La idea de la separación de los poderes públicos es que existan contrapesos entre ellos, de tal manera que uno no sea hegemónico y ejerza el poder a su antojo. Estos poderes son ejercidos por las autoridades, electas en primer o segundo grado de manera transparente, en el marco de la Constitución y las leyes. Esto sería en esencia un sistema político republicano en donde el soberano es el ciudadano.
La degeneración de un sistema político republicano sería la pérdida progresiva de esas cualidades hasta mutar a otro sistema político. Esto sería la transposición de la soberanía del ciudadano a una(s) autoridad(es). Esta autoridad degrada el sistema electoral haciéndolo poco verificable y concentra el poder para ejercerlo a su antojo, aboliendo el sistema de contrapesos entre los poderes públicos. Para que esto ocurra, la ley muta y el concepto de justicia cobra otro sentido, de tal manera que sea legalizado, en el ejercicio del poder, el uso de la violencia para mantener el nuevo sistema, el cual podemos llamar de tiranía.
En el fenómeno político brasileño podemos encontrar rasgos de una tiranía que se está estableciendo con éxito desde el poder judicial: magistrados electos en segundo grado han arrebatado la soberanía a los ciudadanos y con ella ejercen el poder a su antojo, dando una interpretación unilateral de la justicia y legalizando el uso de la violencia en la política.
Más allá del polémico proceso electoral, que estos tiranos del poder judicial han prohibido cuestionar so pena de multa, cárcel y censura, ahora se ha consolidado de facto la abolición de artículos de la Constitución. Veamos el caso del artículo 53 que dice lo siguiente:
«Los diputados y senadores son inviolables, civil y criminalmente, por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos.»
El primer diputado federal que fue perseguido por el magistrado Alexandre de Moraes fue Daniel Silveira, por haber emitido una opinión. Fue preso político, bloquearon sus cuentas bancarias, sus redes sociales y hasta su esposa fue asediada por estas acciones. Y ahora lo son los diputados electos del bolsonarismo, como Carla Zambelli y Bia Kicis.
El 1ero de diciembre de 2022, Alexandre de Morais determinó que las redes sociales de la diputada federal reelecta, Carla Zambelli, fueran censuradas por «difundir informaciones falsas» que según Morais, atentan contra la democracia y sus instituciones. Además, amenaza con una multa de 20.000 reales por cada nuevo video que realice, los cuales serán descontados de su salario como parlamentaria. Cabe destacar que ella ha sido víctima de un proceso de judicialización encabezado por el mismo Alexandre de Moraes desde hace 2 años, del cual nunca se le había permitido el acceso al expediente, hasta esta última decisión, violando su derecho a defenderse legalmente. Zambelli emitió un mensaje diciendo que no realizaría más vídeos y se quedaría sin redes sociales, reconociendo infelizmente la victoria del tirano magistrado.
Esto ha generado un precedente muy peligroso para el sistema político brasileño, en el que la Constitución comienza a ser desvencijada en pedazos con fines políticos.
¿Quién o quiénes podrían detener el avance de esta tiranía desde el poder judicial en Brasil?
A pesar de todo este contexto, que hemos analizado con algunas pinzas en esta entrega, hay que prestar atención al discurso del presidente Jair Bolsonaro al pueblo que lo acompaña, el día viernes 9 de diciembre en el Palacio de Gobierno. Elevó las expectativas de sus seguidores y dejó entender que las protestas pacíficas deben ser mantenidas, pues el rol de la Fuerza Armada aún estaría por verse y esto, proyecta un panorama incierto a la toma del poder de Lula el 1ero. de enero de 2023.
Esta acción llena de esperanza a los ciudadanos que tienen conciencia de su poder soberano, que creen en la separación de los poderes públicos, que quieren que se respete la Constitución y las leyes, y que en definitiva no quieren la degeneración del sistema político republicano en Brasil.