WASHINGTON.- El senador republicano Rick Scott cuestionó este jueves la medida de relajamiento de las sanciones contra el régimen chavista, en Venezuela, que fue tomada por la Administración del presidente Joe Biden y afirmó que EEUU debe ser firme en caso de que Nicolás Maduro no cumpla con los acuerdos firmados con la oposición en Barbados.
«Es muy claro, lo único que tenemos que negociar con Maduro es cuándo y cómo se va a ir», expresó Scott al medio colombiano NTN24. Scott criticó la medida de Biden. «Otra vez (Joe) Biden hizo lo que Maduro quiere… levantar las sanciones y que el dinero fluya», reprochó.
El pasado mes de octubre, EEUU decidió levantar parcialmente las sanciones que pesaban sobre Venezuela en las áreas de petróleo, gas y oro, luego que el régimen firmara un acuerdo con la oposición, representada en la mesa de diálogo por la Plataforma Unitaria Democrática, en el que se comprometió a garantizar las condiciones para que las próximas elecciones presidenciales en Venezuela sean libres y verdaderamente democráticas.
El levantamiento de las sanciones en el caso del petróleo y el gas fue temporal, por un periodo de seis meses, que pueden ser extendidos si el régimen de Maduro da señales de apertura democrática. Entre las exigencias de EEUU están las de la liberación de los presos políticos y de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran encarcelados en el país sudamericano.
El resto de las sanciones impuestas por EEUU a Venezuela siguen vigentes y el gobierno de Biden puede revertir las autorizaciones otorgadas en caso de que Maduro no cumpla con sus compromisos, según dijo la Administración demócrata.
Un día después de este anuncio, el régimen chavista liberó a cinco presos políticos, entre ellos el político opositor Juan Requesens y el periodista Roland Carreño, quien llevaba tres años preso e integraba el equipo del que fuera presidente interino Juan Guaidó, que fue apoyado por EEUU.
Primarias opositoras
La oposición venezolana celebró sus elecciones primarias el 22 de octubre con el objetivo de escoger al candidato «unitario» que se enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024. Tal y como lo pronosticaban las encuestas, la dirigente del partido Vente Venezuela y exdiputada María Corina Machado ganó la consulta acumulando el 92.35 % de los sufragios.
La jornada se caractarizó, además, por una masiva participación, 2.5 millones de venezolanos se movilizaron a votar, en unos comicios que se hicieron cuesta arriba para los opositores, que tuvieron que llevarlos a cabo de manera autogestionada.
Un día después de las primarias, el régimen chavista comenzó a descalificar el proceso al tildarlo de «fraude» y acusó a los organizadores de haber «inflado las cifras» de participación. Luego, el fiscal general del régimen Tarek Williams Saab anunció que el Ministerio Público abría una investigación en contra de la Comisión Nacional de Primarias (CNdP) por supuestas denuncias sobre irregularidades en el proceso y citó a declarar a su presidente, el abogado Jesús María Casal, y vicepresidenta, Mildred Camero.
Cuatro días después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen, emitió un fallo con el que suspendió todo el proceso de primarias, incluyendo su resultado. Machado ya había sido proclamada oficialmente como la candidata unitaria de la oposición en un acto realizado por la CNdP. Las condenas no se hicieron esperar.
Tanto dentro de Venezuela como en el extranjero, decenas de voces han rechazado la sentencia emitida por el tribunal afecto al régimen y han señalado a Maduro de irrespetar al acuerdo firmado en Barbados.
Apoyo a María Corina Machado
Para Scott, si Maduro no cumple con el acuerdo, la administración Biden debe endurecer las sanciones a Venezuela.
«Biden debe revertir su decisión de levantar sanciones al régimen de Maduro ahora, y apoyar al pueblo de Venezuela», dijo.
Scott sostuvo que el gobierno de EEUU apoya la elección de Machado. «Más de dos millones de venezolanos han votado por un cambio (…) es muy importante el apoyo de los Estados Unidos a María Corina Machado».
Pero Machado se enfrenta a otro reto: tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, que le fue dictada en junio pasado por la Contraloría General de Venezuela, un acto del chavismo considerado ilegal por la oposición.
Esta semana, el gobierno de Biden estableció una fecha límite para el levantamiento de las inhabilitaciones políticas en Venezuela. Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina y el Caribe, indicó que Washington esperará hasta el 30 de noviembre para que el régimen de Maduro suspenda las inhabilitaciones a los políticos opositores, bajo el entendido de que cercenan sus derechos políticos.
«Lo que el Secretario de Estado (Antony Blinken) afirmó es muy claro. Tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos”, dijo González este martes.
Según el asesor, la medida debe incluir a Machado.
Vente Venezuela, partido que la apoya, argumenta que la inhabilitación, que según el régimen es una sanción administrativa por unas supuestas irregularidades en su declaración de patrimonio cuando fue diputada, carece de validez por no existir una sentencia judicial que la avale.