El gobierno argentino de Javier Milei vio cómo desde el Congreso se puso una nueva traba para la aprobación del articulado de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Por ende, el proceso vuelve a “cero” mientras que desde la Casa Rosada piensan estrategias para garantizar la desregulación de distintos sectores productivos, sociales y culturales que proponía este conjunto de más de 600 artículos y que luego de la votación general (ahora invalidada) se redujo a unos 300.
La izquierda canta victoria por estas horas aunque no haya ganado nada. Por su parte, el sector larretista del PRO aseguró su suicidio político de cara a las elecciones de medio término de 2025 tras apartarse de la aprobación de la ley. Es un escenario convulso donde muchos se preguntan qué va a pasar.
Ricardo Manuel Rojas, abogado y columnista, autor del artículo “La bala de plata para el futuro de Argentina”, publicado en PanAm Post, despeja varias dudas sobre el camino que podría tomar el gobierno de Javier Milei para destrabar este asunto, cuya situación provoca la respuesta de los mercados y del propio electorado, que defiende la propuesta inicial del presidente libertario por más que grupos de izquierda presionen con hacer más ruido en las calles, aunque no cuenten con mayoría.
La ley de Bases vuelve a comisión, lo que abre una serie de posibilidades: emitir decretos, hacer un referendo vinculante con aprobación del Congreso o una consulta popular no vinculante. ¿Nos puede compartir un breve análisis de cómo ve esta situación para el gobierno de Milei y qué camino podrá tomar para avanzar con estas medidas?
A partir de la vuelta a comisión se reinicia la discusión parlamentaria, y en principio, una vez que vuelva a tener dictamen favorable, deberá volver a tener toda la discusión. Ese es el camino normal, que según la voluntad de los legisladores se podría hacer de manera bastante rápida, retocando los artículos donde hubo discusiones, quitando quizá algunos artículos que generen polémica, y volviendo a subir rápidamente el proyecto a recinto.
También puede haber una voluntad en contrario, y según opinan algunos dirigentes, esto significa la muerte de esa ley, y ya no va a volver a discutirse. Creo que para enderezar el proyecto, lograr un nuevo consenso y enviarlo rápidamente al pleno de la Cámara, requeriría una alta cuota de diálogo y búsqueda de consensos, y menos confrontación. Otras soluciones que se están barajando no las veo viables.
No creo que el Congreso esté dispuesto a convocar un refererendo vinculante para someter la ley “in totum” a la decisión de la gente. Los motivos son muchos: porque es una ley gigantesca que nadie podría votar conscientemente por sí o por no, porque hay puntos que los propios diputados ya han rechazado y no creo que estén dispuestos a someter a discusión. Porque el punto más delicado, que es el de la delegación legislativa en los términos en que está redactada en la ley, de ser aprobada en un referendo vinculante, le daría al presidente un poder legislativo que prácticamente no tendría posibilidades de control por el Congreso.
Además, porque el Congreso jamás manifestó su imposibilidad o desinterés por tratar este tema por los carriles normales, de modo que no veo motivo para un referendo. Una consulta popular no vinculante hecha por el presidente sólo para tratar de buscar el apoyo popular, no creo que tenga mucho sentido, es un instrumento generalmente utilizado por gobernantes autoritarios, y hasta ahora el presidente Milei ha sido respetuoso de los procedimientos constitucionales. Si la gente votara a favor, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cerrar el Congreso, poner a los jueces en comisión? ¿Intervenir las provincias de gobernadores díscolos? Nada bueno podría salir de ese tipo de decisiones. Porque además, esta ley es simplemente un punto de partida para una serie de normas que tendrán que venir después.
¿Se haría una consulta para cada futura ley que sea necesaria? En definitiva hay procedimientos constitucionales y creo que esos son los que hay que seguir. Para activarlos, lo que debería hacer, a mi juicio, es política, esto es, buscar consensos, dialogar, y no maltratar a los políticos opositores que tienen intención de colaborar.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, mencionó la traición de parte de los diputados que habían votado a favor de la ‘Ley de bases’ la semana pasada, pero que ahora se negaron a aprobar los artículos ¿Cómo va a quedar la relación de Milei con el Congreso ante este escenario?
Uno de los problemas que tiene la política actual es que el recinto del Congreso es sólo un escenario para teatralizar una decisión. Nada se decide en el recinto. Los asuntos, o ya vienen resueltos antes de sesionar, o se van resolviendo en algún despacho reservado, mientras se va sesionando.
Ninguno de los discursos que se dijeron en el Congreso tuvo ninguna utilidad práctica de cara a que se apruebe o no apruebe la ley. De modo que para hablar de diputados “traidores”, habría que conocer si hubo algún tipo de negociación entre los bloques, que alguien traicionó. Lo que como ocurre habitualmente en la clandestinidad, no lo podremos saber.
Las leyes se votan en general y en particular, porque un diputado puede estar de acuerdo en general con una ley, pero estar en desacuerdo con algunos artículos. Eso se sabía que iba a ocurrir, por ejemplo, con los términos en que estaba planteada la delegación legislativa, o con algunos aspectos de las privatizaciones. Que alguien haya votado a favor en general, y luego esté en contra en particular por algún artículo, no significa que sea un “traidor” necesariamente. Pero vimos que hubo un cuarto intermedio, tras el cual sin más discusión la ley volvió a Comisión.
¿Cómo se negoció eso, qué pasó en el medio? Es algo que sólo lo saben los diputados que estuvieron involucrados. Por supuesto que Milei debe seguir negociando, porque la alternativa es romper con la Constitución y convertirse en dictador, que no creo que esté en sus planes. Deberá mejorar notoriamente su relación con los grupos opositores que tienen vocación para ayudar, y elegir mejores negociadores propios dentro del Congreso.
Usted citaba en la columna publicada en PanAm Post que la elección de Milei no iba a ser la solución, sino el inicio de un largo camino hacia la solución. ¿Qué opina ahora de todo lo que está ocurriendo con la ‘Ley de bases’?
Por supuesto esta enorme ley, que originalmente tocaba tantos temas, está llamada a ser el punto de partida de una serie de modificaciones que serán necesarias. Por lo tanto es indispensable volverla a discutir hasta encontrar una redacción que pueda ser aceptada por los diputados que quieren colaborar y con quienes se puede conformar mayoría. Y una vez que se sancione, habría que hacer lo mismo con las que vengan después.
¿Qué responder a quienes hablan de un supuesto abuso de poder con las medidas que propone el gobierno de Milei en temas que van desde la educación hasta la privatización de empresas?
Lo curioso de esta enorme ley, así como del DNU, es que lo que intentan no es darle más poder al gobierno, sino quitárselo. El Estado argentino está fuertemente sobredimensionado, y lesiona directamente los derechos individuales. Esta ley es el punto de partida de quitarle a los individuos ese peso opresor del Estado y permitirle ejercer sus derechos para buscar su bienestar.
Desde esta perspectiva, lejos de una forma de acaparar poder, lo que se propone es una forma de eliminar poder. Por supuesto que las formas tienen mucho que ver con esto, y en ese sentido me refiero a la forma en que se establezca una eventual delegación legislativa al presidente, y cómo se usen esas facultades. Creo que ahí está el dilema central, que es lo que fundamentalmente trabó la discusión en el Congreso.