El régimen castrista no permitirá que EEUU habilite «una internet paralela», como pretende la administración del Joe Biden, por considerar que sería un acto de «injerencia», dijo este martes un alto funcionario cubano. «Estados Unidos lo que quiere es brindar una internet paralela a nuestro país (…), y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia, porque estaría violando no sólo nuestra Constitución, sino también el propio preámbulo de la Constitución de la Unión internacional de Telecomunicaciones (UIT)», dijo el viceministro cubano de Comunicaciones, Wilfredo González.
El viceministro precisó que la iniciativa de Washington «estaría violando el ciberespacio» de Cuba, lo que «sería inaceptable». «Estamos en la posición de evitar cualquier tipo de acciones de este tipo», enfatizó González, tras preguntarse en qué otro «país del mundo existe una internet paralela». Cuba bloquea sitios de prensa independientes y solo da el visto bueno a aquellos que se hacen la vista gorda o apoyan la idelogía comunista.
Respecto a la críticas que ha desencadenado la aprobación y puesta en vigor este martes del primer reglamento cubano de ciberseguridad, que tipifica delitos como la «subversión social» en la red, González defendió el derecho de la isla de «establecer sus propias regulaciones y reglamentaciones» para el uso de internet y la redes sociales bajo los principios de la UIT.
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes pasado una enmienda que crearía un fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología existente con el objetivo de proveer de internet a los cubanos.
Durante las históricas protestas que sacudieron a la isla el 11 y 12 de julio, el gobierno cubano cortó el internet móvil unos cinco días.
Acto y seguido, el régimen cubano incorporó a su legislación la difusión de noticias falsas, tipificándolas como acciones de alta peligrosidad; los insultos en redes sociales o el uso de plataformas tecnológicas para llamar a subvertir el orden o los preceptos constitucionales.
Este martes se publicó en la Gaceta Oficial No.92, incluido entre seis normas, el Decreto-Ley 35 de «las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico», mediante el cual se prohíbe convocar a protestas mediante internet, lo que califican de «ciberterrosimo».
Pablo Domínguez Vázquez, Director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) afirmó en conferencia de prensa que con esta nueva legislación serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión.
Domínguez Vázquez afirmó que los incidentes de Ciberseguridad serán clasificados de acuerdo a su tipificación y al nivel de peligrosidad. «La tipificación de los incidentes de Ciberseguridad se realiza con el objetivo de facilitar su caracterización, se agrupan por categorías y subcategorías; mientras que la caracterización de la peligrosidad de los incidentes de Ciberseguridad se utiliza una escala de cuatro niveles», explicó.
Respecto a la implementación de la normativa, el funcionario dijo que el Estado cubano tiene registro de todos los «incidentes» en redes sociales, por lo que «cuando se logren identificar esas personas y estén en el país se les impondrán contravenciones«.
Entre las cuestiones que serán penalizadas según el decreto se encuentra compartir en las redes sociales noticias falsas, mensajes ofensivos o «difamación con impacto en el prestigio del país», este último bastante ambiguo.
También se considera «difusión dañina» a las publicaciones de contenidos que «atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado» o los que «inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas».
El texto legal califica de «ciberterrorismo» a «aquellas acciones mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».
“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de nuestro país y constituyen un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”, expresó el Decreto-Ley 35 del Consejo de Estado y que encabeza a las otras disposiciones de menor rango.
Este Decreto-Ley es la norma de más alto rango publicada hasta la fecha para estos sectores y busca actualizar y modernizar el marco legal, dijo a medios de prensa locales Wilfredo López, director de Regulaciones del Ministerio de las Comunicaciones. Fue firmado en abril de 2021.
Entretanto, la ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich, dijo este lunes que «es una violación del derecho internacional» que Estados Unidos provea internet a la Isla.
«En su Constitución, Cuba condena el uso del ciberespacio con fines subversivos y desestabilizadores de las naciones, lo que constituye un derecho soberano. Cualquier acción para proveer internet fuera de nuestras leyes, es una violación del derecho internacional», dijo en Twitter la exdirectora del monopolio estatal de las telecomunicaciones en la Isla, ETECSA.
Arevich se refirió al Artículo 16, m, que dice que el Estado «condena» el uso del ciberespacio y «del espectro radioeléctrico con fines» como «la subversión y la desestabilización de naciones soberanas».
Sin embargo, la funcionaria obvió que en el mismo Artículo dice que el régimen «ratifica su compromiso en la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida; y defiende la cooperación de todos los Estados y la democratización del ciberespacio».
Aunque Arevich no mencionó los pasos de EEUU para proveer internet a Cuba tras los cortes hechos por ETECSA durante las protestas del pasado 11 de julio, la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN) sí lo reseñó: «El pasado 11 de agosto la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EEUU) emitieron una hoja informativa que señala el supuesto compromiso de su Gobierno de apoyar la libertad de internet en la mayor de las Antillas».
El régimen de La Habana «rechazó la enmienda sobre internet en Cuba y aseguró que esta contribuye al lucrativo negocio de la maquinaria política-subversiva en Florida, EEUU», agregó la citada fuente. El canciller Bruno Rodríguez llegó a culpar al embargo de que los cubanos no tengan libre acceso a internet.
«Peor es interrumpir servicios como los datos móviles o los canales de radio aficionados y censurar palabras y sitios a los mismos cubanos sin justificación», respondió un cubano a Arevich en Twitter. «Exacto, hacen interferencias con las antenas ‘Sombrilla’ en las bandas de radioaficionados en la bandas de 40M en el segmento desde 7100 hasta 7150 khz y en la banda de 20M en toda la banda esta la interferencia maliciosa», agregó otro.
«Si ETECSA no da el servicio con transparencia y profesionalidad es normal que otro venga a hacerlo, se ve que tú estás viviendo la buena vida» y «ustedes cortan el internet que uno paga o sea censurar, ¿eso no es ilegal?», comentaron otros cubanos.
Casi un mes después de las protestas del 11J, el Senado de EEUU aprobó una enmienda para que la Administración de Joe Biden «facilite acceso libre, abierto y sin censura a internet para el pueblo de Cuba».
«La información publicada hoy reitera y aclara que las personas sujetas a jurisdicción estadounidense pueden implicarse en ciertas transacciones para apoyar la capacidad del pueblo cubano para buscar, recibir e impartir información», dijo Andrea Gacki, directora de la OFAC al anunciar las medidas para que ciudadanos y empresas faciliten el acceso a internet en Cuba.
Fuente: Diario las Américas
El Senado de Estados Unidos aprobó el martes pasado una enmienda que crearía un fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología existente con el objetivo de proveer de internet a los cubanos.
Durante las históricas protestas que sacudieron a la isla el 11 y 12 de julio, el gobierno cubano cortó el internet móvil unos cinco días.
Acto y seguido, el régimen cubano incorporó a su legislación la difusión de noticias falsas, tipificándolas como acciones de alta peligrosidad; los insultos en redes sociales o el uso de plataformas tecnológicas para llamar a subvertir el orden o los preceptos constitucionales.
Este martes se publicó en la Gaceta Oficial No.92, incluido entre seis normas, el Decreto-Ley 35 de «las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico», mediante el cual se prohíbe convocar a protestas mediante internet, lo que califican de «ciberterrosimo».
Pablo Domínguez Vázquez, Director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) afirmó en conferencia de prensa que con esta nueva legislación serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión.
Domínguez Vázquez afirmó que los incidentes de Ciberseguridad serán clasificados de acuerdo a su tipificación y al nivel de peligrosidad. «La tipificación de los incidentes de Ciberseguridad se realiza con el objetivo de facilitar su caracterización, se agrupan por categorías y subcategorías; mientras que la caracterización de la peligrosidad de los incidentes de Ciberseguridad se utiliza una escala de cuatro niveles», explicó.
Respecto a la implementación de la normativa, el funcionario dijo que el Estado cubano tiene registro de todos los «incidentes» en redes sociales, por lo que «cuando se logren identificar esas personas y estén en el país se les impondrán contravenciones«.
Entre las cuestiones que serán penalizadas según el decreto se encuentra compartir en las redes sociales noticias falsas, mensajes ofensivos o «difamación con impacto en el prestigio del país», este último bastante ambiguo.
También se considera «difusión dañina» a las publicaciones de contenidos que «atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado» o los que «inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas».
El texto legal califica de «ciberterrorismo» a «aquellas acciones mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».
“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de nuestro país y constituyen un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”, expresó el Decreto-Ley 35 del Consejo de Estado y que encabeza a las otras disposiciones de menor rango.
Este Decreto-Ley es la norma de más alto rango publicada hasta la fecha para estos sectores y busca actualizar y modernizar el marco legal, dijo a medios de prensa locales Wilfredo López, director de Regulaciones del Ministerio de las Comunicaciones. Fue firmado en abril de 2021.
Entretanto, la ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich, dijo este lunes que «es una violación del derecho internacional» que Estados Unidos provea internet a la Isla.
«En su Constitución, Cuba condena el uso del ciberespacio con fines subversivos y desestabilizadores de las naciones, lo que constituye un derecho soberano. Cualquier acción para proveer internet fuera de nuestras leyes, es una violación del derecho internacional», dijo en Twitter la exdirectora del monopolio estatal de las telecomunicaciones en la Isla, ETECSA.
Arevich se refirió al Artículo 16, m, que dice que el Estado «condena» el uso del ciberespacio y «del espectro radioeléctrico con fines» como «la subversión y la desestabilización de naciones soberanas».
Sin embargo, la funcionaria obvió que en el mismo Artículo dice que el régimen «ratifica su compromiso en la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida; y defiende la cooperación de todos los Estados y la democratización del ciberespacio».
Aunque Arevich no mencionó los pasos de EEUU para proveer internet a Cuba tras los cortes hechos por ETECSA durante las protestas del pasado 11 de julio, la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN) sí lo reseñó: «El pasado 11 de agosto la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EEUU) emitieron una hoja informativa que señala el supuesto compromiso de su Gobierno de apoyar la libertad de internet en la mayor de las Antillas».
El régimen de La Habana «rechazó la enmienda sobre internet en Cuba y aseguró que esta contribuye al lucrativo negocio de la maquinaria política-subversiva en Florida, EEUU», agregó la citada fuente. El canciller Bruno Rodríguez llegó a culpar al embargo de que los cubanos no tengan libre acceso a internet.
«Peor es interrumpir servicios como los datos móviles o los canales de radio aficionados y censurar palabras y sitios a los mismos cubanos sin justificación», respondió un cubano a Arevich en Twitter. «Exacto, hacen interferencias con las antenas ‘Sombrilla’ en las bandas de radioaficionados en la bandas de 40M en el segmento desde 7100 hasta 7150 khz y en la banda de 20M en toda la banda esta la interferencia maliciosa», agregó otro.
«Si ETECSA no da el servicio con transparencia y profesionalidad es normal que otro venga a hacerlo, se ve que tú estás viviendo la buena vida» y «ustedes cortan el internet que uno paga o sea censurar, ¿eso no es ilegal?», comentaron otros cubanos.
Casi un mes después de las protestas del 11J, el Senado de EEUU aprobó una enmienda para que la Administración de Joe Biden «facilite acceso libre, abierto y sin censura a internet para el pueblo de Cuba».
«La información publicada hoy reitera y aclara que las personas sujetas a jurisdicción estadounidense pueden implicarse en ciertas transacciones para apoyar la capacidad del pueblo cubano para buscar, recibir e impartir información», dijo Andrea Gacki, directora de la OFAC al anunciar las medidas para que ciudadanos y empresas faciliten el acceso a internet en Cuba.
Fuente: Diario las Américas