MANAGUA.- El régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua anunció la liberación de 1.500 presos comunes, una medida que intencionalmente excluye a los 128 opositores encarcelados «arbitrariamente» según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta de Ortega, subrayó que los liberados –condenados por delinquir– son personas «humildes» y no los «forajidos» opositores, demostrando una vez más la falta de compromiso con los derechos humanos y la justicia. Además, ignoró la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que insta a Nicaragua a liberar de inmediato a 25 opositores.
La Corte IDH destacó que los opositores están detenidos en un contexto de criminalización de la disidencia política sin las garantías del debido proceso. Esta solicitud se suma a las repetidas demandas de la comunidad internacional para la liberación de todos los presos políticos en el país centroamericano, demandas que el régimen de Ortega ha ignorado sistemáticamente.
El organismo de derechos humanos también exigió a Nicaragua que informe sobre el paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge, considerados desaparecidos. Asimismo, solicitó que se permita el contacto inmediato de los presos políticos con sus familiares y abogados, derechos básicos que el régimen de Ortega continúa negando.
Opositores exiliados y organizaciones de derechos humanos criticaron esta medida, señalando que el régimen de Ortega utiliza estas liberaciones como una fachada para desviar la atención de la continua represión política y para mantener la apariencia de legalidad.
Medidas represivas
El régimen de Ortega intensificó su control sobre la sociedad nicaragüense mediante una serie de medidas represivas. Desde las protestas de 2018, las fuerzas de seguridad del estado han sido acusadas de realizar detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. La administración sandinista ha suprimido sistemáticamente las libertades civiles, cerrando medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales que critican a la dictadura.
A estas denuncias se suman la desnaturalización y exilio forzoso de más de 300 opositores y críticos, a quienes Ortega acusa de traición y de ser instrumentos de un supuesto golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.