Uno de los sucesos más recientes sobre el caso de Álex Saab, el señalado testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, detenido desde el pasado 12 de junio en Cabo Verde, ha sido la aprobación de la justicia de ese país africano para que se produzca su extradición a los Estados Unidos.
Horas después, cuando se creía que finalmente el aliado del chavismo sería enviado a EEUU para ser dejado a disposición de una corte en Miami, su defensa recurrió al Tribunal Constitucional de Cabo Verde e impidió, al menos por el momento, el traslado del empresario en un avión de la DEA.
La petición de los abogados de Saab extendería el proceso en el país africano entre dos semanas y dos meses. Se trata del último recurso legal para el colombiano y si a la postre es fallado en su contra, no habría nuevas trabas, según especialistas en el tema, para concretar el proceso de extradición.
Tácticas dilatorias
El periodista de investigación Casto Ocando, editor de primerinforme.com, un portal digital que le ha hecho un seguimiento minucioso al caso comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS que este es un proceso que “no tenía por qué extenderse tanto”, pero “la defensa ha usado todo tipo de tácticas dilatorias”.
Ocando aseguró que el régimen [de Maduro] gastó “al principio” unos 65 millones de dólares en la estrategia de defensa de Saab. De hecho, el abogado principal del sospechoso es el exjuez español Baltasar Garzón, un jurista reconocido a nivel internacional por casos como el del exdictador chileno Augusto Pinochet y el del líder de Wikileaks, Julian Assange.
“Pero [el costo de la defensa] ahora puede superar los 100 millones de dólares”, afirmó el comunicador, quien resaltó la existencia de “otro grupo legal” que Saab y sus aliados ya tienen en operación en Estados Unidos, particularmente en el sur de la Florida.
El sitio Courthouse News Service menciona en un artículo del 16 de marzo que su abogada en Estados Unidos sería Lindy Keown, quien presentó el 21 de enero una moción para que una corte del Distrito Sur de Florida le quite el “estatus de prófugo” a su cliente.
Para Keown, según dice el documento, Saab tiene derecho a “impugnar la jurisdicción del tribunal de Florida”, con el argumento de que tenía “inmunidad diplomática” desde el arresto en Cabo Verde y porque, asegura, su defendido nunca ha vivido en EEUU.
Ocando cree que las “opciones” a Saab para ser extraditado “se le están acabando” y está convencido de que su remisión a EEUU se dará tarde o temprano.
Una vez en poder de la justicia estadounidense, el periodista estima que Saab solo tendría dos opciones: una, cooperar, y la segunda mantenerse fiel al dictador Nicolás Maduro, para no revelar todo lo que conoce sobre la mafia venezolana y sus alcances en otros países.
“Si coopera, hay múltiples agencias que van a hablar con él. El FBI seguramente le preguntará por sus relaciones con Irán y el terrorismo internacional. La DEA querrá saber cómo estaría lavando dinero proveniente del narcotráfico y el Homeland Security indagará por el uso del sistema financiero de EEUU con fines criminales”, explicó.
El otro escenario que traza Ocando tiene que ver la eventual decisión de Saab de no colaborar con las autoridades estadounidenses.
En este caso, según el comunicador, “veremos un juicio como el de los “narcosobrinos” [condenados por narcotráfico], con la desventaja para él de que si no coopera, los jueces se afincarán más en la condena y corre el riesgo de que no se le pueda reducir la pena”.
Firmeza de la justicia
Tras ser consultado sobre la decisión de la justicia caboverdiana de permitir una última apelación en el proceso de traslado de Saab a Estados Unidos, el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo exaltó la “firmeza” del sistema judicial de esa nación africana.
“Es importante reconocer la firmeza de las instituciones de Cabo Verde. Han aguantado toda la tempestad de la delincuencia que ha ido contra un país muy pequeño, de solo 500.000 habitantes, que ha hecho valer sus instituciones”, opinó.
Acorde con Rebolledo, especialista en prevención de la delincuencia organizada, “procesalmente [los jueces] están cumpliendo con el ordenamiento jurídico para que no quede duda de que se les respetaron todas las garantías al señor Saab”.
El jurista dilucidó que es importante que se agoten todas las instancias jurídicas solicitadas por Saab y su equipo legal para más tarde “evitar” que ese sea un “argumento” ante la justicia de Estados Unidos.
“No hay tentáculos que no haya movido el régimen de Maduro para doblegar a la justicia de Cabo Verde”, puntualizó Rebolledo.
100 años de prisión
Entretanto, Baltasar Garzón, abogado de Saab, informó que su defendido podría enfrentar una pena de hasta 100 años de prisión por todos los cargos que se le imputan en relación con el régimen venezolano.
Durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot, el letrado destacó que finalmente el confinamiento del señalado testaferro de Maduro podría “resumirse” en una “condena previsible de 20 años”.
Agregó que, de acuerdo con su experiencia, “Estados Unidos no es de los países que respeta el contenido de las extradiciones”, y dijo que “[las] expanden” hasta “donde consideren”.
En su comparecencia en televisión, Garzón restó validez a los rumores que indican que el empresario de origen colombiano tendría “secretos” que comprometen al dictador Nicolás Maduro.
Los cargos
Saab está acusado por ocho delitos en Estados Unidos, siete vinculados con lavado de activos y uno por conspiración para cometer lavado de activos, según el Departamento de Justicia.
El empresario nacido en Barranquilla (ciudad del Caribe colombiano) fue imputado el 25 de julio de 2019 por un presunto “esquema de sobornos” para aprovechar el control de cambio monetario aplicado en Venezuela y así obtener más dólares estadounidenses a una tasa favorable.
Los registros muestran que, desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas “conspiraron con terceros” para lavar dinero desde cuentas bancarias en Venezuela a otras en Estados Unidos.
Para ello, Saab y Pulido se habrían valido de documentación falsa sobre importaciones que nunca se realizaron.
Las investigaciones permiten conocer que Saab y sus socios habrían sobornado a entidades gubernamentales en Venezuela, con el propósito de obtener la aprobación de esos documentos.
Las reuniones para el pago de los sobornos supuestamente tuvieron lugar en Miami. Según la denuncia, Saab transfirió 350 millones desde Venezuela a cuentas que poseía o controlaba en el exterior utilizando el sistema bancario de Estados Unidos.
Fuente: Diario las Américas
Tácticas dilatorias
El periodista de investigación Casto Ocando, editor de primerinforme.com, un portal digital que le ha hecho un seguimiento minucioso al caso comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS que este es un proceso que “no tenía por qué extenderse tanto”, pero “la defensa ha usado todo tipo de tácticas dilatorias”.
Ocando aseguró que el régimen [de Maduro] gastó “al principio” unos 65 millones de dólares en la estrategia de defensa de Saab. De hecho, el abogado principal del sospechoso es el exjuez español Baltasar Garzón, un jurista reconocido a nivel internacional por casos como el del exdictador chileno Augusto Pinochet y el del líder de Wikileaks, Julian Assange.
“Pero [el costo de la defensa] ahora puede superar los 100 millones de dólares”, afirmó el comunicador, quien resaltó la existencia de “otro grupo legal” que Saab y sus aliados ya tienen en operación en Estados Unidos, particularmente en el sur de la Florida.
El sitio Courthouse News Service menciona en un artículo del 16 de marzo que su abogada en Estados Unidos sería Lindy Keown, quien presentó el 21 de enero una moción para que una corte del Distrito Sur de Florida le quite el “estatus de prófugo” a su cliente.
Para Keown, según dice el documento, Saab tiene derecho a “impugnar la jurisdicción del tribunal de Florida”, con el argumento de que tenía “inmunidad diplomática” desde el arresto en Cabo Verde y porque, asegura, su defendido nunca ha vivido en EEUU.
Ocando cree que las “opciones” a Saab para ser extraditado “se le están acabando” y está convencido de que su remisión a EEUU se dará tarde o temprano.
Una vez en poder de la justicia estadounidense, el periodista estima que Saab solo tendría dos opciones: una, cooperar, y la segunda mantenerse fiel al dictador Nicolás Maduro, para no revelar todo lo que conoce sobre la mafia venezolana y sus alcances en otros países.
“Si coopera, hay múltiples agencias que van a hablar con él. El FBI seguramente le preguntará por sus relaciones con Irán y el terrorismo internacional. La DEA querrá saber cómo estaría lavando dinero proveniente del narcotráfico y el Homeland Security indagará por el uso del sistema financiero de EEUU con fines criminales”, explicó.
El otro escenario que traza Ocando tiene que ver la eventual decisión de Saab de no colaborar con las autoridades estadounidenses.
En este caso, según el comunicador, “veremos un juicio como el de los “narcosobrinos” [condenados por narcotráfico], con la desventaja para él de que si no coopera, los jueces se afincarán más en la condena y corre el riesgo de que no se le pueda reducir la pena”.
Firmeza de la justicia
Tras ser consultado sobre la decisión de la justicia caboverdiana de permitir una última apelación en el proceso de traslado de Saab a Estados Unidos, el magistrado venezolano Alejandro Rebolledo exaltó la “firmeza” del sistema judicial de esa nación africana.
“Es importante reconocer la firmeza de las instituciones de Cabo Verde. Han aguantado toda la tempestad de la delincuencia que ha ido contra un país muy pequeño, de solo 500.000 habitantes, que ha hecho valer sus instituciones”, opinó.
Acorde con Rebolledo, especialista en prevención de la delincuencia organizada, “procesalmente [los jueces] están cumpliendo con el ordenamiento jurídico para que no quede duda de que se les respetaron todas las garantías al señor Saab”.
El jurista dilucidó que es importante que se agoten todas las instancias jurídicas solicitadas por Saab y su equipo legal para más tarde “evitar” que ese sea un “argumento” ante la justicia de Estados Unidos.
“No hay tentáculos que no haya movido el régimen de Maduro para doblegar a la justicia de Cabo Verde”, puntualizó Rebolledo.
100 años de prisión
Entretanto, Baltasar Garzón, abogado de Saab, informó que su defendido podría enfrentar una pena de hasta 100 años de prisión por todos los cargos que se le imputan en relación con el régimen venezolano.
Durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot, el letrado destacó que finalmente el confinamiento del señalado testaferro de Maduro podría “resumirse” en una “condena previsible de 20 años”.
Agregó que, de acuerdo con su experiencia, “Estados Unidos no es de los países que respeta el contenido de las extradiciones”, y dijo que “[las] expanden” hasta “donde consideren”.
En su comparecencia en televisión, Garzón restó validez a los rumores que indican que el empresario de origen colombiano tendría “secretos” que comprometen al dictador Nicolás Maduro.
Los cargos
Saab está acusado por ocho delitos en Estados Unidos, siete vinculados con lavado de activos y uno por conspiración para cometer lavado de activos, según el Departamento de Justicia.
El empresario nacido en Barranquilla (ciudad del Caribe colombiano) fue imputado el 25 de julio de 2019 por un presunto “esquema de sobornos” para aprovechar el control de cambio monetario aplicado en Venezuela y así obtener más dólares estadounidenses a una tasa favorable.
Los registros muestran que, desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas “conspiraron con terceros” para lavar dinero desde cuentas bancarias en Venezuela a otras en Estados Unidos.
Para ello, Saab y Pulido se habrían valido de documentación falsa sobre importaciones que nunca se realizaron.
Las investigaciones permiten conocer que Saab y sus socios habrían sobornado a entidades gubernamentales en Venezuela, con el propósito de obtener la aprobación de esos documentos.
Las reuniones para el pago de los sobornos supuestamente tuvieron lugar en Miami. Según la denuncia, Saab transfirió 350 millones desde Venezuela a cuentas que poseía o controlaba en el exterior utilizando el sistema bancario de Estados Unidos.
Fuente: Diario las Américas