WASHINGTON– Los republicanos frenaron el jueves la aprobación de un proyecto de ley en el Senado estadounidense que [supuestamente] traería más transparencia a las astronómicas sumas de dinero en campañas electorales.
Sin embargo, el proyecto de ley abría las puertas al cuestionable e inconstitucional plan demócrata de la [no obligatoriedad] de una identificación vigente y legal a la hora de ejercer el derecho al voto, entre otros acápites bastante lejos de una verdadera transparencia.
Es la segunda vez en los últimos meses que los demócratas, supeditados cada vez más a un creciente grupo de la extrema izquierda, intentan pasar varias cláusulas que presuntamente legitimizan o dan mayor garantía al voto democrático, pero en realidad lo que se pretende es reformar el sistema electoral para crear enormes brechas partidistas beneficiosas a las estratagemas de la izquierda.
Para pasar sus planes, los demócratas utilizaron la estrategia de encubrir sus objetivos claves con la supuesta transparencia del dinero de recaudación en las campañas electorales.
Si bien es cierto que en Estados Unidos los grupos de presión y las asociaciones pueden recaudar grandes sumas de dinero sin tener que revelar su origen, para luego gastarlas a favor de un candidato, un partido o una idea, también un grupo de estados implementó en el 2021 diversas regulaciones para impedir el fraude y erradicar las irregularidades detectadas en los comicios presidenciales de 2020.
Este verano boreal, la prensa reveló el ejemplo de una gigantesca donación de 1.600 millones de dólares realizada a la Marble Freedom Trust, una asociación conservadora que se moviliza entre otras cosas contra el derecho al aborto.
«Hay demasiado dinero circulando en las sombras para influir en nuestras elecciones. Se llama ‘dinero oculto'» y su existencia «erosiona la confianza» de los ciudadanos, había denunciado Biden a principios de semana en la Casa Blanca.
Casos como este sobran en la financiación de campañas demócratas, pero lo prensa liberal en EEUU solo citas los de la oposición republicana, en su constante manipulación de las informaciones.
Sin embargo, tanto Barack Obama como el presidente Joe Biden y los políticos demócratas se han más que beneficiado siempre con estos fondos. En las pasadas elecciones del 2020 miles de organizaciones recaudaron cientos de millones de dólares para la campaña de Biden y los demócratas, incluso la recaudación casi duplicó las cifras logradas por Trump.
El proyecto de ley Revelar (Disclose Act) prevé obligar a cualquier grupo de presión o asociación a identificar a sus donantes cuando la suma entregada supere los 10.000 dólares durante un ciclo electoral.
Todos los senadores republicanos se opusieron al proyecto y argumentaron que el gobierno federal debe mantenerse al margen de la regulación del financiamiento de campañas, además por las graves consecuencias de este plan para la democracia y el sistema constitucional de Estados Unidos.
La ley Revelar obtuvo solo 49 de los 60 votos necesarios para llevarla al pleno del Senado, después de un bloqueo republicano.
Según la Casa Blanca, el gasto político de «dinero oculto» pasó de menos de 5 millones de dólares en 2006 a más de 1.000 millones en 2020, la mayor parte fue recaudado y destinado a las campañas de los demócratas y de Biden.
Los demócratas sabían perfectamente que este proyecto de ley no iba a ninguna parte, pero fue utilizado como propaganda negativa contra los republicanos, semanas antes de las legislativas de noviembre.
Lo mismo ocurre con la cacería al expresidente Donald Trump, sus asesores y seguidores. Biden a tildado a los republicanos que apoyan al exmandatario como un «peligro para la democracia de EEUU» y los ha calificado como «extremistas antiamericanos».
El bando azul ha demostrado poseer una inagotable fuente de iniciativas para intentar revertir el negativo respaldo a la administración Biden por parte de la mayoría de los electores estadounidenses.
Ninguna encuesta favorece desde mediados del año pasado el trabajo del demócrata en la Casa Blanca, que se ha montado sobre la plataforma de los extremistas de izquierda en el Congreso, los mal llamados «progresistas» o socialistas encubiertos.