La captura de dos hermanos de diputados de la bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), por supuestos vínculos con organizaciones del narcotráfico, abre el debate sobre qué tan estrecha es la relación del crimen organizado con la política, al tiempo que cobra vigencia la necesidad de discutir el control del financiamiento electoral, posiblemente el origen de ese perverso contubernio.
Aunque existan procesos de fiscalización para garantizar el origen de los fondos que reciben los partidos políticos, el crimen organizado ha encontrado puntos ciegos en la ley que le permiten contaminar a las organizaciones políticas, opinan analistas consultados.
La UCN es el partido de referencia cuando se trata de vincular al narcotráfico con la política porque su principal dirigente y excandidato presidencial, Mario Estrada, cumple una condena de 15 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con ese flagelo.
La reciente captura de Carlos Preciado Navarijo, alcalde de Ocós, San Marcos, también activa las alertas. El jefe edil fue detenido en Panamá, porque mantenía una acusación abierta por narcotráfico en EE. UU.
El detenido es hermano de Vivian Preciado Navarijo, diputada por la UCN y ahora integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, precisamente la que debe evaluar y proponer cambios a la Ley Electoral.
La politóloga Gabriela Carrera opina que estas capturas recuerdan que la unión de grupos del crimen organizado y partidos políticos no necesariamente se hace visible en tiempos de campaña y evidencia cómo juegan por sus intereses en la política nacional. Agrega que también demuestran el poder y la influencia que tiene el narcotráfico en la toma de decisiones de políticos y cómo sigue financiándolos y los sigue buscando en medio de crisis como la pandemia actual.
Marco Canteo, especialista en criminalidad organizada y de empresas, explica que la vinculación entre el narcotráfico y la política afecta a las instituciones del Estado, pero de forma especial al Congreso, porque, sin lugar a dudas, que estas detenciones estén relacionadas con legisladoras de un partido político debilita las instituciones y eleva las sospechas de que existen vínculos entre la política y el narco.
“Esto nos demuestra cuán grande es la tarea del país para desmontar estas estructuras que desafortunadamente han ido cooptando progresivamente al Estado guatemalteco. Para niveles internacionales genera pésima imagen del país, especialmente de los partidos políticos y de la clase política que hoy seguramente se encuentra en su punto más polémico y bajo”, opina Canteo.
¿Dónde está el problema?
La UCN no es el único partido político sobre el que bandas del crimen organizado han puesto los ojos. Según analistas, el problema se debe a que no existe una ley lo suficientemente sólida que impida que delincuentes se disfracen de financistas y, en ocasiones, incluso de candidatos.
“Hay que fortalecer la institución y hay que fortalecer los mecanismos, en el sentido de que los partidos logren una independencia y que no sea muy fácil obstruir esos esfuerzos de fiscalización. Así como tenemos el tema del narcotráfico, también hay casos de lavado de dinero y otros grupos que pueden incidir de alguna u otra forma en los partidos políticos”, señala Fernando Ixpanel, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Más controles a la Ley Electoral en relación con el financiamiento y gastos de campaña pasan de manera obligada por una reforma que se discute desde el año pasado en el Congreso y algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales coinciden en que es un tema necesario de discutir, pero difícil de resolver.
“Lo toral a las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es el financiamiento privado. Yo hice una propuesta, y es que los partidos sean financiados por el Estado, para que se elimine el financiamiento privado, así se evita el clientelismo y que los diputados dependamos de los financistas. Así el pueblo tiene oportunidad de elegir a las mejores cartas porque, si no, no hay una representación genuina del pueblo”, comenta Fidel Reyes Lee, jefe de bloque de Bienestar Nacional.
En medio de las expectativas por iniciar un nuevo año legislativo, también existen temores porque el año pasado la Comisión de Asuntos Electorales no avanzó en su agenda y, según la diputada Sonia Gutiérrez, jefa del bloque Winaq, ya existen algunas posturas que buscarán debilitar la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral sobre los partidos políticos.
“Nosotros no estamos de acuerdo, porque —el financiamiento ilícito— esa es la razón por la cual muchos grupos del crimen organizado y narcotráfico se han infiltrado dentro de los partidos políticos y eso es lo que le ha hecho un enorme daño al sistema político, por no tener una fiscalización, por no tener una transparencia, y eso es el reflejo que tenemos: capturas, señalamientos, investigaciones a diputados y alcaldes que han sido financiados por estos grupos ilícitos”, afirma.
Román Castellanos, del Movimiento Semilla, coincide en que el problema actual es serio y que debilitar la fiscalización llevaría el conflicto a otro nivel.
“En lugar de ser regresivos, tendríamos que ir avanzando en términos de transparencia y rendición de cuentas; es lo que necesita la democracia en nuestro país, así como el fortalecimiento de las instituciones, especialmente los partidos políticos. Nos encontramos en un contexto de la captura del Estado a través del crimen organizado, como personas serias y comprometidas por el país. Lo que menos debemos de permitir es precisamente eso”, considera.
Fuente: Prensa Libre