miércoles, noviembre 27, 2024
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Reforma migratoria exprés de Biden supone abuso de poder

MIAMI — Una nueva oleada de migrantes se espera en la frontera sur de Estados Unidos este 11 de mayo, cuando llegue a su fecha de caducidad la política conocida como Título 42; una medida puesta en vigencia en el contexto de la pandemia del COVID-19 que impedía que ciertas personas que buscaban asilo ingresaran al país, bajo el argumento de razones de salud.

Con el fin del Título 42, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas migratorias que la abogada especialista en Inmigración María Herrera Mellado califica de una “reforma migratoria exprés”, que considera un abuso de poder y que podrían ser inconstitucionales.

Con el fin de la medida se espera que miles de migrantes, más de 45.000, que permanecen en refugios en la frontera sur salgan para hacer filas en los puestos fronterizos de Estados Unidos para pedir asilo, y se anticipa la afluencia de nuevos migrantes que podrían salir en caravanas de sus países. Las estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indican que a diario podrían llegar entre 9.000 y 15.000 migrantes a la frontera en busca de asilo.

La abogada Herrera Mellado, dijo que lo más previsible y que ya ha dicho la Patrulla Fronteriza es que habrá un ascenso dramático y significativo en la entrada masiva de inmigrantes, cuyas estimaciones indican que podrían ser unas 15.000 personas al día, situación que agravaría la crisis en el sistema migratorio de Estados Unidos.

Herrera Mellado, se refiere a los tiempos de espera, atascamiento en los tribunales de justicia donde más 2.1 millones de casos están en espera de resolución y que obliga a los migrantes a aguardar años, una espera que varía de acuerdo con el lugar donde se procese el caso.

Por ejemplo, en Nueva York, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) instruyó a los solicitantes de asilo a que regresen hasta marzo de 2033, dijo recientemente en una audiencia reciente Henry Cuellar, legislador demócrata por Texas.

En otras nueve ciudades como San Antonio; Miramar, Florida; Los Ángeles; Jacksonville, Florida; Milwaukee; Chicago; Washington; Denver y Mount Laurel, Nueva Jersey, la espera es hasta marzo de 2027, según un reporte de la agencia AP.

Con el fin del Título 42, entrará en vigor el Título 8, que regulaba la inmigración antes de la pandemia y que conlleva consecuencias adicionales para la inmigración ilegal. Aún con las restricciones del Título 42, el gobierno de Biden ha registrado cifras récord de personas que cruzan la frontera.

Migración y campaña electoral
La administración del presidente Joe Biden anunció nuevas medidas ante la avalancha de migrantes que se espera, en medio de su campaña electoral para reelegirse como presidente de Estados Unidos.

Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, que ha mantenido una política de fronteras abiertas y se ha mostrado indiferente ante el caos en la frontera sur, se registran más de 7 millones de migrantes ingresando por la frontera. De ellos, 5,987,188 reporta la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

A la anterior cifra, se suma más de un millón ingresaron sin ser identificados, refiere la abogada Herrera Mellado.

“Hay un millón de personas de las que no se sabe por dónde entran, y 1.2 millones de solicitantes de asilo de los que tampoco se sabe ni se tiene información porque tienen que esperar hasta que les den una cita para comparecer en persona en la Corte, y muchos se mudan de estado”, señaló.

Tras dar a conocer oficialmente su candidatura a la reelección, Biden anunció las nuevas medidas migratorias, como la creación de centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia en los que migrantes y refugiados de América Latina podrán tener acceso a vías legales para migrar, tanto en territorio estadounidense como en España y Canadá.

Un acuerdo con México establece la creación de nuevas políticas para detener los cruces ilegales y abrir otras vías. México seguirá aceptando migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que sean rechazados en la frontera, mientras que Estados Unidos confirmó su oferta de recibir a 30.000 personas al mes de esos cuatro países

Al mismo tiempo anunció el “parole de reunificación familiar” para Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, sin tener que esperar años por una visa de inmigrante.

Reforma exprés y trato discriminatorio
Para la especialista Herrera Mellado, crear un nuevo permiso humanitario o de reunificación familiar es un trato discriminatorio para inmigrantes que se han sometido al proceso de espera y no tienen los beneficios de hacerlo de una forma acelerada, “tal y como vimos con el permiso humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que ahora ha sido impugnado en los tribunales y habrá una resolución en Texas”.

La abogada cree que los grupos defensores de la Constitución van a volver a demandar a la administración de Joe Biden, “para decirle que si él quiere pasar una reforma migratoria tendrá que hacerlo a través de la Cámara Alta o del Senado y tendrá que llegar a acuerdos con los legisladores porque la crítica mayor de esta reforma exprés es que supone un abuso del poder del Ejecutivo sin consultas al Legislativo y que se están excediendo”.

Un total de estados demandaron a la administración Biden para detener el programa de “parole humanitario”, que permitirá el ingreso de 30.000 migrantes mensualmente de cuatro países por 2 años. El argumento es que Biden ha creado un nuevo programa de visas, sin las formalidades de la legislación del Congreso.

“El asunto es que no solo es un trato discriminatorio, sino inconstitucional”, afirmó la experta.

“Emitir parole o permiso de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Guatemala, El Salvador, y Honduras, levanta sospechas porque la forma en que la administración está haciendo estos cambios realmente no se entiende muy bien. Si lo que quieren es detener el tráfico de las personas por la frontera sur donde la entrada ha sido ilegal y desordenada, porque no contratar más agentes de inmigración para las embajadas, los consulados por qué no acelerar los procesos, por qué no contratar más jueces de inmigración porque hay un retraso de más de 2 millones de casos en los tribunales de Inmigración”, recalcó.

El costo
La administración Biden no mencionó cuánto será el costo para los contribuyentes estadounidenses la apertura de los centros regionales, lo que sí es claro que será una carga para el país. Para la abogada la medida no tiene sentido y asegura que esto fomenta el contrabando y el tráfico de personas.

“No sabemos cuánto van a costar los centros de regionales, lo que sí sabemos es lo que cuesta la gestión de la inmigración ilegal de Estados Unidos que al 2023 es 150.000 millones de dólares. No puede ser el país al que vengan todas las personas de cualquier forma. Además, aumentará el número de refugiados en Europa. Ya hemos visto que el alcalde Hialeah que informó que hay gente durmiendo en la calle y que no hay recursos; el alcalde Nueva York se ha quejado”.

Al final lo que hacemos es desembolsar mucho dinero en países vecinos cuando seguimos sin asegurar la frontera, la Patrulla Fronteriza lo dice, está completamente desbordada. Es más, una auditoría de CBP, revela que se dejaron de dar número Alien (identificación) a los inmigrantes, que a los niños no se le toman ni las huellas, no hay control, ese es el problema”, aseveró la especialista.

“El sistema de Inmigración está hundido”, afirma Herrera Mellado.

Para la experta, la gestión de Biden en materia migratoria “es la peor de la historia de Estados Unidos”, porque presenta números récords, “los mayores desde la fundación del Departamento de Seguridad Interna”, subrayó la abogada María Herrera Mellado.

Fuente: Diario Las Américas

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