La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, anunció que la policía le notificó que «por razones de seguridad pública no serán permitidas las procesiones en las festividades» de San Miguel Arcángel y de San Jerónimo que se celebra en Masaya, 30 km al sureste de la capital.
La festividad de San Miguel Arcángel, se realiza el 29 de septiembre y la de San Jerónimo, patrono de la ciudad, el 30 del mismo mes y cuya celebración se extiende hasta noviembre, siendo una de las más extensas en el país.
Ante la medida policial, la Arquidiócesis que comprende la capital y ciudades vecinas de Masaya y Carazo invitó a los devotos y promesantes de los santos patronos a rendirles homenaje con la fe y devoción en sus corazones y con «la fuerza de la herencia ancestral en sus comunidades.
Es la segunda vez, que la policía prohíbe a la iglesia católica realizar una procesión. Antes lo hizo en ocasión del cierre del congreso mariano y el fin de la peregrinación de la imagen de la virgen de Fátima, el pasado 13 de agosto, ambos en la capital.
La iglesia católica había reanudado este año la realización de procesiones, después de dos años que las interrumpió por medidas de seguridad a causa de la pandemia del COVID-19.
En 2018, Masaya, fue considerada una ciudad rebelde, por su rechazo a las medidas de fuerza contra manifestantes que protestaban contra una reforma a la seguridad social y que derivo en un reclamo de renuncia contra el dictador sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007.
la prohibición de realizar actos religiosos en la vía pública, se inscribe en las acciones emprendidas por la dictadura contra la iglesia católica que arreciaron en agosto con el arresto domiciliar, del obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Las relaciones entre el clero y el régimen sandinista son tensas desde 2018, cuando los sacerdotes abrieron los templos para atender heridos en las protestas en contra del gobierno, que dejaron 355 muertos y cientos de heridos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, un exguerrillero de 76 años, acusa a los religiosos de haberse coludido con sus opositores en un spuesto fallido golpe de Estado para derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos. Ortega no acepta que la población lo quiere fuera del poder tras dos dictaduras sandinistas. La primera (1979-1990) fue derrocada a través de las armas.