En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ya ha suspendido a 40 oenegés desde 2018. Tras décadas de trabajo por los derechos humanos, el medio ambiente y contra la pobreza, esas organizaciones se ven obligadas a abandonar su labor en el país.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que entró en vigor en octubre de 2020, prohíbe a las organizaciones no gubernamentales activas en el país recibir donaciones y financiamiento internacional. De ese modo, no solo las organizaciones humanitarias internacionales, sino también las organizaciones locales a las que apoyan, se quedan sin recursos y ya no pueden llevar a cabo su tarea humanitaria.
La oleada de cancelaciones de oenegés comenzó en 2018, en medio de la represión a las protestas sociales, cuando el Parlamento anuló el estatus legal de nueve de ellas, incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), bajo acusación de promover actividades «terroristas y golpistas”. El lunes (16.08.2021) el gobierno de Nicaragua anuló el registro de otras seis oenegés, tres europeas, entre ellas Oxfam Intermon (España) y Oxfam Ibis (Dinamarca) y tres de Estados Unidos, como a National Democratic Institute for International Affairs (NDI).
La «continuidad de un régimen represor”
En julio de 2021 la cámara canceló la personería jurídica de 24 organizaciones, 15 de ellas asociaciones médicas. El gobierno de Nicaragua hizo oídos sordos al rechazo de la medida manifestado en ese momento por los profesionales, quienes alertaban sobre el peligroso vacío que dejarían esas organizaciones en el área de la salud. Según informes, el gobierno no quería que los científicos monitorearan el desarrollo de la pandemia de COVID-19, ni informaran sobre esta o criticaran su manejo.
«Esto es producto de la continuidad de un régimen represor, violador de derechos humanos que no quiere la existencia dentro del país de voces críticas”, dice a DW la abogada nicaragüense Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Defensa de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, desde el exilio en Costa Rica.
El gobierno de Ortega no solo silencia a los medios y a los periodistas, así como a organizaciones locales que ya desde antes de 2018 han trabajado durante décadas por la defensa de los derechos humanos, sino también a organismos internacionales que han apoyado y apostado por la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país, explica.
En 2020 la oposición hizo un intento de interponer recursos legales contra dicha ley, pero fue infructuoso, y Ortega continuó con las prohibiciones.
«Llevamos 40 años trabajando en Nicaragua, y siempre hemos respetado la legislación nacional”, dice Simon Ticehurst, director regional para América Latina y el Caribe de Oxfam International, desde su sede en México, en entrevista con DW. «Estamos procesando la decisión. Hay cierta confusión en cuanto a los requisitos del gobierno, que no se aplican a las oenegés internacionales, y estamos intentando aclarar esto también por la vía legal”. Ticehurst destaca que se están ocupando de garantizar la seguridad del personal de la ONG, y de sus compromisos con las organizaciones asociadas, así como con la comunidad de donantes.
El gobierno nicaragüense conmina a las organizaciones a entregar sus libros y liquidar sus bienes en un lapso de 72 horas. «No les da la oportunidad de que esas decisiones puedan ser revertidas por una autoridad judicial competente, por medio de un recurso de amparo”, indica la jurista Wendy Flores, que formó parte del CENIDH.
La sociedad civil queda sin respaldo
Dos de las oenegés canceladas el lunes 16 de agosto se ocupaban de fortalecer la participación ciudadana en procesos políticos y electorales y del desarrollo de capacidades para la gestión política. Otras se enfocaban en derechos de género, en el empoderamiento de grupos vulnerables -los niños, los adolescentes y las mujeres -, y en la lucha contra desigualdad económica y social.
¿En qué medida afecta esto directamente a los nicaragüenses? «Ese patrón se mantiene desde 2018. Al desaparecer las organizaciones, las mujeres son más vulnerables porque el Estado ha desarticulado, entre otras, las comisarías para la mujer, es decir que las mujeres víctimas de violencia quedan sin acompañamiento y sin atención psicológica. Lo mismo sucede con organizaciones que defienden los derechos laborales, los trabajadores no tienen a quién acudir”, especifica Flores.
«Toda democracia necesita de una sociedad civil vibrante, activa, y lamentamos estas decisiones porque restringen el espacio cívico”. Subraya, por su parte, Simon Ticehurst. La situación económica en Nicaragua ya es de por sí complicada, agrega, también en términos humanitarios.
«La cooperación juega un papel importante de apoyo a la población nicaragüense. Varios de nuestros proyectos son humanitarios, ya sea respondiendo a la sequía, como en la preparación para la temporada de huracanes, muy común en esta época”, aclara. «Este es un momento difícil para el pueblo nicaragüense”. Economistas habían pronosticado ya en 2020 que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros iba a ahuyentar la inversión extranjera y la cooperación internacional, aumentando así aún más la pobreza.
Las recientes cancelaciones de oenegés se producen justamente cuando Estados Unidos y la Unión Europea tratan de aumentar la presión sobre el gobierno imponiendo sanciones a su círculo cercano para que libere a 33 opositores que fueron detenidos. Y sucede a pocos meses de las elecciones de noviembre de 2021, para las cuales Ortega prácticamente ha inhabilitado a la oposición, con el encarcelamiento de ocho candidatos hasta la fecha.
«Debemos recordar que en Nicaragua hay más de 140 presos políticos”, dice Wendy Flores. «Tienen derecho a la libertad, y no pueden quedar solos y solas en las manos de Ortega y Murillo. Tenemos que seguir haciendo esta labor de denuncia, en las condiciones en las que se pueda, dentro del país y fuera del mismo”.
Con la cancelación de las oenegés, «Daniel Ortega quiere enviar un mensaje de que ellos son los que mandan, y perpetuarse en el poder. Para estas elecciones de noviembre quieren crear un clima de desesperanza, dejar instalado el miedo a través de la persecución política y penal en Nicaragua”, sostiene la abogada de Nicaragua Nunca Más. Una represión que se dirige, a través del Ministerio Público, «un instrumento de la represión”, contra activistas, defensores y periodistas. «En Nicaragua, quien alce su voz está en absoluto riesgo”, subraya. «La gente está aterrorizada, hay una hipervigilancia. Se ha profundizado el sentimiento de inseguridad y de falta de libertad, y se está rompiendo cada vez más el tejido social.”
«Tenemos que acatar la resolución del gobierno. Exploraremos cómo seguir colaborando con el pueblo de Nicaragua, si no desde el país, desde fuera de él, y cómo poder continuar trabajando en Nicaragua en el futuro, cuando la situación lo permita. Todas estas medidas ponen en duda el proceso electoral en términos de poder ofrecer una salida y una solución a la crisis”, concluye el director regional para América Latina y el Caribe de Oxfam International.
Fuente: DW