MIAMI.- Muchas son las preguntas alrededor de una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, programada para entrar en vigor el 1 de julio en Florida, que criminaliza el transporte de inmigrantes.
Esta nueva legislación, considerada la más severa contra la inmigración ilegal en el país, establece medidas contra los inmigrantes indocumentados, e incluye sanciones para quienes transporten a personas con estatus migratorio no regulado.
Sin embargo, ha surgido confusión respecto a la aplicación de la nueva ley y si ésta afectará el transporte de inmigrantes indocumentados dentro del estado, ya sean conocidos, amigos o parientes.
Aspectos clave de la ley
Según la sección 787.07 de la ley, «una persona que transporte a este Estado a alguien que sepa, o deba saber, está ingresando ilegalmente a los Estados Unidos desde otro país», estará violando la ley y se enfrentará a un delito grave de tercer grado, si no ha sido «inspeccionada» por el Gobierno federal tras su ingreso ilegal.
«Cada persona que transporte a este estado en violación de esta sección, cometerá un delito separado», se lee en la nueva normativa.
El gobernador DeSantis declaró en un tuit el 10 de mayo que «no se tolerará el tráfico de personas en Florida».
Posteriormente, explicó que «transportar a sabiendas a un inmigrante ilegal a Florida resultará en una condena de 5 años de prisión y una multa de 5.000 dólares por cada ofensa”.
A lo que sumó: “Transportar a cinco o más extranjeros ilegales, un solo menor no acompañado o un contrabandista convicto resultará en una multa de 10.000 dólares y una condena de hasta 15 años de prisión».
La ley no distingue entre familiares, sino que se refiere al transporte de un migrante indocumentado a través de las fronteras estatales desde otro estado o país.
Esto significa, según algunos analistas, que si una persona ingresa al estado de Florida con un inmigrante indocumentado, estaría cometiendo un delito grave de tercer grado.
Consideraciones
Algunos abogados especialistas en inmigración coinciden en que la ley se refiere al transporte de inmigrantes indocumentados desde otro estado o país hacia el estado de Florida, pero no aborda el transporte de inmigrantes indocumentados que ya residen en el estado.
En ese sentido, la Coalición de Inmigrantes de Florida afirmó que «no será un delito» transportar a una persona con estatus migratorio no regulado dentro del estado de Florida.
De hecho, según esa organización, no se viola la ley si se transporta a una persona indocumentada para ir al supermercado, al parque, a la iglesia, etc., siempre y cuando no implique el ingreso al estado con un inmigrante indocumentado.
Cambios
El senador Blaise Ingoglia, patrocinador del proyecto de ley, al presentar la medida manifestó su “pesar” por la comunidad de inmigrantes, pero señaló que «tenemos que solucionar este sistema, y ellos [el gobierno federal] siguen negándose a hacerlo».
La medida original fue “suavizada” por cuanto en un principio también penalizaba el transporte de inmigrantes dentro del estado, lo que desencadenó una fuerte polémica en diferentes sectores.
Instituciones religiosas en Florida, entre otras, expresaron su preocupación por cuanto la norma podría poner en peligro algunos de sus ministerios, en cuanto a los viajes a los servicios de la iglesia o a los ministerios. Esto fue excluido finalmente de la ley.