El obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, Rolando José Álvarez, entregó un poderoso mensaje a su congregación, mientras la policía corrupta de Nicaragua lo hostigaba: “Al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza viva y al miedo con la fortaleza y la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado.”
Diez días después, la policía irrumpió en la casa del obispo en medio de la noche y lo detuvo sin ningún motivo. En otras palabras, lo secuestraron. También secuestraron a cinco sacerdotes y dos seminaristas, quienes ahora se encuentran cautivos en la temerosa prisión El Chipote. Los fieles católicos de Nicaragua ciertamente necesitarán “fuerza y coraje” para sobrevivir esta última ola de persecución.
Lamentablemente, esto no es nada nuevo en Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con mano de hierro. El año pasado, Ortega silenció las voces opositoras a través de una campaña de intimidación y detención que incluyó el arresto de sus siete contrincantes durante las elecciones presidenciales ilegítimas del 2021. (Esos candidatos presidenciales hoy en día permanecen injustamente encarcelados en El Chipote junto a presos políticos nicaragüenses). Ortega también cerró cientos de organizaciones de la sociedad civil, grupos de medios independientes y escuelas. Ninguna institución que pudiera representar una amenaza para la tiranía ha quedado intacta.
Eso incluye a la Iglesia Católica. En el 2018, cuando estallaron las protestas populares contra el régimen totalitario de Ortega y en contra de la corrupción en Nicaragua, obispos y sacerdotes mediaron entre los manifestantes y el régimen. Ortega los acusó de socavar su autoridad y comenzó una ola de persecución contra los que llamó los “demonios con sotana”. En los años transcurridos desde entonces, la Agencia Católica de Noticias resalta que han habido “más de 190 ataques contra la Iglesia Católica, sus obispos, sacerdotes, fieles y lugares de culto”, incluido un vergonzoso acto de incendio forzado y sacrilegio en la Catedral de Managua.
El arresto del obispo Álvarez ––y la represión contra monseñores Silvio José Báez Ortega, Juan Abelardo Mata Guevara y Rolando José Álvarez Lagos, así como la del padre Edwin Román Calderón–– demuestra que estos ataques continuarán mientras Ortega y su esposa permanezcan en el poder.
En respuesta al secuestro del obispo Álvarez, el Papa Francisco ha expresado “preocupación y dolor”. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han exigido la “liberación inmediata” del obispo, y el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres dice estar “muy preocupado”.
Estas palabras no son suficientes. Lo que está pasando bajo el régimen de Ortega-Murillo no es sólo motivo de “preocupación”, es una privación de todos los derechos fundamentales. La comunidad internacional puede y debe hacer más para apoyar al obispo Álvarez y a los feligreses católicos de Nicaragua.
Eso comienza con el presidente Joe Biden, cuyo silencio sobre la detención del obispo Álvarez es ensordecedor. Una vez más, hago un llamado a la Administración Biden para que sancione a los funcionarios del régimen y suspenda los beneficios comerciales de Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y América Central (CAFTA-DR), tiene el poder de hacerlo bajo la Ley NICA y la Ley RENACER que redacté con el Senador Bob Menéndez (D-NJ) para situaciones específicas como esta. Debemos implementar estas leyes para hacer que la dictadura rinda cuentas por sus crímenes.
San Óscar Romero escribió: “quien lucha por los derechos humanos, por la libertad, por la dignidad” hace la obra de Dios en el mundo. Esas palabras deberían ser una inspiración para todos los que buscan la justicia en Nicaragua, tanto los católicos como los no católicos por igual. El obispo Álvarez y su pueblo necesitan nuestras oraciones, pero también necesitan nuestro apoyo, y eso significa hacer frente al régimen de Ortega y Murillo.