Venezuela está a menos de dos meses de un nuevo proceso electoral para elegir gobernadores y alcaldes, y ya el régimen de Nicolás Maduro arranca la campaña con una promesa reciclada y engañosa: terminar las obras inconclusas que dejó la constructora brasileña Odebrecht hace una década. Pero no solo la crisis económica y el discurso desgastado juegan en contra. Maduro aprobó unos montos irrisorios, si se comparan con el porcentaje de avance de estas obras y las inversiones hechas inicialmente.
Nicolás Maduro vociferó este martes que dispone de 15.932.000 euros “en efectivo” – equivalentes a 17.500.000 dólares– para reactivar el proyecto del Metro Guarenas – Guatire –en la periferia de Caracas– que debió estar listo en 2013, y una cantidad similar para la línea 5 del Metro de Caracas. Todo en un momento en el que tanto la producción petrolera como los precios del crudo se encuentran muy por debajo de lo que estaban para la fecha en que se iniciaron estas obras, cuando además no había una pandemia ni la aguda crisis que hoy atraviesa el país.
Los números no mienten. Ese monto, del cual presume Maduro, representa una inversión insignificante frente a los 5400 millones de dólares que se aprobaron inicialmente para ocho de las once obras que quedaron inconclusas tras el tsunami de corrupción de Odebrecht. La cifra corresponde a la auditoría pública que ha hecho Transparencia Venezuela a esta larga lista de elefantes blancos. Sobre las tres obras restantes no hay información precisa.
El monto anunciado para el Metro Guarenas – Guatire y la línea 5 del Metro de Caracas sumaría apenas 35 millones de dólares, lo cual equivale a tan solo 0,6 % del total aprobado inicialmente para las obras inconclusas de Odebrecht. Pero basta con comparar los dos proyectos mencionados por Maduro para confirmar que detrás de esta promesa reciclada no hay más que una oferta electoral engañosa. Ya en 2017 y 2018 había prometido exactamente lo mismo.
Los recursos aprobados en 2017 para el Metro Guarenas – Guatire alcanzaron la suma de 1.390.250.149 dólares. Con esta inversión la obra consiguió apenas un avance de 26,70 %. Ahora, con la pírrica cantidad de 15 millones de euros (17.500.000 dólares), equivalentes a 1,25 % de lo invertido inicialmente, el régimen no podrá completar el 73,3 % que falta de la obra. En caso de ejecutarse estos trabajos, el avance sería directamente proporcional al porcentaje de la inversión.
Una situación similar se observa con la línea 5 del Metro de Caracas. En este caso la suma aprobada entre 2009 y 2017 ascendió a 1.030.911.801 dólares, alcanzando un avance de 62,27 %. Es decir, el 37,73 % restante no se podrá cubrir con otros 17.500.000 dólares que representan tan solo 1,7 % de lo aprobado en el pasado para poco más de la mitad de la obra.
El anuncio es un espejismo. Y no podía ser de otra manera si se toman en cuenta las diferencias presupuestarias de la nación. «Pasamos de tener más de 50.000 millones de dólares en 2013 a disponer apenas de 743 millones en el año 2020, quiere decir, de cada 100 dólares que el país obtenía en 2014 hoy obtiene un poco más de un dólar», dijo Nicolás Maduro en enero durante la presentación del presupuesto para 2012 frente a la Asamblea Nacional electa en las elecciones del pasado 6 de diciembre que no son reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.
Prioridades sin urgencia
Ahora, esta pretensión de Nicolás Maduro de culminar las obras que dejó la compañía que contribuyó con 35.000.000 de dólares para su campaña presidencial en 2013 a través de la Unidad Especial de Relaciones Internacionales –nombre de la oficina de sobornos de Odebrecht– no es nueva y plantea una gran interrogante: ¿De dónde obtiene u obtendrá los recursos?
Ya en 2018, durante la campaña para las elecciones presidenciales en las que no participó la oposición, Maduro ordenó a su entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, retomar los trabajos con mano de obra nacional. La realidad es que no hubo ningún avance, a pesar de que no había la emergencia sanitaria que existe ahora por la pandemia del COVID-19.
Además, si efectivamente el régimen dispone de los recursos de los que presume para la culminación de dos sistemas ferroviarios, expone una enorme contradicción con su supuesta agenda social al establecer otras prioridades cuando tiene una deuda con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para poder acceder a 11.300.000 vacunas a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX, por su siglas en inglés), lo que ha provocado que Venezuela sea uno de los países más rezagados en el plan de inmunización de la población, mientras los contagios siguen en aumento.
El régimen aseguró en junio que los 10 millones de dólares destinados a completar este pago habían sido «bloqueados» por el banco receptor para una «investigación». Al respecto, un portavoz de la OPS replicó que no tenía confirmación de que Venezuela hubiera cancelado toda su deuda.
Investigación estancada
Nicolás Maduro desempolva las obras inconclusas de Odebrecht con fines proselitistas, pero la investigación por la trama de sobornos de la constructora brasileña –que en Venezuela se ubicaría en 98 millones de dólares– se mantiene en grado 33. Desde finales de 2017 el expediente en la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo perdió su carácter público.
La decisión de la corte estaría violando el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil que avala el carácter público de los expedientes. No vale el argumento de que se trata de un caso «delicado». Así lo explica una investigación del portal Clímax en la que se agrega que la última vez que estuvo disponible se pudo constatar que acababan de anexarle dos oficios, uno de ellos referido a una medida cautelar sobre todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles de la constructora.
El caso en Venezuela sigue estancado. Los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez –nacional y auxiliar, respectivamente– quienes estaban a cargo de la investigación, resultaron involucrados en una red de extorsión y se ordenó su captura con el aval del fiscal general del régimen, Tarek William Saab. Lupera está en el exilio y Sánchez tras las rejas. Mientras, la inflación y la devaluación ubican en 30.000 millones de dólares el monto de los pagos a la corporación brasileña sobre los que reinan las inconsistencias.
Fuente: PanamPost