El soporte legal para que Petróleos de Venezuela se vea envuelta en el escándalo PDVSA-Crypto, que involucra 23.000 millones de dólares, monto señalado por voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue la llamada Ley Antibloqueo aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente y cuyas consecuencias de corrupción fueron alertadas.
Una de esas personas fue el jurista y académico venezolano Omar Estacio, quien declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS que “durante las discusiones del respectivo proyecto de Ley, por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría oficialista en forma pública, advertimos que se estaba abriendo con tal normativa, una peligrosísima compuerta a la corrupción”.
La Ley Antibloqueo de 2020 (Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos) permitió que Petróleos de Venezuela vendiera el crudo para recibir el pago en Cryptomoneda a nombre de personas jurídicas diferentes a la estatal petrolera, lo cual dio origen a que se cometieran estas irregularidades, explicó el abogado.
Al ser consultado sobre si este texto jurídico se hizo para ejecutar un entramado de corrupción, respondió que sería aventurado de su parte decir que se le dio el ejecútese con la finalidad específica de cometer estos actos irregulares, “pero sí se abrió una compuerta”.
“Nos centramos en señalar los peligros de relajar, los ya débiles mecanismos de control de PDVSA, aparte del hecho evidente que los pagos por las exportaciones petroleras los iban a recibir personas o corporaciones fachadas, que fácilmente, se podían apropiar de esos recursos”, agregó Estacio, presidente emérito de la Barra de Abogados de Venezuela.
Explicó el experto que con esta ley “se neutralizan y se esterilizan todos los controles financieros de Petróleos de Venezuela. Es absurdo que en este tipo de negociaciones, la estatal petrolera sea la empresa vendedora y quien reciba el precio de las ventas sea una empresa absolutamente extraña», enfatizó.
“Una cosa es que no haya rastros contables cuando se acude al pago que se le hacía a PDVSA a través de criptomonedas, y otra es que, después de un período fiscal prolongado, la empresa no tenga dinero” ha explicado Estacio en reiteradas oportunidades.
Cryptoactivos
El artículo (32) de la Ley Antibloqueo que abrió el boquete a la corrupción señala que “a los fines de proteger las transacciones que involucren activos financieros de la República y sus entidades, el Ejecutivo Nacional podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero… incluyendo el uso de Cryptoactivos e instrumentos basados en la tecnología de cadena de bloques».
Estacio considera que “en el menos grave de los escenarios para el señor Maduro, existe en su persona un grave caso de responsabilidad política por haber promovido una ley que dio lugar a este caso de megacorrupción. Pero lamentablemente, en Venezuela no está vigente el principio de responsabilidad de los funcionarios del Estado”.
Recordó que esa Ley se hizo en respuesta a las sanciones decretadas contra Venezuela por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, Estados Unidos, ese fue el pretexto para la implementación de esa normativa.
En cuanto a este punto reiteró que “nosotros siempre hemos sido detractores de tal especie de sanciones. No tumban ningún gobierno y en definitiva, quien las sufre es el Pueblo”, puntualizó
Secretismo
En las denuncias hasta ahora hechas el diputado oficialista del PSUV Hermann Escarrá, refirió que el monto involucrado en el desfalco son 23.000 millones de dólares. Reportes financieros de agencias de noticias indicaron que Petróleos de Venezuela vendió el equivalente de 27.000 millones de dólares y solo entraron a las arcas de la estatal 4.000 millones.
Sobre este punto Estacio refirió que el “secretismo ha prevalecido, como en muchas otras acciones del desgobierno del señor Maduro. Se impuso el secretismo, en los embarques de petróleo, pero se ha impuesto el secretismo -secretismo muy selectivo- en las investigaciones y pretendidas sanciones. A algunos responsables se los ha expuesto a la opinión pública”.
Pero “en el envés de tal acción no se han presentado las evidencias del monto exacto del expolio, agregó el jurista. “Menos aún, se ha dado detalles de los resultados de las gestiones para recuperar los montos sustraídos”, puntualizó Estacio.
El Aissami
Recordó que Tareck El Aissami, permaneció detenido e incomunicado, sin ser presentado ante un juez por 14 largos meses. “Durante ese período tuvo que ser interrogado y quizás torturado -dado que esto último se ha impuesto como política de Estado- para que informase dónde y quiénes tenían todos o parte importante de lo sustraído, pero los investigadores que deben presentar las pruebas de la supuesta conspiración política de El Aissami y sus pretendidos cómplices, nada han informado sobre las posibles recuperaciones”.
Tras permanecer más de un año desaparecido, la Fiscalía General de Venezuela anunció la detención de El Aissami, al lograr avances en la trama de corrupción Pdvsa-Crypto, que inició en marzo de 2023, cuando fueron detenidos distintos funcionarios del Estado y empresarios venezolanos implicados en esta red de corrupción en la industria petrolera.
Una vez más se preguntó “cómo es que si El Aissami tenía 14 meses detenido, cuando la ley dice que toda persona arrestada debe ser presentada a la justicia en 48 horas”, insistió
“Dada la recurrente falta de probidad en las acciones del gobierno del señor Maduro, no nos extrañaría que tras el secretismo, alrededor de los bienes rescatados, se esté registrando un nuevo hecho de corrupción. Es decir, que los montos recuperados en lugar de ingresar a la Tesorería Pública, terminen en los bolsillos de los investigadores”.
En su opinión, es muy poco probable que un delito de tan grandes proporciones, que se consumó durante varios ejercicio fiscales, no haya sido advertido por las más altas esferas del gobierno”.
Un delito de mafia
Indicó que “a sus presuntos autores se les ha tenido incomunicados, sin posibilidad de nombrar abogados de su confianza. Sería muy interesante oír sus versiones. En particular, las revelaciones de quién o quiénes más del alto gobierno fueron beneficiados del latrocinio. Mientras tanto, todos los elementos a disposición apuntan a un delito de mafia, en los que las diferencias por el reparto del botín, conducen a resultados como el observado”.
El profesor universitario Omar Estacio reiteró que en Venezuela no existe un verdadero sistema de justicia. “La nula independencia y autonomía de nuestro sistema de justicia, hace nugatoria cualquier investigación en asuntos como este. Habrá que esperar para conocer buena parte de sus pormenores, que en Venezuela impere una verdadera separación de poderes”, concluyó.