Luego de darse a conocer el resultado electoral de la segunda vuelta el pasado 30 de octubre —con una estrecha victoria para el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva sobre el presidente Jair Bolsonaro—, seguidores del mandatario conservador se mantienen en las calles protestando contra el retorno del fundador del Foro de Sao Paulo al poder.
En 24 de los 27 estados de Brasil se han reportado protestas de camioneros tras la publicación del resultado, sumando cientos de carreteras bloqueadas. El silencio del mandatario mantenía en vilo al país y la región. Su aparición en la que se limitó a ratificar su apego a la Constitución no fue suficiente para calmar a sus seguidores, que piden una «intervención militar» al tiempo que circulan en redes sociales videos de oficiales de las fuerzas de orden público apoyando las protestas. Van tres días de manifestaciones. Este 2 de noviembre se han reportado concentraciones frente a cuarteles del ejército en todo el país, según informó el portal Brasil Sem Medo.
Dado que sus electores continúan en las calles, Bolsonaro decidió difundir un nuevo pronunciamiento para pedir la liberación de las carreteras del país. Aunque comunicó su decepción por el resultado electoral, asevera que no se puede dañar la economía del país. «Apoyo las manifestaciones, son parte de la democracia. Pero no perdamos la cabeza», agregó.
No hay un líder político que dirija a los manifestantes que rechazan el resultado de la elección presidencial, donde el izquierdista Lula da Silva resultó ganador con 50,9 % de los votos frente a 49,1 % de Bolsonaro, de acuerdo el conteo final del Tribunal Superior Electoral (TSE). Es la menor brecha en unas elecciones presidenciales de los últimos años, un escenario que analistas habían advertido.
Los seguidores del presidente hablan de fraude. Incluso después de que Bolsonaro ofreciera sus primeras declaraciones y no hiciera este planteamiento. Si bien el líder de la derecha brasileña evitó mencionar a Lula y no admitió expresamente la derrota, tampoco denunció fraude ni anunció la posibilidad de impugnar. Aún así, los bloqueos se mantienen en 14 estados brasileños.
Piden intervención federal
Alrededor de 167 bloqueos de camioneros continúan activos, comunicó hace algunas horas la Policía Federal de Caminos. Además, desde el lunes 31 de octubre se habían disuelto otras 631 manifestaciones en carreteras. Anderson Torres, ministro de Justicia, reiteró el pedido del presidente Bolsonaro a que las manifestaciones «no obstaculicen el derecho de ir y venir de todos».
La población quiere evitar que un gobierno comunista presida el país a partir de enero de 2023. Sin embargo, dicho futuro quedó plasmado en los resultados electorales, regulados por la legislación. Luego de 48 horas en silencio, el actual presidente ofreció unas palabras donde aseguró que nunca ha ido ni irá contra la Constitución. Agregó que «las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas» y pidió alejarse de «métodos» de la izquierda, como aquellos que perjudican a la población, bienes y al patrimonio.
No obstante, en las protestas en Brasil se ven carteles donde ciudadanos piden la intervención federal y mencionan el artículo 142 de la Constitución, el cual cita que las Fuerzas Armadas, «tienen por objeto la defensa de la Patria, la garantía de los poderes constitucionales y, a iniciativa de cualquiera de éstos, de la ley y el orden».
Se habla de militares y funcionarios que se habrían unido a las protestas, aunque nada se ha dicho de manera oficial. En todo caso, la presencia de oficiales en las calles se debe a que Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), ordenó que contrarrestaran las manifestaciones.
Transición en marcha
El proceso de transición ya habría comenzado luego de que Ciro Nogueira, el actual ministro de la Presidencia, lo confirmara desde el Palacio de la Alvorada, una vez que Bolsonaro culminó sus primeras declaraciones.
Por el lado de Lula da Silva quedó designado el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, para llevar adelante el proceso, un político de perfil moderado que le habría servido a Lula para captar votos centristas. Gleisi Hoffmann, la presidente del Partido de los Trabajadores (PT), dijo que tiene toda la «legitimidad» para liderar el equipo.
Según la ley, el próximo mandatario puede designar hasta 50 personas para que accedan a cuentas públicas, documentos y demás archivos hasta que la toma de posesión se concrete el 1 de enero de 2023.
Sin embargo, las protestas en las calles de Brasil continúan y, si algo dejan claro, es que Lula tendrá un gobierno muy complicado, con ambas cámaras del Congreso en contra y cientos de miles de manifestantes rechazando su mandato sin haber asumido aún el cargo.