La ONG venezolana Espacio Público informó este lunes que en 2020 fueron contabilizados 390 casos y 965 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, siendo el tercer año con mayor cantidad de casos registrados en 19 años de monitoreo, según destacó en su Informe «2020: Situación del Derecho a la libertad de Expresión e Información».
La mayoría de los casos registrados (60%) ocurrieron en el primer semestre del año, destacando que, en enero de 2020, la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) derivó en impedimentos a la cobertura periodística de ese día, cuando miembros de al menos 38 medios nacionales e internacionales no pudieron acceder al Palacio Federal Legislativo.
Enero cerró con 30 casos relacionados con restricciones a la libertad de expresión, aunque, a partir de la detección de casos positivos de coronavirus COVID-19, hubo un incremento en el número de casos documentados. Marzo fue el mes con mayor cantidad de casos de violaciones a la libertad de expresión durante 2020, con 62, seguido por abril y mayo, con 42 y 46 casos, respectivamente.
El 2020, con 965 denuncias de violaciones, solo es superado por 2017 y 2019 en cuanto a total de violaciones registradas. De igual forma, los actos de intimidación fueron los más comunes entre las 965 violaciones registradas en 2020 por Espacio Público, con al menos 356 de ese tipo (36,89 % del total).
Ejemplos de ellos fueron negativas a acceder a edificios públicos o espacios como bombas de gasolina, restricciones a la libertad de desplazamiento, amenazas de funcionarios de aplicar sanciones a través de organismos gubernamentales, espionaje o seguimiento de periodistas, entre otros.
El informe de Espacio Público también da cuenta de que, al igual que en años anteriores, en 2020 persistieron las detenciones arbitrarias vinculadas al ejercicio del derecho a informar y estar informados: al menos 110 personas fueron detenidas por buscar o difundir información.
32% de las víctimas de detenciones arbitrarias fueron particulares, 30% fueron periodistas o reporteros, 14% trabajadores públicos, 9% reporteros gráficos, 5% conductores, otro 5% trabajadores de la salud, 3% camarógrafos y 2% miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
La censura y las restricciones administrativas también estuvieron presentes a lo largo de 2020, representando 19% y 13,5% del total de violaciones registradas. La ONG destacó el cierre de espacios informativos o medios de comunicación y la confiscación o eliminación de material periodístico por parte de las autoridades.
Cierre de medios
Durante el año fueron cerradas 18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales en procedimientos encabezados, principalmente, por la la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) junto con cuerpos de seguridad del Estado.
De hecho, el grueso de victimarios de violaciones a la libertad de expresión en 2020 fueron los cuerpos de seguridad (43% del total) e instituciones del Estado (20%). 16% de las violaciones fueron perpetradas por funcionarios públicos, 5% por grupos violentos, 3% por operadoras privadas (como bloqueos de páginas web), 2% a través de atacantes informáticos, 2% por simpatizantes del Gobierno, 1% por medios de comunicación y 1% particulares. Se desconoce los victimarios de 7% de las violaciones.
Pandemia
Con la llegada de la pandemia de COVID-19 al país, la información sobre la enfermedad se centralizó y hubo señalamientos hacia quienes cuestionaron o contradijeron la versión oficial, con amenazas por parte de funcionarios del Estado hacia periodistas, personal de salud y académicos.
Desde el 16 de marzo en adelante, Espacio Público contabilizó al menos 105 casos y 250 de las 965 violaciones vinculadas directamente a la pandemia, desde detenciones arbitrarias por publicaciones en redes sociales referentes a posibles casos de coronavirus, hasta bloqueos de páginas web que informaban sobre el curso de la enfermedad.
41% de las violaciones vinculadas a la COVID-19 fueron intimidaciones, 22% casos de censura, 12% fueron amenazas, 11% hostigamientos judiciales, 7% restricciones administrativas, 4% de hostigamientos verbales y 3% de agresiones. Periodistas (39%) y particulares (16%) fueron las principales víctimas de violaciones.
En total, Espacio Público registró al menos 539 víctimas directas de violaciones del derecho a la libertad de expresión: 51% de ellas son periodistas o reporteros, 11% son medios de comunicación, 8% particulares, 7% páginas o plataformas web, 5% corresponde a la ciudadanía en general y otro 5% a reporteros gráficos, 3% son camarógrafos o técnicos, 2% trabajadores de la salud, 2% miembros de ONG y 1% conductores.
También se documentó que 120 casos fueron registrados en internet, que equivale a 30% del total de registros y más que en cualquier región del país, lo que sugiere que las autoridades reforzaron los sistemas de vigilancia en redes sociales en busca de informaciones u opiniones que cuestionan la gestión gubernamental.
Asimismo, al menos en 31 ocasiones, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) estuvo involucrada en restricciones a contenidos web e impidió, en 10 ocasiones, que la ciudadanía tuviera acceso a información mediante internet por las fallas de conectividad.
Fuente: Diario las Américas
El 2020, con 965 denuncias de violaciones, solo es superado por 2017 y 2019 en cuanto a total de violaciones registradas. De igual forma, los actos de intimidación fueron los más comunes entre las 965 violaciones registradas en 2020 por Espacio Público, con al menos 356 de ese tipo (36,89 % del total).
Ejemplos de ellos fueron negativas a acceder a edificios públicos o espacios como bombas de gasolina, restricciones a la libertad de desplazamiento, amenazas de funcionarios de aplicar sanciones a través de organismos gubernamentales, espionaje o seguimiento de periodistas, entre otros.
El informe de Espacio Público también da cuenta de que, al igual que en años anteriores, en 2020 persistieron las detenciones arbitrarias vinculadas al ejercicio del derecho a informar y estar informados: al menos 110 personas fueron detenidas por buscar o difundir información.
32% de las víctimas de detenciones arbitrarias fueron particulares, 30% fueron periodistas o reporteros, 14% trabajadores públicos, 9% reporteros gráficos, 5% conductores, otro 5% trabajadores de la salud, 3% camarógrafos y 2% miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
La censura y las restricciones administrativas también estuvieron presentes a lo largo de 2020, representando 19% y 13,5% del total de violaciones registradas. La ONG destacó el cierre de espacios informativos o medios de comunicación y la confiscación o eliminación de material periodístico por parte de las autoridades.
Cierre de medios
Durante el año fueron cerradas 18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales en procedimientos encabezados, principalmente, por la la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) junto con cuerpos de seguridad del Estado.
De hecho, el grueso de victimarios de violaciones a la libertad de expresión en 2020 fueron los cuerpos de seguridad (43% del total) e instituciones del Estado (20%). 16% de las violaciones fueron perpetradas por funcionarios públicos, 5% por grupos violentos, 3% por operadoras privadas (como bloqueos de páginas web), 2% a través de atacantes informáticos, 2% por simpatizantes del Gobierno, 1% por medios de comunicación y 1% particulares. Se desconoce los victimarios de 7% de las violaciones.
Pandemia
Con la llegada de la pandemia de COVID-19 al país, la información sobre la enfermedad se centralizó y hubo señalamientos hacia quienes cuestionaron o contradijeron la versión oficial, con amenazas por parte de funcionarios del Estado hacia periodistas, personal de salud y académicos.
Desde el 16 de marzo en adelante, Espacio Público contabilizó al menos 105 casos y 250 de las 965 violaciones vinculadas directamente a la pandemia, desde detenciones arbitrarias por publicaciones en redes sociales referentes a posibles casos de coronavirus, hasta bloqueos de páginas web que informaban sobre el curso de la enfermedad.
41% de las violaciones vinculadas a la COVID-19 fueron intimidaciones, 22% casos de censura, 12% fueron amenazas, 11% hostigamientos judiciales, 7% restricciones administrativas, 4% de hostigamientos verbales y 3% de agresiones. Periodistas (39%) y particulares (16%) fueron las principales víctimas de violaciones.
En total, Espacio Público registró al menos 539 víctimas directas de violaciones del derecho a la libertad de expresión: 51% de ellas son periodistas o reporteros, 11% son medios de comunicación, 8% particulares, 7% páginas o plataformas web, 5% corresponde a la ciudadanía en general y otro 5% a reporteros gráficos, 3% son camarógrafos o técnicos, 2% trabajadores de la salud, 2% miembros de ONG y 1% conductores.
También se documentó que 120 casos fueron registrados en internet, que equivale a 30% del total de registros y más que en cualquier región del país, lo que sugiere que las autoridades reforzaron los sistemas de vigilancia en redes sociales en busca de informaciones u opiniones que cuestionan la gestión gubernamental.
Asimismo, al menos en 31 ocasiones, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) estuvo involucrada en restricciones a contenidos web e impidió, en 10 ocasiones, que la ciudadanía tuviera acceso a información mediante internet por las fallas de conectividad.
Fuente: Diario las Américas