Encarcelar a Edmundo González no es precisamente lo que le permitiría al régimen de Nicolas Maduro sumir a Venezuela en una aparente normalidad, como pretende con el absurdo adelanto de la celebración de la Navidad a partir del 1 de octubre. Con las tres citaciones por parte de la Fiscalía chavista –que naturalmente ignoró– y la orden de aprehensión, emitida este lunes por el Ministerio Público y ratificada a las pocas horas por el juzgado, solo se ha pretendido elevar progresivamente la presión, como parte de una estrategia de terror psicológico, para que el presidente electo, según las únicas actas publicadas, sucumba y abandone el país en busca de asilo en el exterior. Los cálculos en Miraflores apuntan en esta dirección como único escenario favorable para terminar de consumar el fraude, pues solo de esta manera lograrían desmoralizar a los votantes de la oposición y bajarle el volumen a la comunidad internacional. Sin embargo, la decisión del líder opositor de permanecer en el país pese a la persecución está obligando al oficialismo a recalcular sus próximos pasos.
La reunión que “probablemente” se concretará este miércoles entre los presidentes de Colombia, Brasil y México con Nicolás Maduro, según lo anunciado este martes en la noche por el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, demuestra que el régimen no se atreve a encarcelar a Edmundo González, pese a haber emitido ya la orden de captura, debido al alto costo político de tal aberración, pues gran parte de la comunidad internacional reconoce al exdiplomático como el ganador de la elección presidencial del 28 de julio. Incluso los gobiernos de Colombia y Brasil, que han mantenido una extrema cautela para preservar su rol de mediadores, emitieron un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación por la orden de detención emitida el 2 de septiembre por una Corte venezolana contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia”.
Los gobiernos de Colombia y Brasil le suben el tono en este comunicado al régimen chavista sin apartarse de su extrema prudencia diplomática. Por un lado, le dejan claro que están conscientes de que “esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados” y, por el otro, le lanzan un sutil ultimátum al destacar en las últimas líneas de este breve texto que encarcelar a Edmundo González “también dificulta encontrar una solución pacífica”. Pero hay otro detalle importante que se puede leer entre líneas, y es el hecho de que si bien evitan llamar a González “presidente electo”, tampoco se adhieren al discurso oficialista de referirse a él como “excandidato” y, al calificarlo a la fecha como “candidato presidencial”, subrayan que la elección no es un capítulo cerrado, al tiempo que ratifican el no reconocimiento al resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin totalización, sin actas y sin auditorías.
El peso de la presión internacional
El mundo sigue teniendo los ojos puestos sobre Venezuela. Así se demostró con el rechazo de varios gobiernos de América y Europa, así como diversas organizaciones internacionales, al amago del régimen chavista de encarcelar a Edmundo González. Maduro no ha logrado desviar la atención de la comunidad internacional y mucho menos pasar la página. En un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay enfatizaron que “desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política”. Por su parte, Estados Unidos la calificó como “una acción arbitraria” de Maduro para “intentar mantener el poder después de su intento de robar las elecciones”. Chile, Ecuador, España e Italia se sumaron al repudio por separado. Aunque también lo hizo Josep Borrell en nombre de la Unión Europea (UE), así como Luis Almagro como secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) y António Guterres a través de un portavoz, en calidad de secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Este amplio respaldo internacional ha sido clave para que el régimen no se haya atrevido a encarcelar a Edmundo González y para que él se mantenga firme. Y han sido precisamente las declaraciones de su abogado, José Vicente Haro, las que han puesto al chavismo al recalcular sus próximos pasos. “En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, (ni) una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo”, aseveró mientras aclaraba que “por razones de seguridad y protección de su vida”, el exdiplomático “no se encuentra” en su casa, pero sí dentro del país y no tiene previsto abandonarlo, arruinando así los planes de la dictadura de sacarlo de juego con el menor costo político posible.