MIAMI- Los republicanos dieron un paso más para abrir un juicio político al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a quien consideran responsable de la gran crisis migratoria «intencionada» en la frontera con México.
Entre 10.000 y 12.000 migrantes llegan diariamente a la frontera sur del país, en un caos de seguridad nacional sin precedentes en la historia de EEUU; y a un costo directo e indirecto para los contribuyentes de unos 200.000 millones de dólares cada año desde que Biden llegó a la Casa Blanca.
Durante casi un año un comité de la Cámara de Representantes, donde los conservadores tienen mayoría, llevó a cabo una investigación que arrojó suficientes pruebas para someterlo a un juicio político (impeachment en inglés).
El artífice de la devastación y el caos
El congresista republicano Mark Green calificó a Mayorkas de «artífice de la devastación y del caos» de forma intencional, porque desde que asumió el cargo en 2021 las autoridades han interceptado más de 8 millones de migrantes que cruzaron ilegalmente las fronteras de Estados Unidos, incluidos más de 6,7 millones en la que comparte con México.
«El Secretario Mayorkas, presionado por Biden, ha abusado de su autoridad y ha puesto en riesgo a los estadounidenses», insistió Green, que se quejó además de los costos en dólares «astronómicos» de una crisis creada intencionalmente por la administración Biden.
Grupos de extrema izquierda y los nuevos demócratas en el Congreso en Washington se niegan a controlar de manera efectiva la frontera como una forma de presión constante sobre los republicanos para aprobar una reforma
Tres fiscales generales -de Oklahoma (sur), Montana (norte) y Missouri (centroeste)- intervinieron como testigos durante esta sesión en el comité de seguridad nacional de la Cámara Baja.
Todos respondieron afirmativamente cuando Green les preguntó si creían que Mayorkas «ha fracasado en hacer cumplir o ha subvertido las leyes aprobadas por el Congreso».
Fue la primera de una serie de audiencias sobre si existen fundamentos constitucionales para abrir un juicio político.
Primero se necesita una votación del pleno de la Cámara de Representantes, que parece tener muchas posibilidades de éxito y podría celebrarse a finales de enero, pero luego pasaría al Senado, donde los demócratas tienen mayoría y la frenarían.
La incapacidad de la Casa Blanca
Ante los oídos sordos de la administración Biden, esta es una medida de último recurso utilizada «para delitos graves y peligrosos», para alguien que «corrompe o subvierte los procesos gubernamentales o el orden constitucional mismo», como es el caso de Mayorkas.
En estos momentos y sin muchas probabilidades de concretarse, se encuentra estancada en ambas Cámaras otra petición de Biden por 106.000 millones de dólares, de los que más de 60.000 estaban destinados a Ucrania.
Los republicanos condicionaron la aprobación de ese nuevo paquete de fondos a medidas certeras y urgentes de la Casa Blanca contra el caos creado en la frontera sur durante todo el mandato demócrata.
El gobierno de Biden, de manera extremadamente hipócrita, reprocha además a los republicanos que hayan paralizado su solicitud de 14.000 millones de dólares adicionales para financiar la «seguridad fronteriza», cuando la desestabilización caótica en la frontera entre México y Estados Unidos fue fomentada desde su primer día en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
Los republicanos exigen una política migratoria responsable y controlada y frenar el enorme desorden que existe desde hace tres años a la vista inerte de Washington, sin duda alguna de que ha sido intencional.
Frente a la lluvia de críticas, Mayorkas reconoce que el elevado número de migrantes es «un reto» pero «no es exclusivo de Estados Unidos».
«Acusan al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) de no hacer cumplir las leyes de nuestro país, pero eso -sergún él- está lejos de la realidad», afirmó. Sin embargo, durante tres años de gobierno y él al frente de Inmigración el caos lejos de cesar, se agudiza.
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