CARACAS.- Ciudadanos en más de 60 lugares en el mundo protestaron para unirse a las madres de Venezuela en su reclamo contra la detención de unos 70 menores de edad, que se encuentran procesados por supuesto “terrorismo”, y exigen la libertad plena e inmediata.
La movilización mundial se realizó en ciudades de EEUU, España, Suecia, Israel, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Países Bajos y Perú, entre otros países de Latinoamérica, donde exigieron al régimen de Nicolás Maduro que se pongan en libertad a los niños, niñas y adolescentes detenidos desde las protestas del 29 de julio contra el fraude electoral.
En Caracas, las madres acompañadas con abogados y defensores de Derechos Humanos llegaron a las puertas de la sede de UNICEF para exponer directamente los casos y solicitar su apoyo en la exigencia al régimen de Maduro.
Las protestas contra la detención de adolescentes, difundidas en los últimos días en redes, han sido consideradas una «lección de dignidad», debido a que las madres no han cesado en sus justos reclamos y se niegan a abandonar a sus hijos en las cárceles de alta peligrosidad, donde están apresados, tras ser detenidos e imputados solamente con actas de aprehensión, según abogados.
Protestas contra detenciones
Las detenciones que han sido calificadas de “secuestro”, por ser menores inimputables de acuerdo con las leyes venezolanas, se ejecutaron en muchos de los casos cuando ni siquiera participaban en las manifestaciones ciudadanas del 29 de julio contra los resultados fraudulentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declararon ganador a Maduro.
“Que se respete la infancia en Venezuela”, “es un derecho fundamental”, exigieron los manifestantes, la mayoría venezolanos, con pancartas, muñecos y banderas, informó el Comando de Campaña de Venezuela en el Exterior a través de su cuenta X .
«La dictadura es responsable de su sufrimiento», afirmaron manifestantes desde Alemania.
En Venezuela se contabilizan más de 2,000 presos políticos, entre quienes se encuentran los 70 niños, niñas y adolescentes. A ninguno de ellos se les ha permitido tener abogado de confianza ni se les ha respetado el debido proceso, conforme la ley procesal penal.