CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro continúa con la instrumentalización de los adolescentes detenidos tras las protestas en contra del fraude electoral. En los últimos días, con la excarcelación de un grupo de menores de edad intentó maquillar el traslado de más de 700 presos políticos a cárceles comunes, en medio del oscurantismo que reina en Venezuela, incluso sin apagón nacional.
Maduro, quien había amenazado con enviar a los manifestantes a penales que estuvieron controlados por bandas criminales, concretó esta semana el traslado de la cuarta parte de los ciudadanos detenidos arbitrariamente tras las elecciones del 28 de julio, que insiste en atribuirse pese a que las actas escrutadas dan muestra de su descomunal derrota frente al opositor Edmundo González Urrutia.
Los manifestantes, que se suman a la lista de presos políticos en el país suramericano, se encontraban en calabozos policiales distribuidos en los distintos estados venezolanos, que se levantaron en defensa de la soberanía popular.
«Los movimientos inusuales se viralizaron a través de las redes sociales con desgarradoras imágenes en las que los familiares ven con terror como sus seres queridos, a quienes hasta la fecha no les permiten visitas ni la designación de sus abogados de confianza, son trasladados hacia cárceles sin previo aviso y a cientos de kilómetros de distancia», denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un comunicado de prensa.
Régimen traslada presos políticos a cárceles comunes
Un grupo fue llevado al Internado Judicial Capital Yare III, ubicado en el estado Miranda (centro-norte), donde les raparon el cabello y fueron uniformados con franelas y pantalones azules, según versiones de los familiares.
Posteriormente, fueron trasladados en al menos 14 autobúses hacia el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como «Fénix Carabobo», el desalojado Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como «Tocuyito», ubicados en el estado Carabobo (centro-norte); y el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como «Tocorón», ubicado en el estado Aragua (centro-norte), penales controlados por bandas criminales, entre ellas, la g¿organización trasnacional Tren de Aragua.
Los traslados, prometidos por el dictador, se realizaron entre los días 25, 27 y 30 de agosto, en medio el apagón nacional que dejo a oscuras al país suramericano, en medio de «muchas irregularidades». «Algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares. Muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales», señaló el OVP.
El viernes, mientras los venezolanos estaban en medio de la incertidumbre de vivir un nuevo apagón nacional, familiares de los presos políticos del estado insular Nueva Esparta (norte) -isla de Margarita-, denunciaban su traslado en avión hacia tierra firme, a más de 600 kilometros de distancia de sus hogares.
«Desde OVP denunciamos cómo el régimen pretende callar las voces disidentes en recintos penitenciarios que durante muchos años fueron foco de atención por la corrupción, riñas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, armas, esclavitud y otras violaciones contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad», indicó en X la ONG que vela por los derechos humanos de los privados de libertad.
Excarcelación de adolescentes
Mientras movían, ante el desconocimiento de sus familiares, a más de 700 presos políticos a los que no se les ha permitido el derecho a la defensa, el régimen excarceló a 56 adolescentes, de los más de 100 detenidos, imputados por terrorismo, traición a la patria e instigación al odio.
Tras un mes detenido, el régimen liberó el jueves 29 de agosto, bajo medidas de presentación ante tribunales, a 16 menores de edad. Las excarcelaciones ocurrieron un día después de que la líder opositora María Corina Machado condenara la detención de más del centenar de adolescentes, a quienes enviaban a cárceles comunes.
«Lo que han hecho es brutal, son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro, niños que han golpeado obligándolos a grabar videos alabando a Nicolás Maduro. Esto no tiene nombre», lamentó en una concentración en Caracas, desde la que pidió a los privados de libertad que «cuiden a los niños».
Este sábado, 31 de julio, fueron liberados también bajo medidas cautelares 40 menores de edad más, para sumar 56 excarcelados. Las liberaciones ocurrieron en los estados Mérida (oeste), Táchira (oeste), Lara (oeste), Portuguesa (oeste), Yaracuy (centro), Bolívar (sur) y Amazonas (sur), según informó Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
Con las detenciones registradas en el últmo mes, la ONG indicó que Venezuela registra actualmente el mayor número de «presos políticos» en casi 25 años, con 1.780 detenidos. Hasta el 28 de julio, contabilizaba 199 detenidos por motivos políticos.
Una aberración
El exfiscal venezolano Zair Mundaray tildó de «aberración» que se «instrumentalizara» a los «adoslecentes secuestrados por la dictadura» para maquillar el traslado masivos de presos políticos a «campos de concentración»,
«Nuevamente instrumentalizan a los adolescentes secuestrados por la dictadura, liberan algunos bajo medidas, para intentar bajar el volumen de los arbitrarios traslados del resto de los derenidos a distintos penales (campos de concentración) del país, la gran mayoría lejos de sus familias y amigos», señaló.
A su juicio, esta acción es «tan aberrante como la detención misma» y profundiza los «actos de terrorismo de Estado», que denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Todo el Estado mafioso alineado en la represión», apuntó.