CARACAS.- La excarcelación de presos políticos detenidos en el contexto poselectoral no es un acto de «perdón» del régimen de Nicolás Maduro, sino que obedece a la «presión» de familiares, defensores y activistas de los derechos humanos, medios de comunicación y de la comunidad internacional.
A través de un video publicado en la red social X, el abogado y politólogo Orlando Viera-Blanco, se refirió a las excarcelaciones masivas que se registran en Venezuela desde la madrugada del sábado, 16 de noviembre, luego de que el fiscal chavista, Tarek William Saab, anunciara la «revisión» de 225 casos, tras la orden de Maduro de «rectificar» en caso de que haya habido «algún tipo de error procedimental».
«Se trata de una actitud confesa de banalización, de frivolización y de criminalización de la justicia, donde precisamente el Ministerio Público recibe prácticamente instrucciones de Miraflores para poner en libertad a quienes nunca debieron estar en las rejas. Niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, líderes políticos, sociales y activistas que por su derecho a protestar han estado tras las rejas, lo cual comporta un crimen confeso de lesa humanidad», aseveró.
Visita de la CPI
Hasta la mañana de este domingo, la ONG Foro Penal ha podido verificar 131 excarcelaciones de los 1,848 detenidos en el marco de la ola de persecución y represión que desató el dictador venezolano tras perder las elecciones presidenciales por más de 40 puntos ante el diplomático opositor, Edmundo González Urrutia.
De acuerdo con el director de la ONG, Alfredo Romero, los excarcelados, que estaban recluidos en las cárceles Las Crisálidas y Yare III, ubicadas en el estado Miranda (centro); y en recintos penitenciarios de máxima seguridad Tocorón y Tocuyito, en Aragua y Carabobo (centro), respectivamente, deberán acudir a tribunales este lunes, 18 de noviembre, para que le sean impuestas las medidas sustitutivas a la privación de libertad.
Orlando-Viera destacó que estas excarcelaciones se producen en el marco de la visita de representantes de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, tras la muerte del testigo electoral Jesús Manuel Martínez Medina por falta de atención médica, cuando se encontraba bajo custodia del régimen.
«Lo hacen, precisamente, en el marco de la visita de representantes de la CPI, lo hacen precisamente en el marco de la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina, quien estando en custodia del régimen perdió la vida como muchos la han perdido como muchos inocentemente siguen tras las rejas», apuntó.
Resultado de la presión
Igualmente, el politólogo afirmó que las masivas liberaciones de presos políticos bajo medidas cautelares es el resultado de la protesta de familiares y ciudadanos, que ha sido «elevada por el eco de valientes periodistas, quienes han presionado para que estén hoy en libertad estos venezolanos inocentes».
No obstante, recordó que pese a las excarcelaciones, «la puerta rotatoria» del régimen no para, y que existen detenciones como las de los periodistas Luis López y Gabriel González, a quienes los pasaron a juicio por los presuntos delitos de atentado contra una instalación militar, incitación al odio y terrorismo, por cubrir una visita del González Urrutia en el estado Vargas (centro-norte), en la que el opositor se acercó a un destacamento militar a saludar a los uniformados.
«Esta frivolización de la justicia, donde el presidente se atribuye la potestad de concederla, otorgarla o negarla, donde el Ministerio Público ordena revisión, no es otra cosa que el resultado de la presión de familiares, de la comunidad internacional que debe seguir estando presente y poniendo su retina en este proceso de criminalización de la política en nuestro país», enfatizó Viera-Blanco, al abogar por que haya justicia desde La Haya y por la libertad de todos los venezolanos inocentes «tras las mazmorras del régimen de Caracas».