CARACAS.- La ONG Control Ciudadano denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene en «total hermetismo» la información sobre las detenciones de militares por los casos de corrupción en las empresas estatales y exigió al Ministerio Público difundir el número total de oficiales aprehendidos, así como datos subre su identidad, rango y situación actual en la Fuerza Armada.
Control Ciudadano indicó que «son pocos los detalles claros de la investigación y lista de detenidos (aportados por el régimen) más allá de confirmar algunos nombres de los capturados y comentarios generales realizados por (el fiscal general Tarek) William Saab, en las ruedas de prensa de estos días en referencia a estos casos».
La ONG señaló, en una nota de prensa, que el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, se refirió el 21 de marzo pasado a los oficiales presuntamente incursos en ilícitos de corrupción que son investigados por el Ministerio Público, pero no indicó la identidad de éstos ni la cantidad de militares detenidos.
«Lamentablemente, en tales hechos también figuran algunos profesionales militares que cumplían comisión de servicio en la administración pública nacional, específicamente en PDVSA, quienes han violentado el ordenamiento jurídico, así como las tradiciones y principios éticos que caracterizan a la institución armada, lo que merece el más categórico rechazo», dijo Padrino en un comunicado, citó la nota de Control Ciudadano.
Agregó la nota de la organización no gubernamental que en su comunicado, Padrino se refirió a militares que complían comisión de servicio en PDVSA; sin embargo, Control Ciudadano aseguró que «ha trascendido información, no oficial, según la cual podrían estar siendo detenidos militares vinculados a la trama de corrupción en la CVG».
Aseveró, en ese sentido, que «a pesar del escándalo y repercusión de la trama por corrupción en PDVSA y la CVG, falta mucho por desvelar en este asunto del mayor interés público».
¿Qué debe informar el fiscal general?»
La ONG consideró que el fiscal Saab debe informar, a través de una nota de prensa, el número total de militares detenidos, su identidad, grado, componente al que pertenece y si está activo o pertenece a la reserva.
Asimismo, el número total de civiles detenidos, con información completa de su identidad, los delitos que se les imputan a cada uno (militares y civiles), a cuánto ascienden las pérdidas totales en los daños al patrimonio público y el lugar donde se efectuaron las detenciones.
Los militares detenidos que se conocen
Control Ciudadano detalló que hasta ahora solo se conocen los nombres de tres militares que han sido detenidos como parte de la investigación. Ellos son: el coronel del ejército, Antonio Pérez Suárez, quien se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA; el coronel del ejército Samuel Testamarck, quien era gerente general de PDV Marina y el teniente coronel del ejército José Agustín Ramos Chirinos, quien se desempeñaba como gerente general de la Dirección de seguridad Integral de 4 ejes de la Faja Petrolífera del Orinoco.
El domingo pasado, Saab informó sobre nuevas acciones judiciales emprendidas por el Ministerio Público para determinar responsabilidades en los casos de corrupción detectados en PDVSA y la CVG.
Saab indicó a través de su cuenta oficial en Twitter que el Ministerio Público solicitó 67 órdenes de aprehensión y 142 allanamientos a nivel nacional.
Según Saab, hasta ahora hay 55 detenidos, 34 de ellos por tramas de corrupción en la industria petrolera.
Chavismo niega reacomodo interno
El pasado lunes, el alto dirigente chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que en las recientes detenciones llevadas a cabo por los casos de corrupción en las empresas estatales «no hay cálculo político» y que se trata de la «respuesta a una situación».
«No hay cálculo político de ninguna naturaleza, hay respuesta a una situación y que la justicia se imponga. La corrupción no es un valor nuestro”, apuntó Cabello, saliendo al paso de las opiniones que han señalado que la supuesta campaña «anticorrupción» implementada por el régimen se trata de una «purga» interna del chavismo con el objetivo de reconfigurarse con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2024.
Cabello aseguró que el régimen está en un «proceso de transición» y que han ido «encontrando muchas cosas» que se van «corrigiendo sobre la marcha».
De igual manera, Cabello enfatizó que “nadie puede usar los símbolos del chavismo para cometer actos de corrupción, de desviación y actos deshonestos, no es un valor nuestro, para nada, es un antivalor propio del capitalismo”, excusó.
Asimismo, Maduro dijo recientemente que en su momento mostrarán los bienes multimillonarios que los corruptos han acumulado con el dinero robado al Estado, y que tiene la certeza de que es solo una parte, porque tienen escondida “la parte más grande, más gruesa”. También, apuntó que la fiscalía tiene que garantizar al país que “todos los recursos robados sean encontrados y reinvertidos en el Estado”.
A pesar de estas afirmaciones, el régimen ha evitado informar sobre el paradero del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien renunció el 20 de marzo poco después de conocerse sobre los operativos de detenciones por los hechos corruptos en PDVSA. Hasta ahora nada se ha sabido sobre su paradero y tampoco si es investigado en el caso, aun cuando varios de los detenidos forman parte de su estrecho círculo de colaboradores.
Al igual que lo hiciera el fiscal general Tarek William Saab anteriormente, Cabello evitó decir si El Aissami forma parte de la investigación.
«La investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, le corresponde a los organismos, en este caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación», dijo el lunes.
«No nos atrevemos a señalar a alguien desde el partido», dijo Cabello, es la reacción del chavismo cuando se trata de uno de los suyos.
Anteriormente, Saab también evadió responder si hay acciones respecto a El Aissami y se limitó a decir que no adelantaría información sobre ninguna persona en partícular.
«Con relación a futuras o próximas investigaciones en marcha, me he caracterizado por no adelantar opinión. Como dirían ustedes los periodistas, no voy autotubearme en eso. Yo he hablado de los que están hoy aprehendidos, 51 en todas las tramas de corrupción, que son varias: Pdvsa Cypto, CVG, corrupción de algunos jueces, hechos al margen de la ley en alcaldía de Las Tejerías. Por lo tanto, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular», dijo.
El escándalo de corrupción en PDVSA implica la desaparición de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares producto de la venta del petróleo venezolano.
El Aissami fue designado ministro de Petróleo en abril de 2020, el mismo año en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados.
El ahora exministro fue sancionado en 2017 por presunto narcotráfico y acusado dos años después por alegatos de violación de esas sanciones impuestas por Washington. Las sanciones de Estados Unidos buscaba obligarlo a ser separado del poder argumentando que fue reelegido en 2018 en comicios fraudulentos.
Doble discurso
De igual manera, mientras el régimen da un manejo opaco a la información que genera el descubrimiento de hechos de corrupción que comprometen la transparencia y eficiencia de la administración de la principal industria de Venezuela, como lo es la industria petrolera, y evita informar de manera precisa sobre las detenciones de militares por hechos de corrupción, la Asamblea Nacional chavista, aprobó el pasado 31 de marzo en primera discusión, la Ley orgánica de Extinsión de Dominio.
Dicho proyecto de ley faculta al Estado venezolano para «…confiscar, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, vinculadas con delitos cometidos contra el patrimonio público y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público», según la exposición de motivos del proyecto.
Durante la discusión que se efectuó ese día, Cabello indicó que la ley contará con 46 artículos, que permitirán incautar los bienes de personas acusadas por corrupción y narcotráfico. Y seguidamente amenazó al líder opositor Juan Guaidó con aplicarle la normativa.
«Cuando lo metan preso no vengan a pedir la libertad de Juan Guaidó, porque los veremos», amenazó sobre el dirigente de la oposición, quien es precandidato a las elecciones primarias que se realizarán en octubre para escoger un candidato unitario que enfrente a Maduro en las presidenciales de 2024.
Y es precisamente este tipo de declaraciones que llevan a los expertos a considerar que existe el peligro de que la ley pueda usarse como una herramienta de persecución política en un país gobernador por un régimen como el de Venezuela.