CIUDAD DE GUATEMALA.- El izquierdista presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, inicia 2024 con dos temas en su agenda: preparase para asumir el cargo el 14 de enero y anticiparse con medidas legales a los intentos para impedírselo.
Arévalo, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, lidia con procesos judiciales, liderados por la fiscalía, contra él, su partido y contra el mismo proceso electoral por supuestas irregularidades para llegar al poder. Organismos internacionales y países como EEUU rechazan las investigaciones de las autoridades guatemaltecas alegando que busca «desestabilizar la democracia».
Arévalo reconoció que los días previos a la toma de posesión seguirá presentando acciones legales contra lo que, según él, es una «persecución política corrupta que hacen desde el Ministerio Público”.
La prueba definitiva del traspaso de poderes será en menos de dos semanas, con el antecedente de que el presidente saliente, Alejandro Giammattei, prometió soltar el cargo. Pero antes, el 10 de enero, debe presentarse ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha presionado para que se respete la democracia, para contar su versión de la crisis que vive el país.
Si todo concluye como está previsto en la ley, es decir, con la asunción del nuevo presidente, el 14 de enero culminará un año de zozobra electoral en Guatemala caracterizado por la convulsión política y la incertidumbre.
Aunque, en paralelo, la fiscalía no cesó en sus requerimientos contra los actores electorales ni su investigación por un presunto fraude electoral y fraude en la compra del sistema informático que dio un conteo rápido de votos.
Ante la petición del Ministerio Público, el pleno del Congreso retiró la inmunidad el último día de noviembre a los magistrados electorales y estos abandonaron el país.