Los rectores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú podrían ser suspendidos de sus cargos e incluso inhabilitados por el Congreso si avanza la reforma constitucional que se ha empezado a debatir.
Seis proyectos que están en manos de la Comisión de Constitución coinciden en modificar el artículo 99 de la Carta Magna para permitir a la Comisión Permanente acusar a las autoridades del sistema electoral por infracción a la normativa fundamental en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de haber cesado de estas como ocurre con el presidente de la República, los ministros, diputados, miembros del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, vocales de la Corte Suprema, Defensoría y Contraloría.
“Si esta reforma prospera, el Congreso podrá acusar a los titulares de la ONPE, el JNE y Reniec, para luego poder sacarlos de sus cargos, básicamente, por la imposición de votos por supuestas infracciones constitucionales”, explica La República.
Propuestas con filtros
Sobre el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Hernando Guerra, perteneciente al partido Fuerza Popular, recae la responsabilidad de escoger alguno de los seis proyectos o fusionarlos para editar una propuesta de predictamen para su aprobación y envío al pleno, donde requerirá de 87 votos en dos legislaturas consecutivas -dos periodos de sesiones- para convertirse en realidad.
Guerra tiene trabajo por delante, considerando que el contenido de las reformas propuestas va desde incluir como sujetos de acusación por infracción constitucional a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), instancia clave en la designación, evaluación y ratificación de los jueces y fiscales, hasta priorizar un antejuicio político para los jefes del JNE, ONPE y Reniec.
La especialista en derecho constitucional de Perú, Beatriz Ramírez, subraya que “la posibilidad de infracción constitucional abre el margen de control político amplio del Congreso frente al sistema electoral”.
Su visión ofrecida al medio es similar a la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su reciente informe sobre las violaciones a los derechos humanos en las protestas, donde recomienda evitar cambios que puedan “generar mella en la autonomía electoral”.
De hecho, la instancia incentiva a tomar medidas que refuercen y fortalezcan la confianza de la ciudadanía en el Estado, a partir de “la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos y del sistema electoral” para garantizar la democracia en Perú.
Jueces y parte
El debate de esta reforma constitucional en Perú pinta áspero, según señala José Naupari, especialista en derecho electoral, quien explica que en el caso del enjuiciamiento de las autoridades electorales estaría sujeto a conflicto de intereses porque los parlamentarios que se encargarían de evaluar la suspensión de sus cargos o inhabilitación pertenecen a partidos políticos. “Los congresistas serían jueces y parte”.
En este caso, los diputados que impulsan las iniciativas son Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Rosselli Amuruz, de Avanza País; Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso; y tres legisladores del grupo Acción Popular: Luis Aragón, Elvis Vergara y Wilson Soto.
Es evidente que incidió la agonía y desconfianza en la última elección presidencial, donde el izquierdista Pedro Castillo venció con 50,12 % en segunda vuelta a Keiko Fujimori, quien obtuvo 49,88 %, una diferencia que en votos representó apenas 44.058 boletas. La espera de un mes para proclamarlo en el cargo levantó dudas que ahora le costarían mucho a una nación cuya conflictividad rompe récord al registrar seis presidentes y tres parlamentos en siete años.