MIAMI – Estados Unidos, Canadá, Suiza y el bloque de países de la Unión Europea han designado sanciones contra régimen de Daniel Ortega y su círculo familiar en Nicaragua por corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, pero la reacción del gobernante ha sido desatar una brutal represión contra la oposición y la Iglesia católica, al mismo tiempo que procura fortalecer las instituciones armadas y las bases sobre las que se sostiene su dictadura.
Hasta ahora las sanciones, que buscan presionar para llegar a unas negociaciones que conduzcan a elecciones libres en Nicaragua y la restauración de la democracia, han provocado la ira del régimen que ha escalado la ola represiva.
Las últimas acciones represivas del régimen es la acusación contra el sacerdote Oscar Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo, en Mulukukú, en la Costa Caribe; y el destierro del padre Guillermo Blandón, párroco de la iglesia Santa Lucía de Boaco, a quien el régimen le impidió el retorno a Nicaragua cuando regresaba de Israel.
Benavidez es el quinto presbítero acusado por el régimen en septiembre. Otros dos sacerdotes han sido condenados a cinco y 30 años de cárcel, mientras dos seminaristas, un diácono y un laico trabajador de la iglesia permanecen encarcelados en espera de juicio, sin una clara acusación.
Y aunque el papa Francisco dijo el pasado 15 de septiembre que el Vaticano mantiene un diálogo con el régimen sandinista, la represión contra la Iglesia católica no cesa.
Ante la nueva ola represiva, el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, declaró a la Voz de América que “vendrán más sanciones” contra el régimen de Ortega.
Sectores de la oposición nicaragüense sostienen que las sanciones no han logrado contener la escalada represiva del régimen y dudan sobre su efectividad.
Consultado sobre el tema, el abogado y analista político Carlos Ávila, a quien identificaremos con ese nombre por razones de seguridad, valoró que las sanciones “sí han tenido efectividad” y a su juicio “son necesarias algunas modificaciones”, entre ellas, ampliar las sanciones individuales que afectan las finanzas y restringe la entrada a países de funcionarios de la dictadura.
“Hay efectividad, la prueba es que se volvió un tema tabú en Nicaragua, al extremo que se implementó una ley, la 1055, que penaliza hablar siquiera de las sanciones. Al régimen le han dolido las sanciones. Además, son necesarias y hay que seguirlas aplicando, pero deben entender que tienen sus limitaciones y creo (la comunidad internacional) debe mejorar en las designaciones”, apuntó el experto.
El régimen reaccionó esta semana nuevamente sobre el tema de las sanciones. La esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, sancionada por Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea por corrupción y violaciones a los derechos humanos, dijo no aceptar lo que considera una “política de agresiones”.
Ávila sostuvo que se ha subestimado la terquedad y el apego de Ortega al poder: “No hay una necesaria relación de causa-efecto entre intensificación de las sanciones y que Ortega ceda. En primer lugar, como toda acción internacional tiene sus limitaciones, no se le puede atribuir efectos mágicos, eso genera frustración en los nicaragüenses y en la comunidad internacional”.
Limitaciones
De acuerdo con el jurista, las sanciones son importantes como estrategia de presión y de expresión de repudio al régimen, pero por sí solas “difícilmente van a generar un cambio político. No han generado ningún cambio político en ninguna parte, aún en el caso de sanciones más amplias como ocurrió con Cuba, y luego con Venezuela, hablando de la región”.
Otra limitación es la falta de unanimidad a la hora de aplicar sanciones, algo que el analista cree que contribuye a que los sancionados puedan evadirlas y cree que la “coordinación” es un tema que la comunidad internacional debe trabajar.
“Algo se había dicho sobre el tema entre Estados Unidos y la Unión Europea en ese campo, ese es uno de los puntos que se pueden mejorar”, recordó.
“El otro obstáculo es la gradualidad de las sanciones porque hay una serie de consideraciones a la hora de aplicarlas desde las económicas hasta las humanitarias. Entre las sanciones individuales, que son financieras y migratorias, ahí creo que ha habido una excesiva gradualidad [consideraciones] tal vez porque se ha subestimado la capacidad de Ortega para resistir y eso ha generado una sensación de impunidad porque vemos a personeros de rango medio del régimen viajando a Estados Unidos y a Europa”, apuntó.
En ese sentido, el entrevistado aseguró que se requieren modificaciones para hacer más presión contra la dictadura.
“Aquí no ha habido sanciones contra el Ejército y eso no tiene explicación desde el lado de una consideración humanitaria, a veces la gradualidad ha sido excesiva y eso beneficia al régimen. Ha sido diferente es el caso de las sanciones generales [contra instituciones]”, explicó.
Más amplias
El jurista cree necesario aplicar sanciones con mayor amplitud y celeridad porque ayudan a generar fisuras dentro del círculo de poder de Ortega.
Agregó que la oposición debe “insistir [con la comunidad internacional] para ampliar y profundizar con aquellas sanciones cuyo efecto sea más grave para Ortega y su círculo de poder y afecte lo menos posible a la población. Recordemos que el sandinismo gobernó en ruinas este país en la década de 1980 [durante el primer régimen sandinista 1979-1990] y que no se van a amilanar por el deterioro del nivel de vida de la población, mientras ellos logren tener a salvo sus intereses financieros directos y conseguir recursos para que el Estado funcione”.