En las ruinosas calles del barrio La Boca, Mariel, municipio de la provincia Artemisa, a 45 kilómetros al oeste de La Habana, pasada las dos de la tarde el asfalto reverbera y los perros sin dueños se refugian del calor en una desierta parada de ómnibus.
En el horizonte se divisan cuatro enormes grúas pintadas de verde olivo y un barco portacontenedores que está siendo descargado en el puerto del Mariel. Los vecinos de La Boca ven la dársena como a un intruso. “Pa’llá no se puede pasar. Hay una cerca perimetral por toda la carretera y garitas en las entradas. El puerto es zona prohibida”, señala Pastor, quien vende tamales calientes a 60 pesos.
La rada, obra estrella del gobierno de Raúl Castro, costó 957 millones de dólares y fue financiado por la empresa brasileña Odebrecht, involucrada hace unos años atrás en sonados escándalos de corrupción en América Latina. Nueve años después de su inauguración, el puerto no ha traído beneficios constatables al país. Ni siquiera en la llamada Zona Especial de Desarrollo del Mariel donde está enclavado.
Diosbel trabajó durante año y medio en la construcción de almacenes y cuenta que “en el puerto del Mariel se trabaja doce o trece horas diarias. Como si fueras un esclavo. En un mes puedes ganar de 12 a 15 mil pesos, que en tiempos de inflación es menudo. GAESA, el dueño del puerto, se queda con la mayor parte del dinero que pagan los inversionistas extranjeros. Es un robo a la cara. Se quedan con los dólares y te pagan en pesos”.
Según Diosbel, un especialista vietnamita de una empresa que produce detergente en la zona industrial del puerto, le comentó que «su compañía por un operario de la construcción como yo, al gobierno cubano le pagaba el equivalente a dos mil dólares. GAESA te valora cada dólar en dos pesos y te paga cuatro mil pesos. El salario se completa con otros incentivos. Nunca gané más de 15 mil pesos mensuales, que al cambio en la calle son 60 dólares. Cada mes, el gobierno me fachaba 1,940 dólares”.
Susana, informática, labora en una empresa de alimentos radicada en el Mariel y dice que «el propietario es mexicano y por cada especialista, al gobierno le paga casi cuatro mil dólares. Existe una legislación especial para los trabajadores del Mariel, considerada zona franca, donde por cada dólar el Estado te paga dos pesos. En otras firmas extranjeras y misiones en el exterior el despojo es aún mayor. La gente está muy descontenta. Quiere cobrar en dólares, pagar un impuesto razonable y administrar sus salarios como les dé la gana”.
Ni Susana ni Diosbel han pensando en demandar a las autoridades por explotación laboral. “En Cuba los militares poseen el bate y la pelota. Si te quejas, el primer rebote lo vas a dar a Villa Marista y te acusan de contrarrevolucionario. Nadie está pa’ buscarse un lío”, indica Diosbel.
Susana reconoce que al igual que mayoría de los cubanos, ella es una analfabeta en materia jurídica y se pregunta: “¿En qué bufete legal voy a hacer la denuncia? ¿Tú crees que un abogado cubano va a acusar al gobierno de explotación laboral? Además del lógico temor, no creo que resuelva nada. Quizás en el futuro muchas personas, afectadas como yo, que trabajaron en empresas extranjeras puedan denunciar a las autoridades por despojarnos el 90 por ciento de nuestros salarios. Ahora es perder el tiempo”.
Selma quisiera buscar asesoría jurídica «para demandar al gobierno, a ETECSA, a la empresa mexicana CITEL y la italiana STET por explotación laboral. Llevo 36 años trabajando en telecomunicaciones. Cuando comencé, aun no existía ETECSA. La empresa se fundó en 1994. El primer socio extranjero fue la empresa mexicana CITEL. El dueño era Mario Vázquez Raña, amigo de Fidel que dirigía también una organización deportiva. Mi sueldo como especialista entonces era de 1,500 dólares. La empresa mexicana le entregaba mi salario al gobierno y este a su vez me pagaba 430 mensuales», explica y añade:
«Después la empresa italiana compró las acciones de CITEL y mi salario subió a 2,500 euros. Pero yo seguí cobrando 430 pesos más 27 cuc (pesos convertibles) de estimulación. Eso fue hasta 2011, cuando se fueron los italianos. Actualmente la empresa es cien por ciento cubana. Está bajo el control de los militares. Y no nos pagan divisas. Resumiendo: en 18 años que trabajé para una empresa extranjera el gobierno se quedó con el 98 por ciento de mi salario. Según rumores de pasillo (las estadísticas son secretas), hasta 2020, ETECSA ingresaba entre 900 y 1,200 millones de dólares anuales por ventas de servicios, y a los trabajadores no se les paga ni un dólar. En el futuro quiero demandar al gobierno”.
Tras tres años de investigaciones, la organización Prisoners Defenders radicada en Madrid, ha reunido 1.111 testimonios de profesionales contratados en el exterior por el régimen castrista. 900 de los denunciantes son testigos protegidos. Entre ellos hay médicos, entrenadores deportivos, músicos, arquitectos, marineros y camareros de cruceros de lujo. Exportar mano de obra barata probablemente es el negocio más rentable de la dictadura cubana. En 2018 el régimen ingresó 8.500 millones de dólares solo por la exportación de servicios médicos.
Un cirujano dijo a Diario Las Américas que en sus tres años de trabajo en Qatar, «el gobierno me pagó menos del 15 por ciento de mi sueldo. Mi salario era de 10 mil dólares. Me pagaban 1,300 dólares al mes para gastos en un país donde una botella de agua mineral cuesta 5 dólares. Y era de los mejor pagados, pues colegas de otras misiones médicas cobran entre un cinco o diez por ciento de sus salarios en divisas”.
El cirujano considera que “por el desconocimiento jurídico y la necesidad que tenemos en Cuba de ganar algunos dólares para resolver el montón de problemas familiares acumulados que tenemos, las autoridades se aprovechan de esas necesidades y te ofrecen contratos con condiciones leoninas. Luego te dicen que lo invierten en Salud Pública, pero los hospitales están deteriorados y sin el equipamiento adecuado”.
Serguey, residente en Estados Unidos, trabajó ocho años en una empresa petrolera en Luanda y asevera que el gobierno de la Isla “me robó el 90 por ciento de los ocho mil dólares que me pagaban. En aquellos tiempos uno estaba adoctrinado. Los comisarios que nos vigilaban te decían que ese dinero que nos quitaban era para desarrollar la economía. Mientras el país se caía a pedazos y los cubanos vivían cada vez peor».
Gerardo, abogado, afirma que “las denuncias de abogados disidentes en instancias internacionales ha visibilizado el fenómeno y es una de las causas de por qué Estados Unidos tiene a Cuba en la lista de países que cometen trata de persona. Además de despojarle la mayor parte de la remuneración que reciben los cooperantes, el gobierno cubano retiene sus pasaportes, algo que está prohibido en la legislación internacional, y usan a sus familias para presionarlos y que no abandonen la misión. Si deciden marcharse les impide entrar al país durante ocho años”.
En su opinión, esa evidente violación de los derechos humanos, conseguirá que a mediano plazo «se multipliquen las demandas en materia de explotación laboral contra las autoridades cubanas y también contra las empresas extranjeras de naciones democráticas que han invertido y siguen invirtiendo en la Isla. Porque han transgredido deliberadamente normativas internacionales y son cómplices en esa explotación laboral. Y llegará el día que el gobierno tenga que pagar a ciudadanos cubanos por las confiscaciones de sus propiedades y negocios decretadas por Fidel Castro”.
Cuba, incluso con un gobierno democrático, tendrá que lidiar en el futuro con miles de demandas, tanto de ciudadanos cubanos como de empresas y bancos extranjeros, para compensar las expropiaciones, robos de salarios y el pago de deudas millonarias.
Probablemente, la caída del régimen pudiera provocarla el despojo y la evasión financiera. ¡Remember Al Capone!