WASHINGTON — La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dispone a votar sobre una propuesta para exigir prueba de ciudadanía a los que quieran votar, una iniciativa a la que los republicanos han dado prioridad en este año electoral, pero los demócratas se oponen argumentando es innecesaria.
Si la propuesta de Ley se aprueba en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, es poco probable que la legislación avance en el Senado, liderado por los demócratas. El gobierno del presidente Joe Biden también ha manifestado que se opone rotundamente porque afirma que ya existen salvaguardias para verificar la elegibilidad de los votantes y hacer cumplir la ley a los no ciudadanos que intentan votar.
Sin embargo, la votación en la Cámara dará a los republicanos la oportunidad de llamar la atención sobre dos de sus temas centrales en la carrera de 2024: la frontera y la seguridad electoral. Los republicanos sostienen que los demócratas han alentado la oleada de migrantes irregulares para poder conseguir que se registren y voten, lo que sería ilegal. A los no ciudadanos no se les permite votar en las elecciones federales, ni en ninguna elección estatal.
La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registra más de 10 millones de inmigrantes indocumentados desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca.
El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, uno de los principales defensores del proyecto de ley, dijo en una rueda de prensa a principios de esta semana que los demócratas se oponen porque “quieren que los ilegales participen en nuestras elecciones federales, quieren que voten.”
Momento decisivo
Durante un discurso pronunciado el miércoles como anticipo del esperado debate en la Cámara de Representantes, Johnson calificó la votación de “momento decisivo para una generación”.
“Si sólo un pequeño porcentaje, una fracción de una fracción de todos esos ilegales que Joe Biden ha traído aquí para que voten, si votan, no sólo cambiaría una contienda electoral”, dijo, “podría cambiar potencialmente todas nuestras contiendas”.
En su plataforma Truth Social esta semana, Trump sugirió que los demócratas están presionando para dar a los migrantes no ciudadanos el derecho al voto e instó a los republicanos a aprobar la legislación –la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE– o “irse a casa y llorar hasta dormirse.”
Los demócratas y los defensores del derecho al voto han dicho que la legislación es innecesaria porque ya es un delito grave que los no ciudadanos se registren para votar en las elecciones federales, castigado con multas, prisión o deportación. Toda persona que se inscriba debe declarar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense. Los no ciudadanos tampoco pueden votar a nivel estatal. Un puñado de municipios les permiten votar en algunas elecciones locales.
Los demócratas han señalado encuestas que muestran que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a pruebas documentales actualizadas de su ciudadanía, como un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o un pasaporte, y por lo tanto el proyecto de ley podría inhibir a los votantes ciudadanos estadounidenses que no pueden seguir demostrando su estatus.
Si se aprobara el proyecto de ley, “no salvaguardaría la elegibilidad de los votantes estadounidenses, sino que privaría inmediatamente del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses”, de acuerdo con el argumento de Sean Morales-Doyle, director de derecho al voto del Centro Brennan para la Justicia.
Sin embargo, los republicanos que apoyan el proyecto de ley afirman que la reciente oleada sin precedentes de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México crea un riesgo demasiado grande de que los no ciudadanos se cuelen por las rendijas. Podrían infringir la ley a propósito o sin darse cuenta para emitir votos que influirían en las elecciones por márgenes estrechos.
Si se aprueba, el proyecto de ley obligaría a eliminar a los no ciudadanos de los censos electorales estatales y exigiría a los nuevos solicitantes que presenten pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense. También obligaría a los estados a establecer un proceso para que los solicitantes que no puedan demostrarlo aporten otras pruebas además de su declaración de ciudadanía, aunque no está claro qué pruebas podrían incluir.
La votación en la Cámara de Representantes tiene lugar días después de que el Comité Nacional Republicano diera a conocer su plataforma de partido, que hace hincapié en cuestiones de seguridad fronteriza y se posiciona en contra de que los demócratas concedan “derecho de voto” a los migrantes que viven ilegalmente en el país.
Se espera que los republicanos saquen a relucir sus preocupaciones sobre inmigración e integridad electoral en la Convención Nacional Republicana de la próxima semana en Milwaukee, donde Trump tiene previsto aceptar su tercera nominación consecutiva a la presidencia.