El general retirado del Ejército Ángel Vivas, acusado en 2014 por Nicolás Maduro de incitar a la violencia en las protestas en contra de su mandato, fue condenado a siete años y seis meses de prisión por el delito de instigación a la rebelión. Así lo informó el martes 10 de mayo la Organización No Gubernamental (ONG) Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
La información la confirmó a EFE el abogado defensor de Vivas y miembro de la ONG, Kelvi Zambrano. El defensor detalló que Vivas está detenido desde 2017 y se encuentra bajo libertad condicional desde 2018, cuando Maduro ordenó la revisión de los casos de 39 “actores políticos” encarcelados.
La condena fue ordenada por el Tribunal Primero Militar de Caracas, que resolvió absolver a Vivas por los cargos de traición a la patria y rebelión militar, de los que también estaba acusado.
Vivas fue señalado por Maduro de “entrenar” a los que cruzaron cables en las barricadas levantadas en algunas calles contra los que impactaron algunos motorizados, durante las protestas de 2014.
Posteriormente, se atrincheró armado en el techo de su casa para resistirse al arresto, que calificaba de ilegítimo. No fue sino hasta el 7 de abril de 2017 cuando fue detenido y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide.
Presentación en tribunales
“El tribunal consideró que el general Ángel Vivas fuese condenado por el delito de instigación a la rebelión y fuese absuelto por los delitos de traición a la patria y rebelión militar. Dejándole una pena de siete años y seis meses”, detalló Zambrano sobre la decisión del juzgado militar.
Sin embargo, recordó que como “ya el general Vivas ha cumplido más de la mitad de esta condena”, completará el resto de la sentencia -alrededor de dos años- bajo régimen de presentación en tribunales, cada 30 días.
La defensa recordó que en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Vivas y su familia medidas cautelares por considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo” a sus derechos en Venezuela.
Fuente: El Diario