LA HABANA.- En un nuevo informe, la organización Prisoners Defenders dio a conocer que el número de presos políticos en Cuba sigue en aumento, con un total de 1.119 personas detenidas por motivos de opinión hasta julio de 2024. Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, casi dos mil cubanos han sido encarcelados, lo que subraya la persistente represión en la isla.
El informe mensual de la organización, con sede en Madrid, destaca que 119 mujeres continúan recluidas por razones políticas, mientras que 30 menores, entre ellos 29 varones y una niña, permanecen en centros de detención que, según el régimen, son “Escuelas de Formación Integral”, pero que en realidad operan bajo la administración del Ministerio del Interior.
Un aspecto preocupante señalado por Prisoners Defenders es la falta de atención médica adecuada para 324 presos políticos que padecen graves patologías. La organización, según reseña Martí Noticias, enfatiza la gravedad de esta situación, calificándola como un abandono sistemático de los derechos humanos más básicos.
Entre los casos más emblemáticos mencionados en el informe se encuentra el de Carlos Michael Morales, un activista que, tras cumplir su condena relacionada con las protestas del 11J, ha sido nuevamente sentenciado a ocho meses de prisión domiciliaria en un proceso que la ONG describe como “arbitrario y fabricado”.
El presidente del Tribunal Municipal de Caibarién, Sandro Rodríguez, amenazó con enviarlo a prisión si no acepta trabajar en un centro estatal, lo que Prisoners Defenders denuncia como una forma moderna de trabajo forzoso. El documento también señala los casos de Mario Alberto Hernández Leyva y Yasser Rivero Boni, activistas del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), quienes han sufrido agresiones por parte de las autoridades penitenciarias, una situación que agrava su ya difícil condición.
En el marco del tercer aniversario de las protestas del 11J, Prisoners Defenders subraya que la represión en Cuba no solo afecta a los opositores políticos, sino también a miles de civiles, en su mayoría jóvenes y afrocubanos, quienes cumplen penas de hasta diez años sin haber cometido delito alguno.
A pesar de la reciente derogación del índice de estado peligroso con la implementación del nuevo Código Penal, la capacidad para imponer condenas precriminales permanece intacta, permitiendo a las autoridades del Ministerio del Interior actuar contra aquellos considerados «propensos a delinquir» o «alterar el orden social y constitucional».