciden formular cargos en contra del presidente Petro. En caso afirmativo, se dará comienzo a una investigación formal sobre el posible delito de financiación ilegal de la campaña electoral.
Declaraciones de Gustavo Petro
Poco después de conocerse esta decisión, el presidente Petro denunció que «ha comenzado el golpe blando», unas acusaciones que viene repitiendo en los últimos meses para denunciar las decisiones de órganos ajenos al Ejecutivo, según él, para «lastrar su gobierno».
«Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde con la fuerza del pueblo», manifestó Petro en su perfil oficial de la red social X, ante los resultados de la investigación del ente electoral.
El mandatario convocó «a una reunión de inmediato» a todas las fuerzas de Pacto Histórico, la coalición con la que se presentó a las elecciones presidenciales de Colombia en mayo de 2022 de la mano de Francia Márquez, su ahora vicepresidenta.
«Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a una reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a preparase contra el intento de irrespetar el voto popular. La Democracia entra en emergencia», añadió el presidente colombiano, en un intento de frenar la formulación de cargos y evitar la rendición de cuentas.
Petro hizo un llamado a «los colombianos progresistas en el exterior» a que pongan en marcha «campañas en el mundo» para defender a su gobierno y denunciar «el golpe de Estado en Colombia», empleando la misma retórica de los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El medio colombiano Semana indicó que tuvo acceso al documento de los magistrados, el cual contiene más de 100 páginas con declaraciones, registros contables, cuentas y certificados que avalan la investigación.
Semana citó a una «fuente de alta fidelidad» según la cual el grueso de las pruebas contra Petro consiste en los fondos que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) aportó a su campaña y los 35.000 testigos electorales a quienes se les pagó el día de las elecciones.
Esos ingresos y pagos no fueron reportados y violaron los topes establecidos por la ley.