Luis Manuel Marcano,
En el convulso panorama electoral que vive Venezuela por el fraude cometido por Nicolás Maduro en donde hasta el momento de escribir estas líneas se ha consumado un golpe al pueblo y establecido una dictadura militar con soporte y resguardo de las fuerzas armadas y policiales, me gustaría proponer una solución que tiene el potencial de restaurar la confianza en nuestra comunidad internacional y que pudiera establecerse pro tempore para cualquier otra situación similar que surja en América Latina.
Propongo la creación de un Tribunal Electoral Regional [ad hoc] dependiente de la OEA, compuesto por jueces de toda la región para revisar y cotejar las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 28 de julio de 2024. Esta iniciativa busca determinar de manera imparcial y transparente quién fue el verdadero vencedor de los comicios, en un contexto en el que la credibilidad electoral es más crucial que nunca. La propuesta consiste en la creación de un tribunal ad hoc para revisar procesos electorales en países latinoamericanos, compuesto por un juez de las cortes supremas de cada nación participante, a excepción del país cuyo proceso será revisado. Estos jueces serían seleccionados meticulosamente por los pares de sus respectivos países con base en rigurosos criterios de imparcialidad, experiencia en derecho electoral y prestigio profesional. La selección busca asegurar que los jueces sean reconocidos por su integridad, independencia política y profesionalismo, garantizando así que el proceso de revisión sea confiable, objetivo y libre de influencias externas.
El principal mandato del tribunal sería llevar a cabo una revisión exhaustiva y minuciosa de todas las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales en Venezuela. Este proceso incluiría la verificación detallada de cada acta proporcionada tanto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela como por los representantes de la oposición y otras partes interesadas. El tribunal revisaría la autenticidad de las actas, confirmaría la correcta recopilación de los datos y compararía los resultados de cada mesa de votación para asegurarse de que reflejen fielmente la voluntad del electorado.
Además de la revisión de las actas, el tribunal realizaría una auditoría completa del sistema de totalización de votos. Esta auditoría tendría como objetivo identificar cualquier posible manipulación, irregularidad o error en la transmisión y procesamiento de los resultados electorales. El análisis detallado del sistema de totalización permitiría detectar discrepancias y asegurar que los resultados finales sean precisos y reflejen adecuadamente el resultado de la votación.
Una vez que el tribunal complete su revisión y auditoría, emitiría un informe detallado con sus conclusiones sobre el vencedor legítimo de las elecciones. Este informe sería vinculante, lo que significa que sus conclusiones deben ser aceptadas y respetadas por todas las partes involucradas en el proceso electoral. La emisión de este informe sería un paso crucial para resolver cualquier controversia y restablecer la confianza en el proceso electoral.
Para garantizar la máxima transparencia, el proceso del tribunal sería completamente abierto al escrutinio público. Las sesiones del tribunal se transmitirían en vivo, permitiendo que los ciudadanos y los observadores internacionales sigan el desarrollo del proceso en tiempo real. Además, todos los documentos relevantes, incluyendo las actas revisadas, los resultados de la auditoría y el informe final, estarían disponibles para el público. Esta apertura es fundamental para asegurar la legitimidad del tribunal y la aceptación de sus conclusiones por parte de todas las partes involucradas.
Beneficios significativos
La presencia de jueces de toda América Latina aportaría una perspectiva externa imparcial y respetada, lo que contribuiría a restaurar la confianza en la integridad del proceso electoral venezolano y la comunidad internacional. La participación de expertos reconocidos en derecho electoral daría solidez y credibilidad a las decisiones del tribunal, ayudando a consolidar la legitimidad del proceso y de los resultados. Al involucrar a jueces provenientes de diferentes países latinoamericanos, el tribunal ad hoc proporcionaría una base amplia y diversa para la evaluación del proceso electoral. Este enfoque internacional reforzaría la legitimidad de la resolución de la controversia, asegurando que las decisiones sean tomadas con un alto nivel de objetividad y transparencia, alejadas de influencias políticas locales. La creación de este tribunal serviría como un modelo positivo para la región, demostrando que las naciones latinoamericanas tienen la capacidad y el compromiso de unirse para defender los principios democráticos. Este ejemplo de cooperación podría inspirar otras iniciativas similares en la región y fomentar un mayor compromiso con la resolución pacífica de disputas electorales.
Un proceso de revisión electoral independiente y creíble podría ayudar a mitigar la crisis política en Venezuela, ofreciendo una salida legítima a las tensiones actuales. La resolución justa de las disputas electorales puede reducir el riesgo de desestabilización en la región, promoviendo una mayor estabilidad política y social. La propuesta también contribuiría al fortalecimiento de la democracia en América Latina al establecer un mecanismo de supervisión y arbitraje que puede servir de referencia para futuras situaciones similares. Esto no solo apoyaría la legitimidad de los procesos electorales, sino que también fortalecería el sistema democrático en toda la región.
Desafíos y peligros de nuevas elecciones
La implementación de un tribunal ad hoc regional para la revisión del proceso electoral en Venezuela enfrenta varios desafíos importantes:
La eficacia del tribunal ad hoc dependerá en gran medida de la aceptación y cooperación tanto del gobierno venezolano como de la oposición. Ambas partes deben estar dispuestas a aceptar y respetar las conclusiones del tribunal para garantizar el éxito de la iniciativa. La falta de compromiso de alguna de las partes podría socavar la legitimidad y efectividad del proceso.
La formación y operación de un tribunal de esta magnitud requerirán recursos significativos en términos de financiación, personal, y logística. Además, dado el contexto de la crisis política en Venezuela, existe una urgencia que puede hacer que la preparación y el funcionamiento del tribunal sean difíciles de coordinar. El tiempo necesario para establecer el tribunal y llevar a cabo una revisión exhaustiva podría ser un desafío en un entorno de crisis.
Los jueces del tribunal ad hoc podrían enfrentar presiones políticas tanto internas como externas. La independencia del tribunal es esencial para garantizar la credibilidad y la imparcialidad del proceso. Cualquier percepción de sesgo o influencia política podría comprometer la confianza en las conclusiones del tribunal y en el proceso de revisión electoral. La independencia de los jueces y del tribunal en su conjunto será fundamental para el éxito de la propuesta. Se deben establecer mecanismos sólidos para proteger a los jueces de influencias externas y presiones políticas, asegurando que el tribunal opere de manera imparcial y profesional. La independencia también debe ser garantizada a través de un proceso transparente de selección y monitoreo. Aunque el tribunal ad hoc busca resolver la controversia electoral en Venezuela de manera pacífica y transparente, es posible que la resolución de la crisis no elimine por completo las tensiones políticas internas ni la posibilidad de conflictos futuros. La efectividad del tribunal dependerá también de su capacidad para abordar no solo el proceso electoral en sí, sino las causas subyacentes de la crisis política.
La realización de nuevas elecciones en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro representaría una violación flagrante de los principios democráticos, pues no podría garantizarse un proceso justo ni transparente en un entorno de represión y falta de equidad. Como señaló César Miguel Rondón, sería como repetir la Segunda Guerra Mundial para darle a Hitler la oportunidad de ganarla. De manera análoga, convocar a elecciones en este contexto solo serviría para perpetuar un sistema autoritario que ya ha demostrado su incapacidad para respetar las normas democráticas y los derechos fundamentales. En lugar de avanzar hacia una verdadera democracia, este escenario solo consolidaría la dictadura en el poder, minando cualquier posibilidad de un cambio genuino y equitativo.
A pesar de estos desafíos, la creación de un tribunal ad hoc regional representa una solución viable y ética para abordar la controversia electoral en Venezuela. Este enfoque no solo promovería la defensa de la democracia y la estabilidad en la región, sino que también fortalecería el compromiso de América Latina con procesos electorales justos y transparentes, estableciendo un precedente positivo para la resolución de disputas electorales en el futuro.