Este lunes, la Asamblea Legislativa de El Salvador en una sesión extraordinaria aprobó un pronunciamiento en conjunto condenando la actuación del presidente Nayib Bukele, quien el domingo ingresó al Parlamento con elementos de las Fuerzas Armadas para presionar a los diputados a discutir y aprobar su plan de seguridad.
Ese día, el mandatario convocó una «sesión extraordinaria» para que fuera aprobado el préstamo por 109 millones de dólares, solicitado por el Ministerio de Hacienda al Legislativo desde noviembre pasado, para desarrollar la tercera fase del ‘Plan de Control Territorial’, que contempla la modernización del aparato de seguridad.
Tras la militarización del Parlamento, la Presidencia ha hecho llamados a la calma para intentar bajar la tensión, sin embargo, partidos de oposición han pedido que se inicie una investigación, que ya ha anunciado la Fiscalía, para determinar si hubo delitos en la toma del ‘Salón Azul’, como se denomina a la sede parlamentaria.
¿Qué pasó antes de la sesión?
Desde el viernes, el presidente llamó a través de su cuenta de Twitter a la sesión del Parlamento, basándose en el artículo 167 de la Constitución, que expresa que el Consejo de Ministros, encabezado por él y el vicepresidente, tiene la potestad de «convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden«.
El líder del partido de corte liberal Nuevas Ideas publicó un trino donde advirtió que si los diputados no asistían a su «obligación constitucional», se entendería que habrían roto el orden constitucional, lo que acarrearía consecuencias.
Un días después, el sábado, no hubo quórum para celebrar la sesión debido a que comparecieron solo 28 de los 84 diputados que componen la Cámara, ante la negativa del resto de los parlamentarios de reconocer la potestad del mandatario para convocar la plenaria.
Ese mismo día, Bukele informó en Twitter que la asamblea parlamentaria quedaba para el domingo, expresó que la asistencia de los diputados era «ineludible» y convocó a los salvadoreños a acompañarlo. Este llamado fue respaldado por el ministro de Defensa, René Merino, quien juró «obedecer al presidente de la República aun «a costa de sus vidas».
¿Qué ocurrió el domingo?
Bukele irrumpió el domingo junto a miembros de la Policía y militares armados en la sede parlamentaria. Hizo una oración, dijo unas palabras en las que ordenó el inicio de la sesión y, sentado en la curul del presidente de la Asamblea, que estaba ausente, afirmó que ahora estaba «muy claro» quién tenía «el control de la situación».
Previamente, en las puertas del Parlamento, acompañado de sus seguidores había expresado que el pueblo tenía «derecho a la insurrección» para remover a los funcionarios, basado en su interpretación del artículo 87 de la Carta Magna, que consagra ese derecho constitucional para «restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos».
«Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el ‘Plan de Control Territorial’, nos volvemos a convocar aquí el domingo«, soltó el mandatario tras dar un ultimátum de siete días.
«Detener el autogolpe»
El partido Arena, con mayoría en la Asamblea, calificó las acciones de Bukele de «autogolpe» y le exigió detenerlo, al igual que rechazaron «el ultimátum de siete días dado a la Asamblea para que aprobara el préstamo y la persecución a los diputados electos democráticamente y a sus familias», según su cuenta de Twitter. Del mismo modo llamó al diálogo y condenó la militarización de la sede parlamentaria.
Por su parte, el FMLN informó que ha interpuesto una demanda contra Bukele por el delito de sedición, además de denunciar la «intromisión del Ejército en la sede de la Asamblea», según ha expresado la diputada de ese partido Nidia Díaz.
Ante la oleada de críticas de los partidos opositores y de organismos internacionales, la Casa Presidencial publicó en su cuenta de Twitter un comunicado donde llamó a «mantener la calma«, ante el «obstáculo» que supuestamente representa la negativa de aprobar el crédito para su plan de seguridad.
Por su parte, el politólogo Fernando Marroquín dijo en entrevista con RT que las medidas de seguridad que ha implementado la Administración de Bukele han sido exitosas. No obstante, «llevar al Ejército a la Asamblea Legislativa no es la forma, es algo que no veíamos en 30, 40 años, ni siquiera durante el conflicto armado [1989-1992]».
«Resulta alarmante este tipo de actitudes que definitivamente no son democráticas. No existe un conflicto entre poderes. Lo que ha sucedido es la invasión de poderes del Ejecutivo al órgano legislativo, para presionar por la aprobación de un préstamo», agregó el especialista.
¿Qué contempla el préstamo?
El préstamo de 109 millones fue solicitado desde noviembre por el Ministerio de Hacienda para la tercera fase del ‘Plan de Control Territorial’, lanzado por Bukele veinte días después de asumir la Presidencia para dotar a los cuerpos de seguridad de armamento, chalecos antibalas, uniformes, cascos tácticos, radios, patrullas, helicópteros, drones, cámaras con visión nocturna, entre otros.
Al respecto, el expresidente del Legislativo, Norman Quijano, argumentó que la demora para aprobarlo se debía a la poca información que aportó el Ejecutivo y a los niveles de 70, 2 % de endeudamiento con relación al PBI que tiene el país centroamericano, reseña El Salvador. «Nos preocupa la sostenibilidad del plan para resolver el problema de la criminalidad», recoge su cuenta de Twitter.
Otros señalamientos se refieren a la poca transparencia sobre el destino final del dinero, el impacto real en los índices de violencia y la participación de EE.UU., que apoya el plan a través del Comando Sur y el FBI.
La gestión de Bukele ha tenido como bandera la reducción de la tasa de homicidios, que se vio disminuida en casi 30 % al cierre de 2019. A pesar de ello, su política ha sido cuestionada por quienes rechazan el incremento del aparato de seguridad y ponen en duda los criterios para establecer las cifras.
El ‘Plan Control Territorial’, que será desarrollado en siete fases, tiene un presupuesto total 575,2 millones de dólares, lo que corresponde a 2 % del PIB del país centroamericano. De ese monto, 200 millones pertenecen al préstamo del BCIE y el resto a «ahorros presupuestarios y donaciones de países amigos», según afirmó Bukele.
En este panorama, lleno de cuestionamientos sobre el destino final de los recursos para el plan de seguridad y su eficacia para reducir los índices de homicidios, se espera conocer si habrá consecuencias penales tras la primera militarización del Parlamento en el país centroamericano, donde este hecho, incluso en los años de guerra civil, no tiene precedentes.
Fuente: ActualidadRt