MIAMI.- «No es tiempo de quedarse dormido sin hacer nada y esperar a que llegue el 1° de julio», afirma con aplomo el abogado de inmigración, Yunior Piñeiro en alusión a la nueva ley de Inmigración, la SB1718, que entrará en vigor el primer día del mes de julio en Florida, y que podría complicar la vida a unos 800.000 inmigrantes sin estatus legal, que según organismos defensores de los migrantes, residen en el estado.
Con la nueva ley de migración aumentan las preocupaciones para los inmigrantes sin estatus legal cuya vida se les haría más difícil para residir y trabajar en el llamado estado del Sol.
La nueva ley fortalece los requisitos de empleo, prohíbe que los gobiernos locales aporten dinero a organizaciones que crean tarjetas de identificación para migrantes indocumentados, prohíbe el uso en Florida de licencias de conducir emitidas a migrantes sin estatus legal en otros estados; tipifica el delito de tráfico de personas cuando se trata de un menor o más de cinco personas y cuando el acusado tiene una condena previa por tráfico de personas. Los hospitales deberán recopilar la información sobre el estatus migratorio de los pacientes, de no hacerlo podrían enfrentar sanciones.
Las empresas con más de 25 empleados están obligadas a usar el E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos, y amplía las sanciones para los empleadores que no cumplan con el E-Verify, que incluyen la posible suspensión y la revocación de las licencias a empresarios. Las nuevas regulaciones incluyen sanciones específicas a los empleadores que a sabiendas emplean a migrantes sin documentos.
Los migrantes trabajan en los tres motores de Florida: la agricultura, el turismo y construcción. La medida está provocando el éxodo de trabajadores sin estatus a otros estados, según organismos defensores de migrantes.
El abogado Piñeiro sostiene que ya se están viendo los efectos de la SB1718, «hay personas que no se están presentando a trabajar, aunque aún la ley no ha entrado en vigor», afirma el especialista.
Uno de los casos es el de Benjamín Pérez, se gana la vida limpiando viviendas en Miami. Trabaja sin permiso legal, como otros miles de extranjeros que conforman una mano de obra primordial para el estado de la Florida.
Pérez, de 40 años, lleva dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero teme no poder seguir haciéndolo. Como muchos, abandonó su país natal, México, buscando una mejor situación económica. Fue albañil hasta que una lesión lo obligó a cambiar de sector. Ahora, tras la aprobación de la ley, observa como las oportunidades para trabajar se van estrechando.
El especialista Piñeiro sostiene que no es hora de quedarse de brazos cruzados a la espera de que llegue el día que entra en vigencia la ley. «Hay opciones» asegura, no hacerlo les complicará la vida. Aconseja que es necesario consultar a un abogado, «no, a un notario», afirma.
«No sabes la cantidad de personas a las que les hemos resuelto la situación», subraya. Se refiere a que su despacho ha logrado conseguir la residencia de quienes enfrentan este tipo de casos.
Y es que consultar con un abogado, especializado en Inmigración le puede llevar a encontrar un camino para obtener el ansiado estatus legal.
La abogada de inmigración, Diana Albite, aconseja que es determinante buscar la asesoría de un abogado porque las personas tienen más oportunidades cuando están asesoradas por un profesional.
“Muchas veces los migrantes creen no tener un caso porque están acostumbrados al quebranto de sus derechos que piensan es normal. Cuando uno habla con la persona, se sienta, se va a fondo y se les dice que hablen de su vida, uno se da cuenta de que hay caso para un asilo político; por eso es importante que la persona tenga acceso a un abogado”, acotó.
En base a su experiencia personal, Piñeiro asegura que muchos de los inmigrantes que han acudido a su despacho han logrado el estatus legal gracias a la Visa U.
¿Qué es la Visa U?
La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) la define como el «estatus no Inmigrante U (Visa U)», que está reservado para las víctimas de ciertos crímenes, que han sufrido abuso físico o psicológico y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales.
«El Congreso creó la visa de No Inmigrante U mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000. Esta legislación está dirigida a fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y procesar judicialmente los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, a su vez que protege las víctimas de los crímenes que han sufrido abuso mental o físico sustancial producto de dichos crímenes y están dispuestas a ayudar a las autoridades del orden público en la investigación y prosecución de la actividad criminal. La legislación también ayuda a las agencias del orden público a dar mejor servicio a las víctimas de crímenes», explica USCIS en su sitio de internet.
El abogado Piñeiro sostiene que la ley protege tanto a mujeres como hombres que han sido víctimas del algún tipo de violencia.
Pero también explica que hay otras opciones que podrían crear un camino a la residencia, el asunto es buscar, estudiarlas y actuar.
La ley de Inmigración que entraría en vigor en Florida el 1 de julio fue respaldada por el gobernador Ron DeSantis debido a la crisis en la frontera. “La crisis fronteriza de Biden ha causado estragos en los Estados Unidos y ha puesto en peligro a los estadounidenses”, acotó el gobernador que el 24 de mayo, cuando oficializó su candidatura para la presidencia de Estados Unidos.
“En Florida, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno federal abandona sus deberes legales de proteger a nuestro país. La legislación que firmé hoy otorga a Florida las leyes contra la inmigración ilegal más ambiciosas del país, luchando contra las políticas imprudentes del gobierno federal y asegurando que los contribuyentes de Florida no paguen la factura de la inmigración ilegal”, dijo DeSantis sobre la ley.