LIMA.- Las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte, que han cumplido un mes y dejan 47 muertos en la convulsión social, se propagaron en el sur del país con nuevos enfrentamientos el miércoles en la ciudad de Cusco, luego de la jornada más letal del lunes en la región Puno.
A la media tarde, las autoridades ya reportaban en Cusco 22 heridos, de los cuales 16 son civiles y 6 policías, por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en las inmediaciones del aeropuerto, según la gerencia regional de Salud de Cusco. La Policía indicó que quienes protestaban intentaron tomar el terminal aeroportuario de la región, un destino clave en el país por sus atractivos turísticos, especialmente la ciudadela inca de Machu Picchu.
Dos heridos fueron por proyectil de arma de fuego y uno por perdigón. Además, uno de los lesionados tenía traumatismo encefalocraneano grave y 18 estaban policontusos y heridos en varias partes del cuerpo.
La Defensoría del Pueblo reportó a las cinco de la tarde movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 41 provincias, la mayoría de regiones del sur: Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Madre de Dios, esta última en el sureste en la selva. También por el centro, Lima y Huancavelica, y norte del país, Lambayeque y San Martín. La jornada tuvo 72 puntos de bloqueo en vías nacionales.
La Fiscalía de la Nación señaló que solicitó información a la presidencia del Consejo de Ministros y a los ministerios de Defensa e Interior para la investigación preliminar que abrió a Boluarte y otros altos cargos de su gabinete sobre los hechos de violencia en las protestas de diciembre y enero.
En la ciudad de Juliaca, en Puno, que protagonizó la jornada más letal, una multitud acompañó en marcha a los 17 muertos, caídos el lunes pasado en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Recorrieron las calles con los ataúdes a cuestas y algunos de los fallecidos fueron llevados cerca del aeropuerto, al punto donde sucedieron sus decesos.
“Dina me asesinó con balas”, decía un letrero de papel pegado en el féretro de Eberth Mamani Arqui, quien había llegado a Juliaca, desde la ciudad de Sicuani, el Cusco. “Recién lo han identificado hoy, antes estaba como NN”, dijo una familiar en el recorrido.
“Esta democracia ya no es democracia”, entonaban los familiares de las víctimas.
Banderas negras y bicolores con franjas negras y blanca, en reemplazo al rojiblanco del símbolo patrio peruano, eran alzadas por los acompañantes de la procesión de fallecidos.
Al pasar por una dependencia policial, acordonada por decenas de agentes, los marchantes les gritaron “asesinos” y algunos se acercaron a encararlos.
“¡Dina, asesina, escucha, llegaremos a Lima! ¡Renuncia!”, gritó una de las acompañantes. “¡Dina, asesina, esta es tu obra!”, repetían varios juliaqueños en la marcha.
El mismo miércoles, en la mañana, una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, inició una visita en Perú sobre las protestas y la crisis social. La misión, liderada por el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, el guatemalteco Stuardo Ralón, se reunió con Boluarte en Palacio de Gobierno.
La CIDH estuvo en Perú en noviembre, a petición de Pedro Castillo, cuando aún era presidente para atender la crisis de inestabilidad política del gobierno del exmandatario destituido en diciembre.
Las protestas -que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- tomaron un nuevo impulso esta semana, tras retomarse el miércoles pasado, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde el 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.