OMAR ESTACIO Z.,
Alguna fibra le tocaron al juez, William P. Dimitrouleas, las cartas de súplicas enviadas por un hijo de 14 años, de otros familiares, amigos y de la propia Claudia Díaz Guillen, mejor conocida, como la “enfermera de Chávez”.
La Fiscalía y el Departamento de Justicia, en el memorándum correspondiente habían recomendado la imposición de 23 y 20 años de cárcel, respectivamente, para la señora Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa. La petición se ajustaba a los parámetros de la Guía o baremo del sistema penitenciario de EEUU. No obstante, el magistrado de la Corte del Distrito Sureste del estado de Florida, hizo valer su libertad o autonomía para acatar o no tales sugerencias. Condenó a los citados esposos a una pena menor: 15 años para cada uno, por haber sido hallados por el jurado culpables de los delitos de conspiración o de intento de lavado de capitales (18 § 1956 (h) del Código Federal) y de lavado de capitales, consumatum est (§ 1956 (a) (2) (A), del mismo Código).
La referida “enfermera”, en su carta consignada el miércoles pasado, muy temprano, horas antes de ser condenada, aseguró que cuando tomó posesión del cargo de Tesorera Nacional de Venezuela, era una “ingenua”. Sin embargo, las evidencias exorbitantes y cursantes en el expediente demuestran lo contrario. La Fiscalía aportó más de dos mil elementos de convicción: Mensajería electrónica, fotografías, transferencias bancarias, adquisiciones de inmuebles; la vida de lujos de los acusados, en general, como viajes en yates, en tres jets privados a su disposición y compras de prendas de alta gama. Muchos creímos que ante tal avalancha probatoria, Díaz Guillén y su esposo, reconocerían culpabilidad y celebrarían algún acuerdo o delación premiada con las autoridades que les rebajase las inminentes condenas. Pero no. Los acusados presos del pánico por alguna amenaza o mal aconsejados, insistieron en su inocencia con argumentos que a la postre, al jurado le parecieron irrelevantes. Cinco cargos de culpabilidad y tres de no culpabilidad. Perdieron por goleada ante la vindicta pública.
Díaz Guillén, en su carta le ofreció al honorable juez, Dimitrouleas, colaborar con los investigadores. Sin embargo, la Fiscalía y el Departamento de Justicia, desmienten tal disposición. Incluso les rechazaron la aplicación de varios precedentes judiciales que les habrían valido descuentos de años de sus condenas, precisamente, por tal falta de colaboración.
Por otra parte, las dos dependencias gubernamentales antes referidas, alegaron que, Díaz Guillén, durante el proceso “subió al estrado del tribunal para mentir” aparte que, ella y su esposo, “intentaron minimizar o distraer la seriedad y naturaleza de sus crímenes” y para peores “también, demostraron débil remordimiento por sus delitos y por los daños que causaron”.
¿A quién o quiénes y por qué Díaz Guillén y Velásquez Figueroa no quisieron o temieron delatar?
Alejandro Andrade, el celebérrimo “Tuerto”, involucrado, hasta los tuétanos, en ese mismo expediente, delató cuanto pudo -a los referidos esposos, entre otros- y a cambio, recibió escasos 10 años de cárcel. A la postre, reducidos a cinco, porque según el informe de un pretendido pastor, “El Tuerto” durante su reclusión, se arrepintió de sus pecados y se convirtió en un ferviente devoto.
“Odia al delito, compadece al delincuente”. La frase que hemos hecho, nuestra, es de la poetisa, Consuelo Arenal. No nos alegramos por el infortunio de Díaz Guillén y su marido. Merecen nuestra conmiseración, pero en paralelo que paguen el castigo que se buscaron.
Para finalizar, como venezolanos exigimos que las autoridades de EEUU extremen las diligencias para que, dentro del más estricto apego al debido proceso, los penados provean información suficiente para identificar a todos sus compinches. En la súplica antes mencionada, la hoy penada habla de las terribles intimidaciones de las cuales han sido víctimas ella y su familia. Jurídicamente es viable que, en fase de cumplimiento de sentencia, Claudia Díaz Guillén y su esposo, celebren acuerdos con el Gobierno norteamericano en tal sentido. Damos por seguro que, de hacerlo, saldrán a relucir varios altos cargos del actual desgobierno de Maduro. Quizás, incluido este último. Que ladrones, es lo que sobra en semejante Patio de Monipodio.
Y si por cantar como tenorinos o croar como batracios, hay que reducirles sus condenas, dura lex, sed lex. Pero eso sí, primero, que devuelvan los mencionados USD 130 millones.
“¡Estos tipos se metieron un billetón!” traducción libre del: “They made a lot of money”, que expresó el juez Dimitrouleas, no muy convencido, de su clemencia con dichos, mujer y marido.