Como un golpe inesperado. Así fue el anuncio “con efecto inmediato” del cese de las operaciones del proveedor de televisión por suscripción con mayor presencia en Venezuela: Directv. En horas de la mañana del martes 19 de mayo, miles de usuarios se sorprendieron cuando, repentinamente, sus televisores dejaron de recibir la señal.
“Las sanciones del gobierno de EE.UU. a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y Pdvsa, lo cuales se requieren bajo la licencia de Directv para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela”, dice el comunicado emitido por AT&T, casa matriz de Directv en Estados Unidos.
En la misma comunicación la empresa estadounidense agregó que se le hace imposible cumplir con requisitos legales de ambos países, por lo que se vio obligada a cerrar sus operaciones de televisión paga en territorio venezolano, “sin ninguna participación o conocimiento previo” del equipo en Venezuela.
Para Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), capítulo Venezuela, la decisión de Directv tiene su origen en el dilema generado entre el cumplimiento de las leyes de EE.UU., que debido a sanciones exigió la salida de Globovisión y Pdvsa TV de la programación, y las condiciones impuestas por el régimen madurista a través de Conatel, que no le permitió operar en el país sin la presencia de esos dos canales.
Se trata de una medida que representa otra restricción a la libertad de información y que agudiza el gravísimo problema de espacios territoriales venezolanos donde no hay posibilidades de tener otra información que no sea la suministrada unidireccionalmente por el sector oficial, respondiendo a las líneas del Ministerio de Comunicación e Información, advirtió la también periodista.
“Nos encontramos con territorios llenos de lagunas y desiertos informativos, que de alguna manera eran cubiertos por esta televisión por suscripción que era la principal en el mercado venezolano”, dijo la vocera de IPYS Venezuela en entrevista con El Carabobeño.
Penetración en zonas aisladas
Cifras oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), correspondientes a 2019, indican que del total de cuatro millones 399 mil 721 suscriptores del servicio de difusión por suscripción, alrededor de un millón 993 mil 789 suscriptores (45,32%) eran clientes de Directv.
A juicio del director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, el cierre de la operadora televisiva tiene un gran impacto en la población venezolana no solo por aglutinar al mayor número de usuarios, sino también por la amplia penetración en sectores populares y zonas muy aisladas en las que esa era la única plataforma con la que podían contar.
“Esta medida tiene serias implicaciones desde la perspectiva de derechos humanos, específicamente en cuanto al acceso a la información y la libertad de expresión, ya severamente limitados desde hace varios años por la acción de las autoridades de Venezuela”, aseguró al exponer que la situación cobra mayor complejidad al estar el país en medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, que mantiene a la mayoría de las personas sin poder salir de sus casas, ávidas de información y entretenimiento.
A través de un comunicado, Espacio Público apuntó que las consecuencias de la decisión de la empresa proveedora de televisión paga afectan a más de 13 millones de venezolanos que ahora tienen menos o ningún acceso a información de interés público, contenidos culturales, de entretenimiento y educativos.
¿De quién es la responsabilidad?
Balbi consideró que el Estado venezolano, al no garantizar las condiciones para que algunas empresas funcionen, es el principal responsable por el cese de operaciones de Directv. “Con eso me refiero a que, en este caso, se está favoreciendo a un grupo particular (Globovisión y Pdvsa TV) en detrimento de un impacto mucho más amplio e importante para la colectividad”.
A su juicio, decir que las sanciones de EEUU son la causa de la eliminación de una posibilidad de información como la que representaba Directv es desviar el foco de la atención y negarse a ver que “hay una situación de ilegalidad que envuelve a dos canales con sanciones y procedimientos abiertos en EEUU”.
La censura y la situación de hegemonía comunicacional en Venezuela ya estaban ocurriendo antes de las sanciones impuestas por EEUU, durante los mandatos primero de Hugo Chávez y luego de Maduro, argumentó al reiterar que hay una responsabilidad directa en el Estado, porque no está dando garantías ni condiciones para que se dé un libre flujo de la información.
En el caso de Globovisión, estaba previsto que saliera de Directv el 21 de enero de este año, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 13850 emitida el 7 del mismo mes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU., que prohíbe cualquier transacción entre empresas estadounidenses con Globovisión Tele C.A. y Globovisión Tele CA, Corp.
Previamente, el 8 de enero de 2019, el dueño del canal de televisión venezolano, Raúl Gorrín, fue sancionado por el gobierno norteamericano por su presunta vinculación con lavado de dinero y sobornos.
Historial de restricciones
Espacio Público resalta en su comunicado que las restricciones comunicacionales ejercidas por el chavismo iniciaron aproximadamente en 2004. Desde entonces, más de 200 medios de comunicación cerraron en el país, la mayoría por órdenes de Conatel, bajo procedimientos poco transparentes, arbitrarios, discrecionales, confiscación de equipos y con ausencia de debido proceso. 19 de estos medios eran canales o plantas televisivas.
El mayor precedente de censura contra un canal televisivo crítico hacia el sector oficial ocurrió en 2007, con el cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión (RCTV), luego que Conatel se negara a renovarles la concesión.
No menos importante es la reducción en la oferta de prensa impresa disponible en el país. Datos de IPYS Venezuela indican que entre 2013 y 2019 alrededor de 67 periódicos dejaron de circular, entre esos El Carabobeño, debido a la monopolización de la venta de papel.
Para Espacio Público, la reducción del ecosistema mediático determinó la migración de las audiencias a canales internacionales y sitios web. Sin embargo, en 2017 de ocho canales de televisión que salieron del aire, cinco eran canales internacionales de noticias, por hacer cobertura de las manifestaciones sociales y políticas que ocurrían en Venezuela. Resaltan los casos de CNN en español y NTN24.
Durante el último año la señal de varios canales internacionales disponibles por televisión por suscripción también fue eliminada por Conatel, sin mayores justificaciones. La disminución de la limitada oferta de alternativas de medios, solo beneficia la política de hegemonía comunicacional ejecutada por el Gobierno, añadió Espacio Público en su pronunciamiento.
Desconectados
La opción de suscripción a plataformas informativas y de entretenimiento a través de internet es impensable para un gran porcentaje de la población venezolana, no solo por la falta de acceso a una conexión web, sino también por la velocidad de la misma y las reiteradas interrupciones del servicio debido a la deteriorada infraestructura de telecomunicaciones que posee el país.
Estadísticas oficiales de Conatel revelan que para el primer de 2019 la penetración de internet en Venezuela fue de 60%. Pero, en contraste, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reseñó en un estudio publicado en diciembre del año pasado que 51% de las personas encuestadas reportó fallas de internet a diario, agudizadas por las constantes interrupciones del servicio de electricidad.
En cuanto a la velocidad de conexión a internet, la firma especializada en medir la conectividad, Speedtest, ubicó a Venezuela en el puesto 175 de 176 países, con un promedio de 3,64 megabits por segundo (MBPS), una medida que supera a la de Turkmenistán, que con 2,06 MBPS obtuvo el peor resultado.
La libertad en la red es otro de los factores que representan un obstáculo de conexión para los venezolanos. Según el último informe de la ONG Freedom House, Venezuela obtuvo un puntuación de 30, en una escala de libertad de internet en la que se considera como “internet libre” a las puntuaciones que van de 70 a 100.
En su reporte anual sobre derechos digitales, titulado “Desconexión y censura”, para 2019 IPYS Venezuela registró al menos 188 casos de violaciones, en su mayoría ejercidas por proveedores de internet y victimarios desconocidos. “Estas vulneraciones y fallas generalizadas fueron aún más intensas en marzo de 2019, cuando se registraron apagones eléctricos en todo el país”, dice el estudio.
Los casos de vulneraciones a los derechos digitales incluyen, principalmente, restricciones de acceso a internet, ataques en línea y bloqueos a los sitios web de medios de comunicación independientes, alertó IPYS Venezuela. El caso más reciente corresponde al bloqueo del portal web de Runrun.es, que esta semana pasó a unirse a la larga lista de medios digitales restringidos.
Políticos respecto al caso
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no tardó en pronunciarse respecto al cese de operaciones de Directv y aseguró que la decisión que afectó a la empresa y a todos los venezolanos “es una consecuencia más de que una dictadura, apoyada en el narcotráfico y la violación de DDHH, esté usurpando el poder”.
Guaidó sostuvo que desde el gobierno interino están entrando en contacto con el proveedor del servicio para conocer sobre las exigencias que le hacía el régimen madurista poder seguir operando en el país.
En contraste, el presidente de la madurista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, hizo referencia a la situación bajo el argumento de las sanciones impuestas por EEUU: “Compatriotas ningún bloqueo podrá con la moral de un pueblo soberano. Ningún bloqueo nos censurará (…) Nosotros venceremos”.
Fuente: El Carabobeño