Una serie de reportajes de Folha de S.Paulo expuso un escándalo de proporciones inéditas que involucra al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF). Las revelaciones fueron hechas por el periodista Glenn Greenwald, conocido por su trayectoria de izquierda y por haber liderado la cobertura de la «Vaza Jato», que fue clave para exponer las irregularidades en el proceso que llevó a la prisión de Lula da Silva. En esta investigación, Greenwald trabajó en colaboración con el periodista de «Folha» Fabio Serapião, lo que añade un peso significativo a las denuncias, dado el historial de ambos en revelar escándalos políticos.
La investigación sacó a la luz una compleja red de maniobras jurídicas y políticas que utilizó el Tribunal Superior Electoral (TSE) para perseguir a aliados del expresidente Jair Bolsonaro y a críticos del Supremo. Las denuncias detallan cómo Moraes, con la ayuda de sus asesores, condujo investigaciones informales y produjo informes manipulados que sirvieron como base para decisiones judiciales polémicas. Las revelaciones lanzan una sombra sobre la integridad de las instituciones brasileñas y ponen en duda la imparcialidad del poder judicial.
Las conversaciones secretas: Vieira y Tagliaferro, los artífices de la persecución
En el centro de las denuncias están Airton Vieira, juez instructor del gabinete de Moraes en el STF, y Eduardo Tagliaferro, excoordinador de la Asesoría Especial de Enfrentamiento a la Desinformación (AEED) del TSE. Vieira, un aliado de larga data de Moraes, con quien mantiene una amistad de más de 30 años, desempeñó un papel crucial en la articulación de las investigaciones paralelas. Tagliaferro, por su parte, dirigía la AEED, un órgano creado para combatir la desinformación, pero que fue instrumentalizado con fines políticos.
Las conversaciones entre Vieira y Tagliaferro, obtenidas por Folha, revelan cómo el gabinete de Moraes en el STF utilizó informalmente el TSE para producir informes que, en la práctica, ya tenían objetivos definidos: respaldar decisiones que apuntaban a opositores políticos. En uno de los intercambios de mensajes, Vieira expresa su preocupación por la apariencia de impropiedad de las acciones. «Formalmente, si alguien lo cuestiona, va a parecer algo muy descarado», dijo Vieira, refiriéndose a la necesidad de disfrazar el origen de los informes, que deberían parecer espontáneos del TSE, pero que en realidad eran producto de solicitudes directas del gabinete del ministro.
Esta manipulación no se limitó a un mero intercambio de correspondencias. Tagliaferro fue orientado a «usar la creatividad» en la elaboración de los informes, especialmente contra críticos de Moraes, como la revista Oeste – que es crítica a la unión entre el PT y los tribunales superiores en Brasil. En diciembre de 2022, Vieira pidió a Tagliaferro que encontrara o fabricara justificaciones para censurar la publicación. «Toma una u otra declaración, opinión más ácida y… El Ministro entendió que está extrapolando con base en lo que enviaste…», instruyó Vieira, en un claro intento de dirigir el contenido de los informes para justificar medidas punitivas.
La persecución a los periodistas Rodrigo Constantino y Paulo Figueiredo
Entre los objetivos de estas operaciones también estaban periodistas conocidos por sus críticas al STF y al sistema electoral. Rodrigo Constantino y Paulo Figueiredo fueron particularmente atacados. En una serie de intercambios de mensajes, Vieira orientó a Tagliaferro a monitorear las publicaciones de Constantino y Figueiredo en las redes sociales, buscando elementos que pudieran ser utilizados para justificar medidas como el bloqueo de sus cuentas bancarias y la suspensión de sus pasaportes.
En el caso de Constantino, los mensajes revelan que el propio Moraes estaba personalmente involucrado, ordenando que el informe incluyera ciertas publicaciones que él consideraba problemáticas. «Pídele a Eduardo que analice los mensajes de este [Constantino] para ver si podemos bloquear y prever una multa», habría dicho Moraes, según los pantallazos obtenidos por «Folha». Las decisiones resultantes de estas investigaciones llevaron a medidas draconianas contra los periodistas, incluyendo la cancelación de pasaportes y el bloqueo de redes sociales, todo esto sin que ellos hubieran sido formalmente citados o notificados de alguna investigación.
Las operaciones contra Eduardo Bolsonaro y otros aliados
Los mensajes también revelan una persecución dirigida contra figuras destacadas de la derecha, como el diputado federal Eduardo Bolsonaro. En noviembre de 2022, Vieira orientó a Tagliaferro a asociar a Eduardo Bolsonaro con el argentino Fernando Cerimedo, acusado de difundir desinformación sobre fraudes en las elecciones. «Quiere atrapar a Eduardo Bolsonaro. La conexión del argentino con Eduardo Bolsonaro», escribió Marco Antônio Vargas, juez auxiliar de Moraes en el TSE, en un mensaje a Tagliaferro. La correspondencia demuestra cómo las investigaciones se dirigían para alcanzar objetivos políticos específicos, con el claro objetivo de desmoralizarlos y sacarlos de escena.
Estas acciones no se limitaron a Eduardo Bolsonaro. Otros parlamentarios, como Carla Zambelli y Bia Kicis, también fueron objeto de monitoreo. Los informes resultantes de estas operaciones se utilizaron para respaldar decisiones que incluían desde la suspensión de pasaportes hasta el bloqueo de cuentas en redes sociales. Los reportajes sugieren que las medidas judiciales ya estaban prácticamente decididas antes incluso de la recolección de pruebas, lo que configura una inversión de la lógica judicial tradicional, donde las decisiones deben basarse en pruebas previamente recolectadas.
Reacciones y consecuencias políticas: el clamor por impeachment
Las revelaciones causaron un verdadero furor político. El exfiscal de Lava Jato, Deltan Dallagnol, fue uno de los primeros en pronunciarse. En una publicación incisiva, Dallagnol calificó las acciones de Moraes como «mil veces peores» que las denuncias de Lava Jato. «Los mensajes filtrados de Alexandre de Moraes confirman las sospechas de que actúa como investigador, fiscal y juez, utilizando la Asesoría Especial de Enfrentamiento a la Desinformación del TSE como ‘prestanombres’ para encargar informes», afirmó Dallagnol, destacando la gravedad de las acusaciones y defendiendo que hay justificación suficiente para el impeachment del ministro.
El diputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) fue aún más directo en sus críticas. Durante el programa Oeste Sem Filtro, Van Hattem llamó a Moraes «criminal» y acusó a los otros ministros del STF de ser cómplices por no posicionarse contra las acciones de su colega. «Los demás ministros del Supremo, al no pronunciarse, están siendo cómplices de estos crímenes», dijo Van Hattem, quien también anunció que la oposición en la Cámara de Diputados está movilizada para pedir la instauración de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar los abusos de autoridad cometidos por Moraes.
En el Senado, Eduardo Girão (Novo-CE) lidera el movimiento por una solicitud colectiva de impeachment contra Moraes, que deberá ser presentada en septiembre. Girão afirmó que las acciones de Moraes, reveladas por Folha, evidencian una serie de «arbitrariedades» que comprometen la democracia brasileña. Resaltó que estas revelaciones serán integradas a la solicitud de impeachment, y espera que el apoyo popular ayude a presionar al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, para que avance con el proceso.
Expertos: un escándalo de proporciones inéditas
Expertos en derecho constitucional y en defensa de la libertad de expresión se pronunciaron sobre la gravedad de las denuncias. Alessandro Chiarottino, doctor en Derecho Constitucional por la USP, afirmó que el episodio revela una violación clara de los deberes de imparcialidad y ética que deberían guiar la actuación de un ministro del STF. «Si es verdad lo que dicen, no solo violó el deber de imparcialidad del juez, sino que también cometió un delito según la Ley de Abuso de Autoridad (13.869/2019). Sí hay justificación para el impeachment«, declaró Chiarottino a Gazeta do Povo.
Otro experto, el abogado André Marsiglia, señaló que la solicitud de impeachment no necesita esperar la conclusión de investigaciones adicionales, ya que el Senado tiene el poder de actuar con base en el «libre convencimiento» de sus miembros. «Habría, en teoría, quiebra de decoro y decisión tomada en un caso en que el ministro es sospechoso, demostrando interés en el resultado, al dirigir la investigación», comentó Marsiglia, reforzando la seriedad de las acusaciones.
El futuro de la democracia en juego
Las revelaciones sobre las maniobras de Alexandre de Moraes ponen en duda la imparcialidad del STF y exponen un uso preocupante del poder judicial con fines políticos. Las denuncias no solo cuestionan la integridad de las decisiones judiciales en el ámbito del STF, sino que también levantan serias dudas sobre la actuación del TSE durante el proceso electoral de 2022. Si se confirman, estas prácticas podrían desencadenar una crisis institucional sin precedentes, comprometiendo no solo la carrera de Moraes, sino también la confianza en las instituciones brasileñas, que se muestran más partidistas que órganos del Estado.
Con la creciente presión por un impeachment, el Senado y la sociedad brasileña enfrentan un momento decisivo, donde la defensa de la democracia y del Estado de Derecho está en juego.